29 Diciembre 2025

Investigación desarrollada en la Clínica Jurídica UNAB Viña del Mar da origen a proyecto de ley en trámite en el Senado

Una investigación desarrollada en la Universidad Andrés Bello por el académico Alberto Clemente Parkes dio origen a un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Senado, orientado a fortalecer la protección de personas mayores en situación de abandono y violencia intrafamiliar.

Una tesis de Magíster desarrollada en la Universidad Andrés Bello por el docente de la Clínica Jurídica de la sede Viña del Mar, Alberto Clemente Parkes, dio origen a un proyecto de ley que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, evidenciando el impacto concreto que puede tener la investigación académica aplicada en el fortalecimiento del marco normativo y la protección de derechos fundamentales.

El trabajo fue realizado en el marco del Magíster en Intervención Socio-Jurídica en Familia de la UNAB y se titula “El derecho de alimentos en personas mayores afectadas por violencia intrafamiliar y abandono, respecto de parientes colaterales de tercer grado”.

La investigación aborda un vacío legal existente en la legislación chilena, particularmente en la protección de personas mayores que se encuentran en situación de abandono y violencia intrafamiliar.

El estudio analiza la tensión normativa entre el artículo 321 del Código Civil, que limita la obligación alimenticia en la línea colateral únicamente hasta los hermanos, y la Ley N.º 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, que reconoce como posibles sujetos activos de violencia a parientes colaterales hasta el tercer grado, como tíos y sobrinos. Esta discordancia deja sin protección efectiva a personas mayores que no cuentan con parientes obligados más cercanos, exponiéndolas a situaciones de precariedad económica.

A partir de este diagnóstico, la investigación propone una modificación legal que extienda la obligación alimenticia a los parientes colaterales de tercer grado en casos específicos. Esta propuesta fue recogida y patrocinada por los senadores Francisco Chahuán y David Sandoval, dando origen al Proyecto de Ley Boletín N.º 17.917-35, actualmente en tramitación en el Senado.

La iniciativa busca incorporar un nuevo inciso al artículo 321 del Código Civil, permitiendo solicitar alimentos a sobrinos cuando el alimentario sea una persona mayor de 65 años, se encuentre en situación de abandono constitutivo de violencia intrafamiliar y no existan parientes obligados más cercanos. 

Respecto al alcance de este trabajo, el profesor Alberto Clemente Parkes señaló que “esta investigación surge desde la constatación de un vacío legal que afecta directamente a personas mayores en situación de abandono, muchas veces invisibilizadas por el sistema jurídico. Cuando el abandono proviene de parientes colaterales de tercer grado, la legislación actual reconoce la violencia, pero no entrega una respuesta efectiva en materia de protección económica”.

Proyecto de Ley

En esa línea, agregó que “que esta tesis haya contribuido a un proyecto de ley en tramitación demuestra que la investigación académica, especialmente aquella vinculada a la intervención socio-jurídica, puede y debe incidir en la mejora concreta del marco normativo y en la protección real de los derechos de las personas mayores”.

Desde la Clínica Jurídica de la UNAB, su directora Ana Vásquez Uribe valoró el impacto de esta iniciativa, destacando que “como Clínica Jurídica, valoramos profundamente que una investigación desarrollada por uno de nuestros docentes trascienda el ámbito académico y contribuya directamente al debate legislativo”. 

Asimismo, subrayó que “este trabajo refleja la defensa de los derechos de grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las personas mayores. Vincular docencia, investigación e impacto normativo es parte esencial de nuestro compromiso con el acceso a la justicia”.

Este avance legislativo refuerza el rol de la Universidad Andrés Bello y de su Facultad de Derecho en la generación de conocimiento con pertinencia social, así como su compromiso con una formación académica orientada a incidir en las políticas públicas y en la protección efectiva de los derechos humanos.