IPP UNAB: Propuesta busca fortalecer la calidad normativa del Estado

Se espera, según las autoridades de Gobierno, que La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) reduzca entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos en los proyectos de inversión. Esta ley forma parte del “Pacto Fiscal”, al igual que el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, cuya tramitación está detenida en el Congreso.

En ese contexto, un nuevo informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello analizó la propuesta de normativa que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, y propone un nuevo mecanismo para abordar una de las tareas que se le encomienda: mejorar la calidad normativa.

Las labores de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, según el informe de la UNAB, abarcan un abanico amplio de materias: desde la evaluación de planes, programas y políticas hasta la calidad regulatoria y un enfoque en productividad. Si bien se estima que el proyecto podría impactar positivamente en la labor del Estado, el informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello concluye que el futuro organismo carece de atribuciones sustantivas, que no está asegurada su independencia técnica y política, y que su objeto resulta excesivamente amplio. Además, tampoco establece consecuencias para el incumplimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones ex – post, ni otorga efectos vinculantes a los informes de impacto regulatorio ex – ante, entre otros aspectos que dificultarían el cumplimiento de las expectativas con su implementación.

Por ello, el documento elaborado por el IPP UNAB propone la creación de una entidad dedicada exclusivamente a velar por la calidad regulatoria del Estado, esta vez, a cargo del ministerio Secretaría General de la Presidencia mediante una Dirección de Calidad Normativa (DICAN), área especialmente creada para este fin y que toma como referencia la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de España. Con esto, se busca transformar la calidad normativa en una dimensión visible del debate democrático de la misma manera en que el costo fiscal lo es en la actualidad.

Esta nueva unidad de la Segpres tendrá la tarea de incorporar a las nuevas regulaciones principios como la necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, entre otros, para orientar una mejora sistémica en la calidad normativa. Para ello, esta nueva área ministerial deberá elaborar informes públicos de todos los proyectos de ley que presente el Ejecutivo y de los decretos respectivos, medida que se inspira en los informes financieros de la Dirección de Presupuestos que deben acompañar a todos los proyectos de ley que irroguen impacto fiscal.

Este informe de calidad normativa deberá ser público y discutirse en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, tal como ocurre con los informes de la Dipres. El documento deberá realizar un análisis jurídico de las propuestas que vele por la congruencia con el resto del ordenamiento jurídico vigente y en tramitación con el fin de evitar duplicidades, incoherencias e interposiciones.

También deberá incluir las normas que se deberán modificar, derogar o refundir con sus respectivos plazos; explicar la causa, objeto y las alternativas para resolver la situación que se regula y estimar la carga administrativa que generará la norma, considerando todos los costos con el objeto de evitar cargas innecesarias. En el caso de que se formulen nuevas cargas administrativas, se deberá modificar o derogar una o más regulaciones para compensar el peso de la nueva, dentro de un plazo determinado.

Adicionalmente, otra de las funciones de esta nueva dirección dependiente de la Segpres será la elaboración de un Plan Anual Normativo, el cual deberá reunir todas las iniciativas legislativas o reglamentarias que serán presentadas para su aprobación ante el Congreso Nacional en el año siguiente y, en caso de que se presente un proyecto fuera de él, deberá justifi­carse. También, el organismo deberá revisar el stock legal y regulatorio con el fin de proponer la eliminación de las que sean innecesarias o corregir las que tengan problemas.

Sobre la medida, la investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Trinidad Valdés, afirma que “la calidad normativa es un elemento clave de la modernización del Estado, esta propuesta avanza en esta línea para mejorar y ordenar las regulaciones vigentes, lo que entrega certezas jurídicas e impacta en la calidad de las políticas públicas“.