El Mercurio | Advierten colusión en ex Penitenciaría tras fuga

En sintonía con los índices que exhibían los reportes semanales y mensuales del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos —dependiente del Ministerio de Seguridad— construidos a partir de casos policiales de muertes con posible intervención de terceros, el Informe de Homicidios Consumados, que entrega la cifra validada por distintas instituciones involucradas en el seguimiento y control de este delito, reveló una nueva baja en la frecuencia y la tasa de los asesinatos durante el primer semestre de este año, en comparación a los mismos períodos de años anteriores, registrándose incluso niveles solo contabilizados en años prepandemia, exceptuando 2021, marcado principalmente por las medidas de encierro (ver infografía).

El documento, al que accedió “El Mercurio”, será dado a conocer hoy por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, además de autoridades de fiscalía y policías.

Sin embargo, si bien expertos valoran la sostenida baja en los índices que se ha registrado en los primeros seis meses desde 2023 en adelante, desde una tasa de 3,4 por cada 100 mil habitantes ese año a una de 2,3 el semestre recién pasado, distintos consultados por “El Mercurio” advierten respecto de otros elementos que incluye el informe y que dan cuenta de cambios en la forma en que se cometen actualmente los homicidios, los medios que se utilizan y el contexto en que se producen.

Armas, vía pública y contexto delictual

En esa línea, la buena noticia de la baja en los homicidios —que entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026 pasó de 513 a 472 casos— viene acompañada de alertas respecto de cierto tipo de asesinatos que se siguen produciendo en el país y que, según señalan, son los que más impacto producen en la sensación de seguridad.

Por ejemplo, y si bien desde 2010 ha sido ininterrumpidamente el medio más usado, el uso de arma de fuego registró el semestre pasado un alza de tres puntos porcentuales respecto del año anterior; además, la vía pública se profundiza como el principal lugar donde se cometen, pasando de un 56% a un 63% de los casos, y aquellos homicidios ocurridos en un contexto de delito o asociado a grupos organizados pasó a ser el más predominante en el último período medido, con un 41,3%, desplazando los crímenes interpersonales, con un 39%.

Sobre dicha categoría que menciona la posibilidad de bandas criminales, el informe precisa que la categoría agrupa casos con “presencia de grupos delictivos organizados o pandillas; cuando el homicidio es producto de un ataque efectuado por desconocidos sin aparente provocación; o cuando la víctima de homicidio muere a manos de la policía o de otros agentes del orden, mientras detienen o intentan detener a infractores; o de personas naturales que matan en defensa propia o de otros para proteger la vida ante amenazas inminentes”.

“Señal favorable”, pero falta “un período más prolongado”

Respecto de la disminución en la ocurrencia de este tipo de delitos, el exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, Luis Toledo, sostiene que viene a confirmar una tendencia, y que se trata de “una señal favorable que debe reconocerse, aunque todavía es necesario observar su comportamiento durante un período más prolongado para determinar si estamos frente a una reducción estructural y sostenible”.

Coincide con lo anterior el también exfiscal José Villalobos, quien la cataloga como una baja “sostenida en el tiempo”, añadiendo que “significa a lo menos un reflejo de la forma en que se asume que deben trabajarse los delitos de homicidio, con inteligencia investigativa, asignación de recursos económicos, policías especializados y trabajo con información compartida entre las instituciones de persecución penal”.

Baja coincidiría con equipos especializados y coordinación de instituciones

Siguiendo esa idea, el coordinador de estudios en Justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, Ulda Figueroa, apunta que la baja que se inició en 2023 “coincide con las mejoras de las capacidades en la persecución penal impulsadas principalmente por la fiscalía en coordinación con la policía, y que entre otras expresiones, se plasma en el programa de ECOH, los equipos de crimen organizado y homicidios que comenzaron precisamente su implementación ese año”.

Disminuyen víctimas, pero casos son más complejos

Con todo, los consultados expresan su preocupación respecto de las variaciones en los lugares de ocurrencia, los medios y el contexto de este delito.

“Leídos conjuntamente, estos datos muestran que una menor cantidad de homicidios no significa necesariamente una menor complejidad de la violencia. La tasa disminuye, pero adquieren mayor peso relativo los homicidios cometidos con armas de fuego, en contextos criminales y en espacios públicos. Son estas manifestaciones las que generan mayor temor e impacto social y las que pueden estar asociadas a disputas entre grupos, mercados ilícitos o mecanismos de control e intimidación”, dice Luis Toledo.

Mientras que José Villalobos acota que lo más “complejo del informe tiene que ver con el predominio en la forma de ejecución de los homicidios, con arma de fuego, lo que implica el grave problema que existe con la tenencia de las armas de fuego ilegales y además la vinculación a grupos delictuales que se asocian a grupos organizados de crimen, y ahí sigue el problema porque es de difícil tratamiento”.

