IPP UNAB realizó conversatorio sobre la reforma previsional y el sistema de pensiones chileno

Por Catalina Duco

El Instituto UNAB de Políticas Públicas llevó a cabo esta mañana el conversatorio “¿Qué reforma de pensiones necesita Chile?” con el fin de abordar, desde distintas miradas y con una perspectiva técnica, el debate en torno a la necesidad de contar con un sistema de previsión social que mejore las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados.

El encuentro, el cual se lleva a cabo durante una serie de reuniones técnicas que está encabezando el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para acercar posiciones en torno a la reforma previsional del gobierno, contó con la participación de Salvador Valdés, senior fellow de la UAI; María José Zaldívar, ex ministra del Trabajo y Previsión Social; y Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. La instancia, además, fue moderada por Francisca Espinoza, economista del IPP UNAB.

En su intervención, el economista Salvador Valdés señaló que se ha avanzado en el fortalecimiento del pilar no contributivo del sistema de pensiones chileno, pero que es necesario alcanzar un acuerdo de largo plazo para mejorar el pilar contributivo. En este último identifica tres grandes problemas: las grandes lagunas de cotizaciones previsionales, el hecho de que las ganancias de las AFP no están normalizadas -para lo cual se debería impulsar licitaciones de afiliados antiguos- y reparar los retiros programados puesto que no cubren el riesgo de longevidad individual.

En específico sobre los períodos sin cotización previsional, Valdés indicó que “en Chile, las personas que están iniciando su pensión a los 65 años, muestran una historia de interrupción de cotización gigantesca comparado con los países de la OCDE. Los hombres, de los 45 años laborales previos, llegan cotizado 22 y las mujeres, entre 12 y 15 años, mucho menos que los 45 años. En España, la mediana es 38 años”. Es ese sentido, el doctor en economía agregó que “este es un problema absolutamente central y hay que abordarlo. Lamentablemente, el proyecto de ley del gobierno de noviembre del año pasado no lo aborda. Yo creo que están abiertos a una negociación, a sumar medidas, pero esto es muy prioritario”.

Otro aspecto en torno el cual se refirió el académico fue sobre los casos de evasión o sub cotización previsional. Para ello, Valdés argumenta que es necesario contar con una fiscalización activa por parte de la autoridad como ocurre en otros países, pero que en Chile “ningún gobierno propone presupuesto para fiscalización. Ningún parlamentario exige en las leyes de presupuesto anuales presupuesto para fiscalización. Entonces, de nuevo, son los políticos tanto del ejecutivo como del legislativo, que no quieren fiscalización”. Lo anterior, debido a que “se cree que la laguna o la interrupción de cotización o la exención o la evasión ayudan al trabajador pobre. Esa es la teoría que está realmente detrás de las lagunas, y ese es un mito”.

En su turno, la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, comenzó señalando que “las pensiones son el producto de lo que fue mi historia mientras yo estuve en el ámbito activo. Y es por eso que es tan importante distinguir que el sistema de pensiones es un reflejo del mercado laboral formal y si los sueldos son bajos, vamos a tener pensiones bajas. Si tenemos trabajos que son inestables y que tenemos enormes períodos de laguna, vamos a tener bajas pensiones”. En esa línea, la abogada complementó que “lo primero, es reconocer que las pensiones en nuestro país son bajas y son mucho menos de lo que la gente espera y aspira, pero las causas no están necesariamente dentro del sistema de pensiones, sino que tienen que ver con este reflejo, con este correlato, de lo que tenemos en el mundo del trabajo”.

En cuanto a los aspectos positivos del proyecto de reforma previsional del gobierno, Zaldívar destaca que éste reconoce la importancia del ahorro individual y que se plantea la importancia de la capitalización. En cuanto a los atributos negativos, Zaldívar señaló que “este proyecto, que busca subirle las pensiones a todos, la verdad es que no lo hace de esa manera. Le sube las pensiones a los actuales pensionados, les sube fuertemente las pensiones a las personas de ingresos más bajos, pero las personas de ingresos medios la verdad es que no van a ver aumentado el monto de sus pensiones de igual manera. Al mismo tiempo, este proyecto no entrega incentivos para cotizar”.

Sobre las modificaciones que el proyecto de ley del gobierno busca introducirle a la industria, Zaldívar reconoce que es importante hacerle cambios a ésta, pero que “plantear la separación de la industria sin decir cuáles son aquellas funciones en las cuales de verdad hay eficiencia y cuáles de verdad se podría hacer mejor, no creo que sea el camino”. Lo anterior, debido a que, en su opinión, “el separar la industria per se no me va a mejorar el monto de la pensión final. Lo que me mejora el monto de la pensión final es reducir los costos y en este momento no me están demostrando que el mecanismo que se está implementando lo reduzca. Al revés, el Estado va a tener que hacer enormes inversiones para poder asumir ese costo y que puede ser incluso mayor que el que está hoy día en el escenario”.

Sobre la idea de derogar decreto de ley 3.500, María José Zaldívar advierte que “voy a producir que las exenciones a cotizar para salud, ese 7% para todos los pensionados que es una ley del 2011, no siga operando y, por lo tanto, todos los pensionados que hoy no cotizan en salud en virtud de esa ley van a tener que volver a cotizar”. En ese sentido, señala que la medida implicaría que toda la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones de los últimos 30 años quede sin efecto, lo que “me parece una brutalidad, es un tsunami legislativo en materia de seguridad social que lo han minimizado absolutamente”.

Por su parte, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Jorge Rojas, ahondó sobre la necesidad de atrasar la edad de jubilación, reconociendo que es una medida políticamente compleja, pero que “más que hacerlo por decreto, sería una buena idea incentivar la postergación de la edad de jubilación, con algún mecanismo ya sea de carácter tributario o, por ejemplo, en el sector público que se entrega este incentivo al retiro, quizás generar un esquema escalonado donde sea un incentivo a la permanencia, en que en lugar entregar estos dineros por retirarse, se entreguen para alargar la permanencia en el trabajo”.

Asimismo, el economista de la UNAB se refirió al aumento del 6% en las cotizaciones, indicando que “políticamente suena bastante bien decir que es con cargo al empleador, pero en la práctica, al igual que lo que puede pasar con cualquier impuesto, va a depender de las elasticidades de los agentes que participan, y lo que va a ocurrir es que se va a transferir al trabajador, y para que esta transferencia no afecte de manera tan significativa el salario real, tiene que hacerse con gradualidad. La gradualidad que se propone el proyecto original es de 6 años, probablemente esto tendría que duplicarse a 12 años por lo menos, de manera que sea tan gradual que mientras se está implementando esto, podamos tomar las medidas necesarias para mejorar la productividad que lleva 20 años estancada en Chile”.

Al finalizar la actividad, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, concluyó que luego de la conversación “quedó en evidencia que la fuerza de los incentivos es absoluta. Cada uno de los expositores puso énfasis en la necesidad de poner incentivos correctos no solo para la mejora específica del sistema de pensiones, sino que cómo eso juega con el mercado laboral y en un contexto en el que el país debe seguir creciendo. En ese sentido, llama la atención que el proyecto que se está discutiendo descansa en la lógica de incentivos, pero no se hace cargo de los incentivos correctos”.