Facultad de Derecho UNAB obtuvo primer lugar en Chile con cinco proyectos Fondecyt 2025

Esta noticia representa un hito extraordinario,  pues por primera vez nos situamos en el primer lugar de las facultades de derecho del país en adjudicarse estos importantes proyectos concursables”, sostuvo Carlos del Río Ferretti,  decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

Los Fondecyt de Iniciación constituyen uno de los principales instrumentos de financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID); entidad que promueve la carrera de nuevos investigadores con proyectos de dos a tres años en distintas áreas del conocimiento.

A su vez Del Río destacó que en los últimos años la Facultad inició un proceso de desarrollo de la investigación jurídica con especial énfasis en fondos concursables con financiamiento externo. “Este logro corrobora la orientación que le hemos dado a la investigación jurídica en nuestra facultad. Para esto hemos contado con el apoyo de nuestra Universidad, de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado UNAB, y con el entusiasmo de nuestros académicos”.

Proyectos ganadores  

Entre las académicas (os) premiados de la Facultad de Derecho UNAB se encuentran Tania Busch, Macarena Díaz de Valdés, Mar del Rosario Guridi, Alejandro Leiva y Rocío Sánchez.

Los proyectos adjudicados abarcaron materias como Derecho constitucional, Derecho penal, Derecho privado y civil.

Alejandro Leiva, director de posgrados de la Facultad de Derecho UNAB contó que su proyecto trató sobre los “delitos de posición” en la legislación chilena. “Abarcó una nueva categoría de delitos que estarían a medio camino entre los delitos especiales, donde solo pueden intervenir determinados sujetos, como funcionarios públicos y los delitos comunes, en los cuales cualquier persona puede intervenir”.

Agregó: “Lo relevante de mi investigación es que propondrá las bases y desarrollará dogmáticamente esta nueva categoría delictiva. Esto, con la intención de que jueces y operadores jurídicos puedan recurrir a ella para resolver con mayor precisión casos hoy considerados complejos”.

Rocío Sánchez, académica de la Facultad de Derecho y coordinadora del área de Derecho Penal UNAB fue seleccionada con «La extensión del mal causado como factor penológico: incidencia de la Criminología y la Victimología para la dogmática de la determinación de la pena».

“Este proyecto busca analizar las últimas reformas al régimen general de determinación de penas en Chile. Las cuales han incluido cláusulas nuevas para graduar las penas según el tipo de víctima, incluyendo su edad, vulnerabilidad, y otros elementos adicionales”, explicó.

Mientras la docente Mar del Rosario Guridi se adjudicó el proyecto «Las uniones de hecho como fuente de la comunidad de bienes». «Tiene por finalidad acreditar que las uniones de hechos son una forma de hacer familia. Especialmente en casos donde estas uniones terminen, ya sea por quiebre o fallecimiento, pues es necesario determinar el destino de los bienes”.

Tania Busch Académica Área de Derecho Público de la UNAB, (sede Concepción) comentó que su trabajo consistió en audiencias públicas de nominación en los sistemas de nombramiento de los ministros de altas cortes. «Se estudiará la regulación y la práctica de la realización de éstas con el objeto de proponer estándares de regulación que logren de un diseño de la institución que cumpla con el ideal deliberativo».

Continuó: «Y que además favorezca el escrutinio público del sistema de designación de los jueces constitucionales, legitimando el sistema de designación de los magistrados que ejercen justicia constitucional en Chile”.

Finalmente, Macarena Díaz de Valdés, académica de la Facultad de Derecho de la UNAB, sostuvo que su investigación se basará en el régimen jurídico aplicable a los edificios multifamily o de renta residencial.

“Actualmente, inmobiliarias, fondos de inversión y compañías de seguros, entre otras adquieren edificios para arrendarlas. Este modelo de negocio ha tomado fuerza; sin embargo no está regulado en Chile».

Concluyó: «Me interesa determinar si puede afirmarse que existe una relación de consumo de dichas empresas con los arrendatarios; particularmente con los servicios complementarios”.