IPP UNAB plantea cambios al Sistema de Alta Dirección Pública
El documento elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello plantea fortalecer la estabilidad de los directivos con funciones técnicas y ejecutivas, vinculando su continuidad al cumplimiento de metas, y establecer un nuevo mecanismo de nombramiento para cargos de carácter político, sujeto a requisitos de mérito e idoneidad.
Creado en 2003 y puesto en marcha en 2004, el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) ha contribuido a instalar el mérito, la transparencia y la profesionalización como criterios para seleccionar a quienes dirigen los servicios públicos. Sin embargo, tras más de dos décadas de funcionamiento, enfrenta el desafío de adecuar sus mecanismos a la diversidad de responsabilidades que existen en el Estado y fortalecer su contribución a la gestión pública.
Así lo plantea el informe “Hacia una nueva etapa del Sistema de Alta Dirección Pública”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que revisa el origen del sistema, su evolución, sus principales aportes y las dificultades que existen en materia de rotación directiva, continuidad de la gestión y períodos prolongados de vacancia.
El SADP busca combinar la selección basada en el mérito y la confianza política de las autoridades, con el objetivo de profesionalizar la dirección de los servicios públicos de la Administración del Estado. Con el paso de los años, su alcance ha crecido significativamente: mientras que en sus inicios comprendía 688 cargos, en 2025 participó en la provisión de 5.406, incluyendo cargos adscritos, no adscritos y del ámbito educacional.
Pese a sus avances, el informe de la Universidad Andrés Bello señala que la aplicación de un mismo régimen a cargos con funciones diferentes constituye una de sus principales debilidades. Mientras que algunas jefaturas tienen responsabilidades principalmente técnicas y ejecutivas, otras participan más directamente en la definición o implementación de políticas públicas y requieren un compromiso con las prioridades del gobierno de turno.
Propuestas para mejorar el SADP
En línea con lo anterior, el documento del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello plantea una serie de medidas para responder tanto a los problemas que se arrastran desde sus inicios como a aquellos que han surgido durante su implementación y evolución.
Una de las principales propuestas es fortalecer la permanencia de los directivos cuyas funciones son predominantemente técnicas o ejecutivas, de manera que su continuidad dependa principalmente del desempeño y del cumplimiento de objetivos, y no de los cambios de gobierno.
Para ello, el informe de la UNAB propone limitar las causales de remoción basada en la confianza, vinculándolas a situaciones como el mal desempeño o la existencia de responsabilidades administrativas, civiles o penales. En el caso de un eventual término anticipado del nombramiento por incumplimiento de metas, se plantea revisar el convenio de desempeño. A lo anterior se suma la idea de extender de tres a cuatro años la duración de los nombramientos para determinados cargos técnicos y ejecutivos, lo que permitiría consolidar cambios, dar continuidad a la gestión y reducir la presión sobre el sistema.
La propuesta también busca fortalecer los convenios de desempeño como herramientas efectivas de gestión y evaluación. Estos deberían distinguir entre las prioridades programáticas del gobierno, las políticas permanentes o de largo plazo y la gestión propia de cada servicio. Asimismo, se plantea que cada nueva administración pueda revisar, durante sus primeros tres meses, los objetivos programáticos de estos convenios y ajustarlos a sus prioridades, manteniendo mecanismos de evaluación del cumplimiento.
El documento propone, asimismo, establecer un nuevo mecanismo de nombramiento para aquellos cargos de primer nivel jerárquico cuya naturaleza sea predominantemente política, es decir, que además de ejecutar políticas públicas tengan atribuciones para intervenir en su diseño o definición.
Este mecanismo, que seguiría sujeto a requisitos de mérito e idoneidad acordes con las características de cada cargo y a la evaluación de los respectivos convenios de desempeño, permitiría reconocer las diferencias entre las funciones directivas del Estado. Entre los cargos que el informe identifica para esta modalidad, se encuentran las direcciones nacionales del Servicio Nacional de Migraciones, FOSIS, CONADI y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, además de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Arquitectura de esa cartera.
En paralelo, plantea evaluar cambios en la gobernanza de determinados órganos y servicios para reforzar su carácter técnico y resguardar la continuidad de la gestión y de las políticas públicas de largo plazo. Dentro de estos últimos cabrían los directores nacionales del Trabajo y Fonasa, y algunas superintendencias.
Finalmente, el informe propone que la evaluación del SADP vaya más allá de la calidad de sus procesos de selección y examine, cuando sea posible, su contribución efectiva al desempeño de los servicios públicos y a la calidad de las prestaciones que recibe la ciudadanía, para lo cual se propone revisar los indicadores de los convenios de desempeño vinculados a la gestión.

De esta manera, el informe del IPP UNAB sostiene que la profesionalización de la dirección pública debe traducirse en una mejor gestión estatal. Por ello, plantea que la incorporación de nuevos cargos debería justificarse a partir de la naturaleza de sus funciones y de evidencia sobre la pertinencia y efectividad del mecanismo de selección. Es más, el documento sostiene que, si la incorporación de cargos al SADP no se traduce en una mejora efectiva en la gestión, no se justificaría continuar ampliando su aplicación.
Trinidad Valdés, investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas y autora del informe, indica que después de más de dos décadas de existencia “el desafío actual de la Alta Dirección Pública es adecuar sus reglas a los distintos tipos de cargos que ejercen los directivos públicos, diferenciando entre aquellos predominantemente ejecutivos de aquellos que requieren ser de confianza política.
Además, se debe buscar que la profesionalización pública se traduzca en una mejor gestión y en mejores servicios para las personas. Para ello, los cargos técnicos y ejecutivos requieren mayor continuidad y evaluaciones basadas en resultados, mientras que aquellos con un componente político necesitan mecanismos que reconozcan esa realidad, sin renunciar a los requisitos de mérito e idoneidad”.
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