IPP UNAB: Incentivo a actividades pioneras impulsaría inversión y empleo

Un nuevo informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello propone avanzar hacia un instrumento innovador para atraer “actividades pioneras” a Chile, es decir, iniciativas que introduzcan tecnologías, procesos o bienes que actualmente no se producen en el país y que permitirían diversificar nuestra base productiva. Lo anterior, con el fin de dinamizar la economía, aumentar la inversión y fomentar la creación de empleo formal.

El documento plantea que uno de los principales desafíos de la economía chilena es su alta concentración productiva, lo que la hace particularmente vulnerable a shocks externos. En este contexto, el informe argumenta que la introducción de nuevas actividades permite la acumulación de conocimiento, la formación de capital humano y la creación de encadenamientos productivos, configurando un “expertise” que se difunde en la economía y que presenta características de bien público.

Puesto que las empresas no logran capturar completamente estos beneficios, la inversión en actividades pioneras tiende a ser menor a la socialmente óptima. Por ello, esta falla de mercado -argumenta el informe- justificaría la intervención del Estado mediante instrumentos que reduzcan los costos y riesgos asociados a la entrada en nuevas áreas productivas.

El instrumento y su implementación

Frente a este diagnóstico, el IPP UNAB propone un incentivo tributario de tipo cost-based, focalizado en los costos laborales asociados a proyectos pioneros. El mecanismo, inspirado en la experiencia de Singapur, consiste en un crédito tributario aplicable a un porcentaje de los salarios de trabajadores directamente vinculados a la nueva actividad, el cual solo puede utilizarse si el proyecto genera utilidades, evitando así desembolsos fiscales anticipados.

El documento detalla que, para ser considerada como “pionera”, una actividad debe cumplir con dos condiciones: primero, es necesario que incorpore tecnología, procesos o conocimientos que no se encuentran en Chile, o que representen una mejora significativa a los existentes. Segundo, debe mostrar un potencial de generar aprendizajes y encadenamientos que favorezcan a otras empresas. Para acceder al beneficio, los postulantes deberán presentar una propuesta detallada y un comité técnico independiente será el encargado de evaluar las solicitudes.

El informe plantea que la efectividad del instrumento depende de la definición de sus parámetros operativos. En esa línea, propone un crédito tributario aplicado sobre el costo laboral de trabajadores vinculados a la actividad pionera, con un tope de hasta $3 millones mensuales por empleado. El diseño considera una estructura decreciente del beneficio en el tiempo, cubriendo el 60% de estos costos en el primer tercio del período, 40% en el segundo tercio y 20% en la etapa final -tercer tercio-.

El esquema contempla además un conjunto de restricciones orientadas a resguardar su focalización y sostenibilidad fiscal. Entre ellas, se establece un crédito total máximo de US$10 millones por proyecto pionero y un límite de uso anual equivalente al 33% del impuesto de primera categoría. Asimismo, el beneficio tiene una vigencia de hasta 15 años desde la obtención del certificado de pionero, con un plazo máximo de tres años para postular desde la introducción del producto o servicio.

Para asegurar impacto real en el empleo y en la economía local, se exige un mínimo de 20 trabajadores formales, junto con obligaciones de reporte periódico de información como ventas, contabilidad separada, empleo, uso del crédito y encadenamientos con proveedores.

Impacto en inversión, empleo y sostenibilidad fiscal

En términos económicos, el estudio proyecta que un aumento de la inversión inducido por este tipo de incentivos podría traducirse en un incremento del empleo formal. Bajo supuestos conservadores, un aumento de 2% en la inversión podría generar un crecimiento del empleo entre 0,4% y 1%, dependiendo de la composición sectorial de los proyectos.

Desde el punto de vista fiscal, uno de los principales atributos del instrumento es que su costo se materializa únicamente si los proyectos son exitosos. A diferencia de los esquemas tradicionales de fomento, el Estado no compromete recursos ex ante, sino que renuncia a recaudación futura solo en caso de que la actividad genere utilidades, trasladando el riesgo al sector privado.

En esa línea, el informe estima que una parte relevante del gasto actual en programas de fomento productivo podría ser reemplazada por este tipo de mecanismos, lo que permitiría reasignar alrededor de US$231,2 millones anuales de gasto actualmente destinado a subsidios o coinversión directa, contribuyendo a mejorar la eficiencia del gasto sin abandonar los objetivos de desarrollo productivo.

Hacia una estrategia de diversificación productiva

El estudio concluye que avanzar hacia una política orientada a actividades pioneras permitiría no solo aumentar la inversión y el empleo, sino que también fortalecer la resiliencia del crecimiento económico chileno. Al ampliar la base productiva y generar nuevas capacidades, el país podría reducir su exposición a shocks sectoriales y mejorar su inserción en cadenas de valor más dinámicas.

El subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, concluye al respecto que “si Chile quiere retomar una senda de crecimiento más sostenible y a largo plazo, necesita diversificar su matriz productiva. Hoy existe espacio para políticas que no solo apoyen sectores existentes, sino que incentiven la aparición de nuevas actividades con alto potencial de aprendizaje y encadenamientos. El instrumento propuesto, focalizado y basado en resultados, puede movilizar inversión, generar empleo y, al mismo tiempo, resguardar la sostenibilidad fiscal”.