Es evidente y normal que todos los países, cada cierto tiempo, realicen ajustes a su legislación tributaria, toda vez que la economía es dinámica y, por tanto, las leyes en esta materia podrían quedar obsoletas. Distinto es, una reforma tributaria, la que, por definición, es un cambio mayor y profundo en el esquema impositivo de una nación. La lógica indica que las reformas deben hacerse reflexivamente, pensando en que deben durar muchos años. A pesar del argumento anterior, nuestro país ha tenido, por lo menos tres reformas tributarias en los últimos diez años, las que han modificado en forma sustantiva el modelo impositivo, generando incertidumbre, que aleja las inversiones y afecta negativamente a nuestra economía.
Pacto Fiscal
El actual gobierno, al fracasar en su intento de reforma tributaria, ha planteado un “pacto fiscal” centrado en seis ejes: que van desde establecer principios para un sistema tributario moderno y priorizar el gasto en favor de los habitantes hasta fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado. A ello se suma impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía, robustecer la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta y, por último, generar mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.
De entre todos estos puntos, donde hay que colocar especial acento es en las iniciativas pro crecimiento, con foco en la inversión y productividad, puesto que, desde mi punto de vista, debería ser el eje central para poder aumentar la recaudación. Un país más rico, una población con más recursos, paga más impuestos en términos reales, incluso sin tener necesidad de subir nominalmente la tasa de impuestos.
Transparencia
Un tema pendiente está en el compromiso de mejorar la transparencia y el buen uso de recursos del Estado, así como la generación de mecanismos de seguimiento de las iniciativas, sobre todo con el actual clima político, donde la opinión pública está centrada en los escándalos de asignación de recursos y el uso inapropiado de ellos. No se trata solo de pedir/recaudar más, sino que también hacer un uso apropiado y ético de los dineros fiscales.
En esta misma línea es preciso agregar que, si bien es valorable tratar de combatir la elusión y evasión, conceptos relativamente importantes y gestionables, no se debe olvidar que todas las reformas anteriores incluyeron dentro de sus puntos el combate a estas prácticas. Será preciso ver el detalle de cómo se abordará este aspecto para que no sean solo palabras al viento y estas medidas tengan un efecto cuantitativo real en las arcas fiscales.
La propuesta presentada el pasado martes en cadena nacional hace eco, en primer lugar, de mejoras y optimización de lo que actualmente se tiene, mientras que una segunda etapa está orientada a un aumento del impuesto a la renta, al parecer, en el segmento de las personas naturales.
En este sentido, es valorable la estrategia de dejar el alza real de impuesto en una segunda etapa, puesto que, con ello, se disminuye el riesgo de rechazo legislativo.
Asimismo, es relevante el énfasis que se pretende dar a combatir la informalidad, que es parte de la evasión de impuestos. El comercio informal, potenciado por la mala situación económica, así como las oportunidades de vender a través de internet, potencian la economía informal en desmedro de los comercios establecidos. Esta también es una problemática que ha intentado abordarse desde distintos frentes, pero que persiste, pese a los esfuerzos. De ahí que la innovación en las soluciones sea también algo esperable para lograr realmente este pacto fiscal.