Homicidios y extorsiones: delitos vinculados al crimen organizado lideran alza en una década

Según el Ministerio Público y Carabineros de Chile, son 12 las organizaciones criminales transnacionales con presencia en Chile: cinco venezolanas (Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos), dos colombianas (Los Shottas y Los Espartanos), dos peruanas (Los Pulpos y Los del Callao), una dominicana (Los Trinitarios), una china (Clan Bang) y una mexicana (Jalisco Nueva Generación).

Esta situación delictual ha agudizado la crisis de seguridad pública que vive actualmente Chile, transformándola en la principal preocupación de las familias chilenas y también en un desafío para las autoridades del país. Así lo constató un reciente sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, donde el 98% de la población señaló que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional.

Con el fin de aportar desde la academia a la comprensión multidisciplinaria de los fenómenos delictuales que aquejan a Chile y monitorear la implementación de políticas que los aborden adecuadamente, el Instituto UNAB de Políticas Públicas anunció la creación del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT), área que elaboró el informe “Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024: desafíos a la luz del Ministerio de Seguridad Pública”.

La investigación del OCRIT UNAB analizó la evolución de diez delitos –homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias, robos con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículo motorizado, porte de arma o explosivo, porte de arma punzante o cortante y usurpaciones- que pueden ser potencialmente utilizados por el crimen organizado en Chile. Lo anterior, durante la década comprendida entre los años 2014 y 2024 a partir de cifras de Carabineros de Chile, el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas. A su vez, el informe revisó la institucionalidad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y detalló los principales desafíos institucionales para su implementación.

Cómo evolucionaron los 10 delitos en un decenio

El documento elaborado por el OCRIT UNAB reveló que, durante la década estudiada, se registró un deterioro sostenido de la seguridad pública en Chile y un incremento en el número de delitos violentos, situación que podría mostrar una potencial consolidación de estructuras criminales con capacidad operativa, despliegue territorial y articulación económica en el territorio nacional.

Dentro de los ilícitos estudiados, los homicidios -excluyendo a los femicidios, femicidios no íntimos, suicidios femicidas y auxilios al suicidio- crecieron en un 86% entre 2014 y 2024, alcanzando un peak en la tasa nacional de 4,9 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2024. Desde el punto de vista regional, la región con mayor incremento porcentual en la década fue Arica y Parinacota (+1600%), aunque también corresponde a la región que partió con un menor nivel absoluto de homicidios dentro de los considerados. La única región que disminuyó los homicidios fue la de Los Ríos (-11%), mientras que nueve se encuentran por sobre el promedio nacional: Arica y Parinacota (+1600%), O´Higgins (+300%), Tarapacá (+190%), Coquimbo (+250%), Biobío (+128%), Antofagasta (+125%), Aysén (+100%), Magallanes (+167%) y Valparaíso (+100%). Finalmente, del total de homicidios ocurridos en el período 2014-2024 (7.830), el 49% fue materializado en la Región Metropolitana (3.801), y se registró un aumento de un 16% en el número de homicidios con víctimas menores de edad, pasando de 44 casos en 2014 a 51 en 2024.

Por su parte, los secuestros aumentaron en un 74% en la década, acumulando 3.649 casos entre 2014 y 2024. Aunque la Región Metropolitana concentró el 52% de estos ilícitos, el alza en regiones que al inicio del decenio contaban con un nivel muy bajo de casos, como Los Lagos (+533%) y Atacama (+333%), revelaría, según los investigadores, una propagación del fenómeno que excede criterios de densidad poblacional o urbanización. Asimismo, el estudio reveló que diez regiones se encuentran por sobre el promedio nacional: Los Lagos (+533%), Atacama (+333%), Arica y Parinacota (+250%), Tarapacá (+250%), Ñuble (+200%), La Araucanía (+200%), Coquimbo (+175%), O´Higgins (+167%), Valparaíso (+136%), y Maule (+88%). Del total de secuestros ocurridos en el período 2014-2024 (3.649), el 52% fue materializado en la Región Metropolitana (1.881), región que tuvo un incremento de un 37%. En el año 2023, en tanto, se registró el peak de secuestros en Chile, con 516 hechos, pero en 2024 se quebró la curva ascendente que venía desde el año 2020.

Las extorsiones -esto es, ejercer coerción directa a través de amenazas- son ilícitos que eran considerados de muy baja prevalencia histórica en nuestro país, pero también registraron alzas preocupantes al pasar de 4 casos en 2014 a 303 en el año 2024, contabilizándose un total de 1.090 en la década. Esta realidad, concentrada en un 53% de los casos en la Región Metropolitana, revelarían -según el análisis- la emergencia de nuevas lógicas delictuales donde la violencia adquiere una dimensión instrumental sostenida y planificada, situación que se observa en contextos donde operan redes de crimen organizado con vocación de control social y económico.

