Ex – Ante | Columna Trinidad Valdés: Certezas para destrabar permisos

La implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) ha situado en el centro del debate las técnicas habilitantes alternativas (THA), concebidas como la regla general para iniciar actividades y sobre las que existen altas -y quizá excesivas- expectativas. En contraste, ha recibido menor atención la posibilidad de incorporar a terceros, ya sea en funciones de apoyo o de certificaciones, como una vía complementaria para agilizar el sistema y dotarlo de mayores niveles de certeza.

En esta línea, en el primer ejercicio de diagnóstico para modernizar las autorizaciones -que se encuentra en curso-, se escogieron siete organismos sectoriales para que formularan propuestas de mejora de algunos de sus permisos, incluyendo la evaluación de su eventual eliminación o reemplazo por una THA. Sin embargo, se ha tendido a pasar por alto la limitación de su alcance ya que, por definición, estas herramientas solo operan en contextos de bajo riesgo y no eliminan la incertidumbre para quienes las utilizan, al carecer de una revisión previa que otorgue certeza jurídica.

En paralelo, la ley contempla la facultad de los órganos para encomendar funciones de apoyo a profesionales o entidades especializadas, así como para certificar el cumplimiento de la normativa. Ambas posibilidades permiten descongestionar la carga de los organismos públicos y favorecer que la focalicen en sus propias funciones. A diferencia del aviso o la declaración jurada, este mecanismo incorpora una verificación ex ante, realizada por actores especializados, reduciendo riesgos, acelerando los procesos y entregando mayores garantías tanto a la autoridad como a los particulares.

La experiencia no es nueva. Este tipo de esquema ha sido exitoso en sectores como la inspección de las Plantas de Revisión Técnica, que funcionan mediante una concesión del Ministerio de Transportes; los instaladores, inspectores y entidades autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible; y las entidades técnicas de fiscalización ambiental que puede contratar la Superintendencia del Medio Ambiente; entre otros casos.

Se observa que este modelo puede funcionar, siempre que exista regulación adecuada y una fiscalización posterior efectiva. Entre otros elementos, se requieren registros, certificadores acreditados, estándares objetivos, mecanismos de trazabilidad, transparencia y un régimen de sanciones eficaz.

Para destrabar el sistema de permisos sin desproteger los bienes públicos, el camino no pasa solo por expandir las THA o eliminar las autorizaciones, sino también por avanzar hacia un esquema mixto, en el cual el órgano sectorial mantenga la potestad de resolver. En este contexto, el apoyo del Estado en terceros aparece como una vía con mucha potencia por desarrollar.

Columna publicada el 06 de mayo en Ex-Ante