Los delitos vinculados al crimen organizado que lideran alza en Región del Biobío

Según el Ministerio Público y Carabineros de Chile, son 12 las organizaciones criminales transnacionales con presencia en Chile: cinco venezolanas (Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos), dos colombianas (Los Shottas y Los Espartanos), dos peruanas (Los Pulpos y Los del Callao), una dominicana (Los Trinitarios), una china (Clan Bang) y una mexicana (Jalisco Nueva Generación).

Esta situación delictual ha agudizado la crisis de seguridad pública que vive actualmente Chile a lo largo de todo su territorio, transformándola en la principal preocupación de las familias chilenas y también en un desafío para las autoridades nacionales, regionales y comunales del país. Así lo constató un sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, donde el 98% de la población señaló que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional.

Con el fin de aportar desde la academia a la comprensión multidisciplinaria de los fenómenos delictuales que aquejan a Chile y monitorear la implementación de políticas que los aborden adecuadamente, el Instituto UNAB de Políticas Públicas lanzó en el mes de abril el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT). Esta nueva área, que es coordinada por el abogado Pablo Urquízar, presentó el informe “Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024 de la Región del Biobío: desafíos a la luz del Ministerio de Seguridad Pública” en la sede Concepción de la Universidad Andrés Bello.

La investigación del OCRIT UNAB analizó la evolución de diez delitos –homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias, robos con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículo motorizado, porte de arma o explosivo, porte de arma punzante o cortante y usurpaciones- que pueden ser potencialmente utilizados por el crimen organizado en Chile y en la Región del Biobío, aunque sin incorporar los hechos de violencia y terrorismo ocurridos en la Macrozona Sur. Lo anterior, durante la década comprendida entre los años 2014 y 2024 a partir de cifras de Carabineros de Chile, el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas. A su vez, el informe revisó la institucionalidad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y detalló los principales desafíos para su implementación.

Cómo evolucionaron 10 delitos en el Biobío

El documento elaborado por el OCRIT UNAB reveló que, durante la década estudiada, se registró un incremento en el número de ciertos delitos violentos en la región, situación que podría mostrar una potencial consolidación de estructuras criminales con capacidad operativa, despliegue territorial y articulación económica en el territorio. Sin embargo, el informe no incorpora la situación de la violencia y el terrorismo en la región puesto que será parte de otro análisis dedicado a la Macrozona Sur.

Dentro de los ilícitos estudiados, los homicidios -excluyendo a los femicidios, femicidios no íntimos, suicidios femicidas y auxilios al suicidio- son los delitos que más crecieron en la Región de Biobío, con un aumento de un 128% en la década 2014-2024, cifra 42 puntos porcentuales mayor al promedio del país, que llega a un 86%. A nivel comunal, el mayor aumento se registró en Lota (+600%), Coronel (+400%) y Talcahuano (+300%). En tanto, en la comuna de Concepción se observó un aumento de un 50% en el período. Por otro lado, los homicidios con víctimas menores de edad crecieron en un 133% entre los años estudiados, pasando de 3 a 7 casos en el período.

Los secuestros, por su parte, aumentaron en un 42% en la década, menor al 74% observado a nivel nacional, acumulando 253 casos entre 2014 y 2024 en la región. En este caso, Coronel (+200%), Hualpén (+150%), Talcahuano (+100%), Tomé (+100%) y San Pedro de la Paz (+50%) son las comunas que lideraron las alzas.

Las extorsiones son ilícitos que eran considerados de muy baja prevalencia histórica en nuestro país, pero también registraron alzas preocupantes al pasar de 0 casos en 2014 a 16 en el año 2024, contabilizándose un total de 48 en la década en el Biobío. Fue en las comunas de Talcahuano (8), Concepción (5), Lota (2) y San Pedro de la Paz (1) donde se reportan casos el año 2024.

El informe del OCRIT UNAB consignó, a su vez, un alza significativa de un 63% en los delitos de porte de armas de fuego o explosivos, totalizando 2.601 casos de éstos en el decenio en la región. Dentro de las 17 comunas en que se registraron aumentos a nivel regional, Lebu (+1.400%), Nacimiento (+400%), Cañete (+175%) y Penco (+175%) fueron las que encabezaron las alzas.