El tráfico de sustancias mantuvo un patrón ascendente, con un incremento del 29% a nivel nacional entre 2014 y 2024, y con 29.978 casos registrados en todo el período. Nueve de las 16 regiones están por sobre el promedio nacional de variación entre los años estudiados: Aysén (+340%), Magallanes (+233%), Arica y Parinacota (+200%), Los Lagos (+200%), La Araucanía (+145%), Ñuble (+100%), Coquimbo (+66%), Región Metropolitana (+46%) y Los Ríos (+31%).

Otro dato que mostró el informe es que, en el decenio 2014-2024, se cometieron 773.423 robos con violencia o intimidación en Chile, aumentando en un 22% durante el período. A nivel regional, la zona con mayor incremento porcentual fue Arica y Parinacota (+135%), seguida de la Región Metropolitana (+31%), mientras que Magallanes (-35%), Aysén (-25%), Biobío (-22%), La Araucanía (-17%), Los Lagos (-2%), Tarapacá (-1%) fueron las seis regiones donde se redujeron estos delitos.

A su vez, se contabilizaron 359.988 robos por sorpresa entre 2014 y 2024, aunque mostraron una estabilización o leve disminución de -1% en el mismo período. Todas las regiones, con excepción de la Región Metropolitana (+39%), registraron descensos en estos ilícitos.

El robo de vehículos creció en un 19% durante el rango temporal estudiado, sumando un total de 354.127 en la década. En diez de las 16 regiones aumentaron estos delitos: Arica y Parinacota (+145%), Coquimbo (+89%), Maule (+54%), Ñuble (+50%), O´Higgins (+47%), Valparaíso (+33%), Los Ríos (+28%), Región Metropolitana (+21%), Tarapacá (16%) y Biobío (+2%) entre 2014 y 2024.

El informe del OCRIT UNAB consignó, a su vez, un alza significativa de un 62% en los delitos de porte de armas de fuego o explosivos, totalizando 25.651 en el decenio. A su vez, todas las regiones del país incrementaron su ocurrencia entre el 2014 y el 2024, siendo las mayores alzas en Los Ríos (+768%), Antofagasta (+362%) y O´Higgins (+153%).

Otro ilícito que registró un descenso en la década fue el de porte de arma punzante o cortante. Estos delitos cayeron en un 23% en términos absolutos durante el período estudiado. Desde la perspectiva regional, cinco regiones incrementaron la presencia de este delito en el período 2014-2024: Los Lagos (+123%), Arica y Parinacota (+63%), Ñuble (+51%), La Araucanía (+44%) y Los Ríos (16%).

Finalmente, las usurpaciones crecieron en un 28% entre 2014 y 2024, lapso temporal en el que se cometieron 7.811 hechos a lo largo del territorio nacional. Asimismo, en la mitad de las regiones aumentaron estos ilícitos en la década: Antofagasta (+900%), Tarapacá (+500%), Atacama (+200%), Maule (+180%), Región Metropolitana (+95%), Ñuble (+80%), Coquimbo (+75%) y Biobío (+41%).

Índice de Delitos Potencialmente Utilizables por el Crimen Organizado

Con el fin de facilitar una aproximación más precisa y estratégica al impacto delictual, el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB desarrolló un índice que pondera la carga delictual no solo por frecuencia, sino que por la gravedad definida en el Código Penal y por la posible vinculación de aquellos delitos al crimen organizado.

Así, en su primera medición, este indicador reveló que los delitos aumentaron en un 13% entre los años 2014 y 2024, registrándose un peak en 2023 con 114 puntos, mientras que sus mínimos se observaron en 2020 y 2021, situación explicada en parte por la pandemia y las restricciones de movilidad establecidas en la época.

El estudio del OCRIT UNAB analizó, también, los delitos potencialmente utilizables por el crimen organizado por cada 100 mil habitantes en las 16 regiones del país en el mismo período. A nivel nacional, se observó que en 12 de las 16 regiones aumentó este índice durante la década, siendo Arica y Parinacota (145%), Aysén (116%) y Magallanes (103%) las áreas que lideraron el incremento, mientras que la Región Metropolitana también presentó un aumento de un 9%. Por el contrario, Tarapacá (-25%), O’Higgins (-15%), Atacama (-7%) y Biobío (-5%) fueron las que registraron las mayores caídas en el índice general ponderado.

En términos comparativos, las tres regiones con un mayor indicador corresponden a Arica y Parinacota (330 delitos ponderados asociados al crimen organizado por cada 100 mil habitantes), Tarapacá (252) y Antofagasta (175). En tanto, la del Maule (57), Los Lagos (64) y La Araucanía (72) son aquellas que registraron un valor del índice más bajo.

Siete desafíos para el Ministerio de Seguridad Pública

El informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, asimismo, identificó los aspectos que deberán tenerse en cuenta para asegurar la efectividad de la implementación de la nueva institucionalidad, la cual entró en vigencia el 1 de abril de este año.

