10 Enero 2025

Facultad de Derecho UNAB impartió seminario sobre responsabilidad penal de autopistas concesionarias

Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal abordó este tema donde se determinó que la recientemente promulgada ley de delitos económicos establecerá por qué las concesionarias en Chile deben responder penalmente por los daños causados por terceros en sus vías.

“Las autopistas en Chile tienen varias obligaciones entre ellas mantener despejada la ruta, vigilancia con personal 24/7, patrullaje, iluminación, cámaras y coordinación con la autoridad correspondiente”, explicó Sebastián Orellana, Alumni del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Andrés Bello.

El abogado es autor del libro “Una aproximación a la responsabilidad penal de las autopistas en Chile por infracción a sus deberes de seguridad” (Editorial Metropolitana, 2024). Trabajo acerca de la tesis que escribió para graduarse del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Andrés Bello. Orellana además fue uno de los exponentes del seminario impartido el 8 de enero en el hemiciclo 002 del Campus Bellavista.

La jornada estuvo moderada por el Dr. Juan Pablo Castillo, docente de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Encuentro donde además expusieron Christian Rojas, académico de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho UNAB y Tatiana Vargas, académica de Derecho Penal de la Universidad de los Andes.

El seminario abordó la responsabilidad jurídica de la sociedad concesionaria por infracción a sus deberes de seguridad. Como también la responsabilidad penal de la autopista por infracción a su deber de cuidado, en el marco de la nueva Ley de Delitos Económicos.

Orellana expuso que hoy existen demandas que buscan concretar la responsabilidad de las autopistas por robos con violencia o intimidación que ocurren en los trazados concesionados: “Las empresas deben hacerse cargo de los riesgos propios de su rubro. La seguridad es inmanente al servicio que prestan las autopistas. Y se aplica la misma lógica que rige a las demás empresas por Ley del Consumidor. Vale decir, son parte de la primera línea de prevención y reacción al delito”

Y añadió que “naturalmente las autopistas tienen un rol activo en la prevención y reacción ante las encerronas que ocurren en su trazado”. Y señaló que por normativa las autopistas deben garantizar un tránsito expedito y seguro, que es el corazón de la ley de concesiones. Esto implica más patrullaje, más cámaras, más luminarias y mejor coordinación con la autoridad, entre otros”.

El titulado del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Andrés Bello comentó que “lamentablemente muchas de estas obligaciones no se respetan por eso ha habido muchas condenas a lo largo de los años contra diferentes autopistas. Hay mucha gente que no demanda, porque los costos de un juicio civil son altos, y los procesos lentos. Existe una desigualdad material muy grande; en Chile no está garantizado en la práctica el acceso a la justicia».

En tanto el académico Dr. Christian Rojas enfatizó sobre la relevancia de esta temática explicando que se puede abordar desde distintos tópicos. “Este es un tema clásico del derecho administrativo. Cuando la administración pública entrega a particulares la concesión de servicios públicos se produce la discusión sobre quién es el responsable. Esto se da, por ejemplo, cuando no se han presentado medidas de resguardo como el ingreso de animales a carreteras o el apedreamiento de vehículos”, puntualizó.

¿Quiénes son responsables?

Rojas además ahondó en casos cuando, por ejemplo, en una autopista se cruza un animal o ingresa algún vehículo no autorizado. “Dados los protocolos existentes sobre estándares y medidas de seguridad que se han desarrollado, el sistema de concesiones de carreteras de alta velocidad tiene casi 30 años, es la Concesionaria respectiva la que debe tomar todas las medidas para resguardar la seguridad de las personas y de los vehículos que transitan en el área concesionada”, explicó.

El académico de la Facultad de Derecho UNAB (sede Viña del Mar) prosiguió argumentando que, en estos casos, dado el diseño de la Ley de Concesiones, que entrega a un privado la construcción de una carretera de alta velocidad, como mantenerla y cobrar una tarifa por ello, en principio la responsabilidad de lo sucedido en estos eventos recae en la concesionaria. Y en casos específicos también en la Administración Pública. “Se trata de una situación que en los primeros años del sistema de concesiones de carreteras ocurría regularmente, pero que, con el tiempo, y gracias a nuevas medidas e implementación de estándares de seguridad más exigentes, son cada vez menos frecuentes”, comentó.

Asimismo, enfatizó que incidentes externos como lanzamiento de piedras o presencia de animales han ido disminuyendo notablemente en los últimos años. Esto, por la vía de aumentar las medidas de seguridad y restricciones. “Sin embargo, los problemas internos asociados a los vehículos que circulan han ido aumentando, por vía de alta velocidad, no respetar las señales y alertas, así como en varios casos una inadecuada mantención de la autovía”, concluyó.