IPP UNAB: Personas ocupadas del primer quintil que no cotizan en el sistema previsional llega al 56,9%, mientras que a nivel nacional es de 29%

por Catalina Duco

A partir de los resultados de la encuesta Casen 2022 dados a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello realizó una radiografía de la situación en que se encuentran las personas en edad de jubilar y de quienes aún se encuentran económicamente activos a propósito de sus cotizaciones.

El estudio, que busca contribuir al debate en torno a la reforma previsional, concluyó que, del total de las personas en edad de jubilar -hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60-, el 2,79% se encuentra en situación de pobreza, donde un 0,65% son pobres extremos y un 2,14% son pobres no extremos. Asimismo, el informe indica que más de la mitad de las personas en edad de jubilar se encuentra en los dos primeros quintiles de ingresos autónomos -52% entre el primer y segundo quintil-, mientras que el 10% se encuentra en el 20% de más altos ingresos.

Análisis de las personas en edad de jubilar

Respecto a los ingresos percibidos por las personas en edad de jubilar, los datos de la Casen 2022 muestran que el porcentaje de personas que declara recibir una jubilación o pensión de vejez -con o sin APS o PGU-, es de 70,6%. Al indagar por sexo, el 83,1% de los hombres declara recibir alguna de éstas, mientras que para las mujeres el porcentaje desciende a 63,6%.

En el caso específico de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un 70,92% de los mayores de 64 años afirma recibir este beneficio, siendo un 58,79% para los hombres y un 79,53% para mujeres. De este total, un 79,14% declara que la PGU es su único ingreso por pensión, mientras que un 20,61% dice que es un complemento a su pensión o jubilación autofinanciada. Al desagregar por sexo, un 67,15% de los hombres que reciben PGU dice que este es su único ingreso por pensión, mientras que para las mujeres el porcentaje aumenta a 85,43%.

Al respecto, la investigadora y economista del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Francisca Espinoza, señaló que “las diferencias recién presentadas muestran justamente cómo la PGU ayuda a compensar a las mujeres, en cierta parte, por las diferencias generadas en el mercado laboral que resultan en menores recursos e inseguridad económica en la vejez”.

Al analizar los datos anteriores por quintil de ingreso, se observa una mayor dependencia a la PGU entre quienes provienen de niveles socioeconómicos de menores ingresos, donde 9 de cada 10 personas mayores de 64 años del primer quintil que dice recibir la PGU, contesta que éste es su único ingreso por pensión. En tanto, para el quinto quintil, este porcentaje cae al 57,5%.

Diagnóstico de las personas en edad laboralmente activa

El estudio del IPP UNAB también investigó la situación previsional de la población que se encuentra actualmente acumulando recursos para la vejez. Así, de las personas económicamente activas -es decir, mayores de 14 años que se encuentran participando en el mercado laboral-, el informe determinó que el 83,98% está afiliado al sistema de pensiones, mientras que un 15,24% no lo está y el restante no lo sabe. Si se analiza esta tasa por sexo, se observa que un 85,11% de los hombres está afiliado, mientras que un 82,44% de las mujeres lo está.

Si se analizan estos datos según ingreso autónomo del hogar, se concluye que un 71,73% de las personas del quintil de menor nivel socioeconómico se encuentran afiliadas a algún sistema previsional, contrastando con lo que sucede en el quintil de mayores ingresos, donde el 92,31% se encuentra afiliado. A nivel nacional, por su parte, las regiones que presentan un mayor porcentaje de afiliación de la población activa son Magallanes (91,97%) y O’Higgins (87,37%). En tanto, las con menor porcentaje de población afiliada son Tarapacá (74,60%) y Coquimbo (78,87%).

Otro aspecto que midió el estudio de la Universidad Andrés Bello fueron las tasas de cotización de las personas ocupadas en el sistema previsional. Ahí, se determinó que un 29,05% de la población mayor de 14 años que se encuentra actualmente ocupada no cotiza, mientras que un 69,79% sí lo hace y un 1,16% declara no conocer si está cotizando o no. Al realizar la comparación por sexo, un 28,61% de los hombres ocupados no cotiza, mientras que esta cifra es de 29,66% para las mujeres.

Analizando lo anterior por nivel socioeconómico, asimismo, se observa una brecha entre quienes tienen mayor y menor ingreso. De esta manera, un 56,94% de la población ocupada del primer quintil declara que no cotiza -la cifra más alta desde la medición de 2011, donde llegaba a un 57,2%-, mientras que ese porcentaje es de 14,59% para el quintil de mayores ingresos. En tanto, en las regiones de Los Ríos (38,11%), Arica y Parinacota (36,53%) y Coquimbo (35,37%) se encuentran los mayores porcentajes de no cotización de los ocupados, mientras que en las de Magallanes (19,77%), Antofagasta (24,06%) y O’Higgins (25,08%) existen menores niveles de no cotización entre los ocupados.

Finalmente, la economista del IPP UNAB, Francisca Espinoza, señaló que en el contexto del debate actual sobre la reforma de prensiones “las lagunas previsionales han sido identificadas como los principales determinantes de las bajas pensiones. Por lo tanto, es especialmente preocupante el bajo nivel de cotización de la población ocupada de los quintiles de menores ingresos, el cual se ha mantenido desde la década de los 90, ya que afectará negativamente los recursos que obtendrán en sus futuras pensiones. En ese sentido, es fundamental que la discusión previsional explore medidas que apunten a aumentar las cotizaciones de los afiliados y la formalización del mercado laboral”.

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