Por su parte, Ulda Figueroa señala que se trata de un fenómeno que se había advertido desde el mundo académico. “No es contradictorio con el hecho de que de ese universo cada vez menor de homicidios haya una mayor prevalencia de uso de armas de fuego o de contextos de comisión de crimen organizado”, señala, y agrega que “a pesar de que afortunadamente son cada día menos casos, son casos más complejos, más violentos y que se explican por estos contextos de rencillas, en el marco de disputas por mercados ilícitos”.

Despidos de jefaturas y la apertura de un sumario. Esas fueron las medidas principales que se tomaron, además del reforzamiento de las medidas de control en la ex-Penitenciaría, el pasado 25 de febrero, cuando dos internos escaparon por la puerta frontal del recinto penitenciario. Sin embargo, a 196 días del hecho aún no hay responsabilidad administrativa y tampoco penal, a pesar de que el mismo director de Gendarmería ha sostenido que el hecho, eventualmente, tiene indicios de corrupción.

Además, uno de los reos apareció recién la semana pasada cuando fue detenido en el curso de una investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI), y en medio se reveló un plan para un eventual atentado contra el alcalde de San Bernardo; pero el otro interno que huyó continúa libre.

“¿Cuánto tiempo operó ese punto antes de ser detectado?”

Por otro lado, la institución penitenciaria comunicó la noche del lunes que en la misma unidad penal de la fuga, se hizo “un operativo de registro y allanamiento durante esta jornada en dependencias de la Calle 3B del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, sector que hasta el pasado 1 de septiembre albergaba población penal que fue trasladada al Complejo Penitenciario de Talca”.

Y que “el operativo se enmarca en un trabajo de inteligencia penitenciaria desarrollado por la unidad penal, orientado a detectar y neutralizar focos de comisión de delitos al interior del recinto”. Se agregó que “la institución adoptó oportunamente la medida de trasladar a la población penal a otro establecimiento, para desarticular un punto de operación y de distribución de drogas, fortaleciendo con ello las condiciones de control y de seguridad del recinto”.

Frente a ello, el exministro del Interior, Jorge Burgos, plantea el dilema que se produce entre un éxito investigativo y lo preocupante que puede resultar que existe un “punto de operación y de distribución de drogas” en un penal que tras la captura del “Indio Juan” vuelve a estar en el escrutinio público.

Así, la exautoridad de gobierno menciona que “son las dos cosas coetáneas” y desarrolla que la “desarticulación de un ‘punto de control de drogas’ es un logro operativo puntual, pero el hecho mismo de que haya podido consolidarse un circuito de distribución dentro de una cárcel —con capacidad de sostenerse en el tiempo hasta requerir traslado masivo de población penal— es evidencia de una falla de gobernabilidad interna previa”. También, puntualiza que “la comunicación de Gendarmería enfatiza la ‘inteligencia penitenciaria’ como logro, pero omite la pregunta obligada: ¿cuánto tiempo operó ese punto antes de ser detectado, y con qué grado de tolerancia funcionaria?”.

Además, Burgos considera sobre las causas que originan este tipo de hallazgos que “la sobrepoblación dificulta la capacidad de control físico y multiplica los espacios de mayor riesgo; pero la persistencia de actividades ilícitas intramuros —protegidas y sostenidas— exige colusión activa o pasiva de funcionarios, no solo déficit de infraestructura”.

En esos términos, dice que “la fuga de febrero con uniformes de gendarme ya había expuesto una falla de custodia de indumentaria y protocolos internos; que ahora aparezca un punto de ‘narcomenudeo’ consolidado en el mismo recinto sugiere un patrón, no un hecho aislado: control interno cedido de facto a estructuras criminales organizadas dentro del penal”.

La doble dimensión: “Positivo” vs. “preocupante”

Para la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Camila Astraín, el análisis es similar. Y a pesar de que plantea que “ambas dimensiones son relevantes”, y que es “positivo que Gendarmería haya detectado esta situación y desarrollado un operativo para desarticular”, también cree, “al mismo tiempo, resulta preocupante que al interior de un recinto penitenciario pueda haberse desarrollado un punto de operación y distribución de drogas. Si bien se esperaría que la privación de libertad inhibiera la actividad criminal, en la práctica sabemos que esto no siempre ocurre”.

Una tercera opinión similar corresponde a Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (UNAB). El académico también entra en la lógica de la “doble dimensión”, pero a su vez piensa que “el hecho de que una estructura de esas características haya podido instalarse dentro de una cárcel es, ante todo, una señal preocupante sobre el nivel de control efectivo del Estado”.

En dicho marco, sostiene que “no estamos hablando simplemente de internos que poseen droga para consumo, sino de la eventual existencia de una organización y distribución sistemática dentro del recinto”.

Además, plantea que existe evidencia del narcotráfico “intramuros” y cómo este puede transformarse en “un pilar económico del crimen organizado”. Según información desarrollada por la UNAB, explica Urquízar, “entre 2015 y 2024 se registraron 33.012 incautaciones de drogas en cárceles chilenas, aumentando de 463 en 2015 a 6.040 en 2024, por lo que el problema tiene características estructurales y no puede evaluarse únicamente a partir del éxito de una incautación”.

Publicado en El Mercurio el 09 de septiembre 2026.