El total de casos de tráfico de sustancias fue de 1.941 en la región entre los años 2014 y 2024. Con todo, durante la década se consignó un retroceso de un -8% en la frecuencia de estos ilícitos en la región, contrastando con lo observado a nivel nacional donde estos aumentaron en un 29% en el decenio. A nivel local, estos ilícitos crecieron en nueve comunas: Cabrero (+4.400%), Mulchén (+600%), Cañete (+200%), Yumbel (+150%), Tucapel (+100%), Lebu (+100%), Tomé (+67%), Los Ángeles (+63%) y Coronel (45%). Por su parte, la comuna de Concepción presentó una caída de -55% entre 2014 y 2024, pasando desde 51 casos a 23 de tráfico de sustancias en el período.

Otro dato que mostró el informe es que, en el decenio 2014-2024, se cometieron 46.215 robos con violencia o intimidación en la Región del Biobío, disminuyendo en un -22% durante el período a diferencia del alza de un 22% que ocurrió a nivel país. Las comunas con un mayor incremento de estos delitos corresponden a Quilleco (+400%), Negrete (+280%), San Rosendo (+250%) y Alto Biobío (+200%).

A su vez, se contabilizaron 22.716 robos por sorpresa entre 2014 y 2024 en la región, disminuyendo en un -65% en ese período, mientras que a nivel nacional la caída fue de -1%, muy por debajo del descenso en el Biobío. Así, solo en cuatro de las 33 comunas que componen la región hubo un incremento en la década: Laja (+200%), Negrete (+50%), Nacimiento (+33%) y Tomé (+19%).

El robo de vehículos a nivel regional creció en un 2% durante el rango temporal estudiado, sumando un total de 2.539 en la década, mientras que en el país el alza fue de un 19% en el mismo período. Las comunas con un mayor aumento de estos hechos delictuales fueron San Rosendo (+700%), Laja (+240%) y Contulmo (+200%) y Nacimiento (+200%).

Un ilícito que registró un descenso en la década fue el de porte de arma punzante o cortante, tanto a nivel nacional (-23%) como regional (-21%). El total de estos casos en la región durante los 10 años analizados alcanzaron los 6.165, y fue en Yumbel (+280%), Negrete (+200%) y Tomé (+153%) en las comunas en que se mostraron las mayores tasas.

Finalmente, las usurpaciones crecieron en un 41% entre 2014 y 2024, 13 puntos porcentuales más que a nivel país. En este lapso temporal se cometieron un total de 1.101 casos de usurpaciones a nivel regional, y fueron las comunas de Curanilahue (+467%), Lebu (+400%) y Arauco (+350%) donde se registraron los mayores incrementos en la década.

Con el fin de facilitar una aproximación más precisa y estratégica al impacto delictual de estos diez ilícitos, el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la UNAB desarrolló un índice que pondera la carga delictual no solo por frecuencia, sino que por la gravedad definida en el Código Penal y por la posible vinculación de aquellos delitos al crimen organizado.

Así, en su primera medición a nivel regional, este indicador reveló que los delitos disminuyeron en un -5% entre 2014 y 2024 -con un peak en 2023 cuando el índice alcanzó los 96,8 puntos-, mientras que a nivel nacional estos se incrementaron en un 13% en el mismo período, situación que reflejaría una situación dispar, en términos generales, a lo que ocurre a nivel país y en la región.

Siete desafíos para el Ministerio de Seguridad Pública

El informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, asimismo, identificó los aspectos que deberán tenerse en cuenta para asegurar la efectividad de la implementación de la nueva institucionalidad, la cual entró en vigencia el 1 de abril de este año.

