La Segunda | Chile no está preparado para menores en crimen organizado

Entre 2014 y 2025, los homicidios aumentaron 79%; las extorsiones, 7.400%; los secuestros, 52%; el tráfico de drogas 33% y el porte ilegal de armas, 60%. Esas son algunas de las cifras del informe que elaboró hace un tiempo el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, Pablo Urquízar, coordinador de la entidad, recuerda esos datos al comentar que «el crimen organizado va mucho más rápido que el Estado».

Por eso es tan importante, dice, la nueva Ley de inteligencia del Estado, que fue enviada por el gobierno de Piera, tramitada y aprobada con Boric y que entró en vigencia el 30 de mayo de este ano. «Hay que implementar el proyecto y eso requiere la voluntad política de hacerlo a la brevedad«, advierte. Entre otras herramientas, esta norma permite instalar contrainteligencia dentro de ciertas instituciones del Estado y eleva en 92% la dotación de la Agencia Nacional de Inteligencia en cuatro años.

Urquízar sostiene que el crimen organizado ha impactado la cultura criminal chilena. «El fenómeno criminal chileno mutó e incorporó formas comisivas delictuales del crimen organizado transnacional. Hoy ya no solo las organizaciones internacionales operan a través de las formas más brutales de comisiones de delito, sino que las organizaciones nacionales están adoptando esas formas para seguir vigentes en el mercado ilícito«, señala.}

-¿Hay más menores involucrados en este tipo de delitos?

-Una de las formas predilectas del crimen organizado es la utilizaron de menores por su menor aversión al riesgo, por los incentivos lucrativos en reemplazo de los estudios formales y las bajas penas. El país no está preparado para afrontar no soto el crimen organizado, sino también la incorporación cada vez más creciente de menores en los ilícitos de estas organizaciones. El sistema jurídico vinculado a la ley de responsabilidad penal adolescente no da cuenta de la realidad más compleja que vive el país.

-¿La Cámara aprobó un proyecto para solicitar al Presidente rebajar la responsabilidad penal de 14 a 12 anos y aplicar régimen penitenciario común a jóvenes de 16 y 17 reincidentes ¿Está de acuerdo?

-Se necesita una mirada integral del problema y no tiene que ver solo con adolescentes reclutados por parte del crimen organizado ( … ) Hoy no existe una estrategia de seguridad nacional que aborde la problemática del crimen organizado interno y transnacional.

-¿Es necesario elevar las penas a menores?

-Poner foco solo en la persecución implica una solución parcial al problema. Lo primero es la prevención, que tiene que ver con tos factores que permiten que el crimen organizado reclute niños, niñas y adolescentes. Hoy debería existir un plan integral antirreclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado y eso tiene que ver con elementos inculados a la deserción escolar, con el consumo problemático de droga y con las redes familiares.

-¿Pero la persecución, tal cual esta, funciona?

-En la persecución penal hay elementos importantes tener en cuenta. Primero, que cuando ocurran hechos graves no se improvise con medidas cortoplacistas. Se necesita política pública basada en evidencia. En segundo lugar, se requiere un análisis integral de la ley de responsabilidad penal adolescente. Hay un proyecto que dice relación con incremento de penas e igualación de las personas que tienen 14, 15 años con las que tienen 16, 17 años, también aquellas vinculadas a la reincidencia. Incluso se discute incrementar penas pasando del estándar de la responsabilidad penal adolescente a la responsabilidad penal de los adultos. Me parece que es algo que tiene que analizarse.

– ¿Qué países han enfrentado de buena manera este problema?

-Uno de los países que ha logrado avanzar es Italia, que vivió un momento extremadamente complejo con las mafias, que también habían incorporado a menores para lograr sus fines ( … ) Se implementó lo que llamaron la antimafia social. Es decir, una cultura que debilitaba los incentivos de cooptación de personas. Hoy en nuestro país cada vez más jóvenes están siendo atraídos por el crimen organizado y no existe una política pública como la antimafia social.

-Usted fue coordinador nacional de la macrozona sur, donde mejoraron los indicadores de seguridad tras et despliegue militar. Hay alcaldes que piden apoyo de las FFAA en la RM. ¿Funcionaría?

-El rol de las FF.AA. no es combatir la delincuencia común; existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Excepcionalmente, dice la Constitución, se puede utilizar para efectos de orden y seguridad pública. En casos excepcionales que dicen relación con el resguardo de la zona fronteriza, grave alteración del orden público o grave daño a la seguridad nacional. Esa realidad estaba presente en la macrozona sur, donde existía afectación a la seguridad publica, violencia y terrorismo, Existe además un desafío hoy día en la macrozona sobre cómo volver a la normalidad, donde las fuerzas armadas no forman parte del eje de la seguridad. Hoy son insuficientes las cifras para tener un estado de excepción (en la RM).

-¿No son las consecuencias del crimen organizado igual de graves que las del terrorismo Incluso el gobierno habla de emergencia?

-Efectivamente tanto el crimen organizado como el terrorismo forman parte de graves amenazas a la seguridad de la nación. Sin embargo, en el caso de la macrozona sur, la problemática está absolutamente focalizada, identificada, en cuatro provincias de cuatro regiones y en comunas determinadas, lo que permite lograr resultados. En el caso del crimen organizado, la realidad es distinta porque está presente en distintos lugares, se mueve flexiblemente a través del territorio. Por lo tanto, utilizar a las FFAA para efectos de la delincuencia común pareciera ser desproporcionado. Lo que se requiere es lograr el fortalecimiento de las capacidades normales de la seguridad pública.

-Hace más de un mes el Presidente cambió ministro de Seguridad ¿Nota una nueva mayor Esta semana Matthei criticó que el gobierno no tiene un plan de seguridad?

Se ha notado un cambio desde la perspectiva de la percepción de la conducción política de seguridad. Hoy vemos una autoridad clara en lo que hay que hacer y presente en los territorios. Sin embargo, no basta con una percepción, sino que se necesita una política nacional de seguridad pública, con una bajada regional y local. Eso está pendiente.