1. Conducción política de la seguridad pública: La seguridad, detalla el informe, tiene al menos tres dimensiones: política, estratégica y operativa, siendo la primera lo propio de la autoridad ministerial. Su rol es definir, orientar y ocuparse de alcanzar los resultados esperados, aunque esa conducción política no es solo del Ministerio, sino que también de todo el Sistema de Seguridad Pública. Por su parte, el Ministro debe cumplir con 16 funciones sintetizadas en el artículo 4 de la ley N° 21.730, esto es, el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad. Otro desafío será ejercer su labor con una visión de mediano y largo plazo, sin dejar de responder a la contingencia en medio de la crisis de inseguridad más compleja desde el retorno a la democracia.
2. Interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación: Otro desafío para la institucionalidad será la materialización de estos tres principios. La fragmentación histórica de competencias entre distintos organismos del Estado, tanto a nivel central como subnacional, ha limitado la eficiencia de las respuestas en materia de seguridad. Para ello, se requerirá establecer mecanismos de coordinación formal, interoperabilidad de plataformas tecnológicas, y una arquitectura de gobernanza que permita integrar a Carabineros, PDI, el Ministerio Público, las regiones y las comunas, entre otros.
3. Ejecución del Sistema de Seguridad Pública: Este se define, en el inciso primero del artículo 8 de la ley, como “el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas que mediante su acción coordinada y colaborativa propenden a que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito”. Es orientado por la Política Nacional de Seguridad Pública y sus estrategias, planes y medidas dedicadas a afrontar las principales prioridades definidas por el Estado. Las distintas instituciones y servicios que componen el sistema y los subsistemas deben tener presente una perspectiva de seguridad pública, desde aquellos niveles más próximos a la materia hasta los más lejanos.
4. Inteligencia: El desarrollo y la consolidación de la inteligencia debe permitir anticipar tendencias, detectar configuraciones delictuales emergentes y monitorear redes de crimen organizado en tiempo real. El Ministerio deberá promover la interoperabilidad de bases de datos, el uso de modelos predictivos y la coordinación con sistemas internacionales de alerta temprana, manteniendo los debidos resguardos en materia de derechos fundamentales y protección de datos personales.
5. Profesionalización de la seguridad pública: El documento constata la necesidad de fortalecimiento de las capacidades técnicas internas, que permitan liderar de forma autónoma y especializada el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de seguridad. Además, la necesidad de implementar políticas públicas basadas en evidencia.
6. Foco en el crimen organizado y terrorismo: Ambos fenómenos deben ser las prioridades del Ministerio y del Sistema de Seguridad Pública puesto que socavan las bases del Estado Democrático de Derecho y afectan gravemente los derechos y libertades fundamentales de las personas. Además, porque las estructuras criminales y terroristas tienen una fuerte potencialidad de corromper a las instituciones y su legitimidad frente a la ciudadanía, y porque son una amenaza para la seguridad nacional, entre otros motivos.
7. Coordinación entre el delegado presidencial y los seremis de Seguridad Pública: la creación de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Seguridad Pública modificaron sustantivamente las atribuciones de los Delegados Regionales Presidenciales (DRP) en relación a la seguridad pública interior en la región. Si bien los DRP presiden los Consejos Regionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito y el Seremi ejercerá como secretario ejecutivo de la instancia, la dependencia directa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública al Seremi constituye un desafío en sí mismo en relación a no debilitar al DRP y no provocar contradicciones en el actuar. En este sentido, la plena y armónica actuación tanto del delegado como del Seremi, de manera tal de materializar una unidad de acción para buscar la seguridad pública interior, es fundamental en la implementación del nuevo Ministerio.

La investigación del OCRIT UNAB concluye que se observa un escenario de creciente complejidad delictual, con una presencia potencialmente cada vez mayor del crimen organizado en Chile y una carga criminal que se incrementa para el Estado. “El análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile y, por tanto, un cambio en la amenaza delictual que tiene como consecuencia la crisis de inseguridad que vive el país. Los homicidios, el tráfico de sustancia, los secuestros, las extorsiones o el porte de armas o explosivos, entre otros, muestran un crecimiento importante, y también su presencia en regiones distintas a la región Metropolitana, especialmente en la Macrozona Norte, situación que evidencia la descentralización del fenómeno delictual”, señala Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) UNAB.

Por ello, el abogado advierte que la nueva institucionalidad ministerial deberá liderar su misión con visión de largo plazo, orientación territorial y con un énfasis en la recuperación de la capacidad estatal de garantizar la seguridad y cohesión democrática. “El Ministerio de Seguridad Pública tiene un desafío crucial en ser el ente rector de todo el Sistema de Seguridad Pública del país, articulando y ordenando las diferentes instituciones y servicios bajo los principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública. Junto con ello, es fundamental abordar la seguridad pública como una política de Estado, para así ser efectivos y oportunos en dar respuesta a la demanda más apremiante por parte de la ciudadanía, que es el combate a la delincuencia y el crimen organizado”, complementó el coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, agregó que «una mirada sistémica es fundamental para facilitar la instalación eficaz de la nueva institucionalidad, lo que tiene directa relación con la conducción política de la materia que le corresponde al ministerio y la coordinación y ejecución del sistema de seguridad pública. Entender esto como un asunto de Estado es lo que hace gran parte de la diferencia, lo que implica un esfuerzo por evitar a toda costa la politización de la seguridad pública».