1. Conducción política de la seguridad pública regional: La seguridad, detalla el informe, tiene al menos tres dimensiones: política, estratégica y operativa, siendo la primera lo propio de la autoridad ministerial. Su rol es definir, orientar y ocuparse de alcanzar los resultados esperados, aunque esa conducción política no es solo del Ministerio, sino que también de todo el Sistema de Seguridad Pública. Por su parte, el Ministro debe cumplir con 16 funciones sintetizadas en el artículo 4 de la ley N° 21.730, esto es, el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad. Otro desafío será ejercer su labor con una visión de mediano y largo plazo, sin dejar de responder a la contingencia en medio de la crisis de inseguridad más compleja desde el retorno a la democracia, donde el rol del Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública es clave.
2. Interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación: Otro desafío para la institucionalidad será la materialización de estos tres principios. La fragmentación histórica de competencias entre distintos organismos del Estado, tanto a nivel central como subnacional, ha limitado la eficiencia de las respuestas en materia de seguridad. Para ello, se requerirá establecer mecanismos de coordinación formal, interoperabilidad de plataformas tecnológicas, y una arquitectura de gobernanza que permita integrar a Carabineros, PDI, el Ministerio Público, las regiones y las comunas, entre otros.
3. Ejecución del Sistema de Seguridad Pública Regional: Este se define, en el inciso primero del artículo 8 de la ley, como “el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas que mediante su acción coordinada y colaborativa propenden a que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito”. Es orientado por la Política Nacional de Seguridad Pública y sus estrategias, planes y medidas dedicadas a afrontar las principales prioridades definidas por el Estado. A nivel territorial, se encuentran los Subsistemas Regional o Comunal de Seguridad Pública, instancias donde el desafío de conducción de estos es fundamental.
4. Inteligencia regional: El desarrollo y la consolidación de la inteligencia debe permitir anticipar tendencias, detectar configuraciones delictuales emergentes y monitorear redes de crimen organizado en tiempo real. El Ministerio deberá promover la interoperabilidad de bases de datos, el uso de modelos predictivos y la coordinación con sistemas internacionales de alerta temprana, manteniendo los debidos resguardos en materia de derechos fundamentales y protección de datos personales.
5. Profesionalización de la seguridad pública regional: El documento constata la necesidad de fortalecimiento de las capacidades técnicas internas de la región, que permitan liderar de forma autónoma y especializada el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de seguridad. Además, la necesidad de implementar políticas públicas basadas en evidencia.
6. Foco en el crimen organizado y terrorismo: Ambos fenómenos deben ser las prioridades del Ministerio y del Sistema de Seguridad Pública puesto que socavan las bases del Estado Democrático de Derecho y afectan gravemente los derechos y libertades fundamentales de las personas. Además, porque las estructuras criminales y terroristas tienen una fuerte potencialidad de corromper a las instituciones y su legitimidad frente a la ciudadanía, y porque son una amenaza para la seguridad nacional, entre otros motivos.
7. Coordinación entre el delegado presidencial y los seremis de Seguridad Pública: la creación de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Seguridad Pública modificaron sustantivamente las atribuciones de los Delegados Regionales Presidenciales (DRP) en relación a la seguridad pública interior en la región. Si bien los DRP presiden los Consejos Regionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito y el Seremi ejercerá como secretario ejecutivo de la instancia, la dependencia directa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública al Seremi constituye un desafío en sí mismo en relación a no debilitar al DRP y no provocar contradicciones en el actuar. En este sentido, la plena y armónica actuación tanto del delegado como del Seremi, de manera tal de materializar una unidad de acción para buscar la seguridad pública interior, es fundamental en la implementación del nuevo Ministerio.

La investigación del OCRIT UNAB concluyó que se constata un incremento sostenido en ciertos ilícitos de carácter violento en la Región del Biobío, siendo el caso de los homicidios uno de los más significativos (+128% en la década), seguidos del porte de arma o explosivo (+63%), los secuestros (+42%), las usurpaciones (+41%) y las extorsiones, que pasaron de 0 en 2014 a 16 en 2024. A pesar de lo anterior, al analizar la evolución de diez delitos potencialmente vinculados al crimen organizado se encontró una caída de un -5% en el decenio, situación que contrasta con el incremento de un 13% observado a nivel país.

Ante este escenario regional, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) UNAB, Pablo Urquízar, señaló que “el análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile y, aunque en términos generales la realidad regional pareciera ser menos negativa, las alzas más fuerte de delitos muy violentos como los homicidios, secuestros, porte de armas y explosivos y las extorsiones, entre otros, son muy preocupantes, lo que refleja un cambio en la amenaza delictual que tiene como consecuencia la crisis de inseguridad que vive el país lo largo de todo su territorio”.

Por ello, el abogado advierte que la nueva institucionalidad ministerial deberá liderar su misión con visión de largo plazo, orientación territorial y con un énfasis en la recuperación de la capacidad estatal de garantizar la seguridad y cohesión democrática, además de integrar una perspectiva que facilite su actuar regional y comunal. “El Ministerio de Seguridad Pública tiene un desafío crucial en ser el ente rector del Sistema de Seguridad Pública tanto a nivel nacional, regional y comunal, articulando y ordenando las diferentes instituciones y servicios bajo los principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública. Junto con ello, es fundamental abordar la seguridad pública como una política de Estado, para así ser efectivos y oportunos en dar respuesta a la demanda más apremiante por parte de la ciudadanía, que es el combate a la delincuencia y el crimen organizado”, complementó el coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, agregó que «una mirada sistémica es fundamental para facilitar la instalación eficaz de la nueva institucionalidad, lo que tiene directa relación con la conducción política de la materia que le corresponde al ministerio y la coordinación y ejecución del sistema de seguridad pública. Entender esto como un asunto de Estado es lo que hace gran parte de la diferencia, lo que implica un esfuerzo por evitar a toda costa la politización de la seguridad pública».