Facultad de Derecho UNAB convocó a Congreso Estudiantil de Derecho Público
La actividad buscó incentivar la investigación de esta área entre los alumnos de derecho de pregrado, con énfasis en los derechos humanos y en cómo ellos están reconocidos e implementados.
El pasado 19 de junio la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) convocó a un Congreso Estudiantil de Derecho Público.
La actividad fue organizada por la alumna Daniela Páez, de 3° año de la carrera de derecho, y su foco estuvo dirigido al derecho público chileno; particularmente al ámbito de la reflexión sobre los derechos humanos.
En tanto, la exposición estuvo a cargo de los académicos de la Facultad de Derecho de la UNAB, Leopoldo Ramírez, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y Tomás Razazi, magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile.
Ramírez contó que este Congreso estuvo dirigido a todos los integrantes de la comunidad educativa “con interés en reflexionar con sentido crítico sobre el actual estado de los derechos humanos, no solo en Chile, sino también con una perspectiva comparada”.
“Al encuentro estuvieron invitados estudiantes, profesores y jueces, con o sin vínculos académicos con la Universidad Andrés Bello”, añadió.
“La relevancia de los derechos humanos es capital”
Asimismo, el académico de la UNAB comentó la “doble relevancia” que tuvo la realización de esta actividad. “Por un lado, reconoció abiertamente la iniciativa que tienen los estudiantes de organizar encuentros académicos según sus áreas de interés. Y por otro, permitió posicionar a nuestra Facultad de Derecho como un foro de diálogo que reúne distintas miradas sobre un objeto de análisis en particular”, enfatizó.
Ramírez sostuvo “que la relevancia de los derechos humanos es capital, y que algunos de los riesgos de su disfrute efectivo vienen dado por motivos que, en algunas ocasiones, escapan a todas las posibilidades del derecho”.
Prosiguió: “Por ejemplo, de la situación económica de los Estados, marcados por un contexto creciente de estrechez fiscal, donde se incrementan las demandas sociales, pero disminuyen las capacidades presupuestarias. Lo cual supone un complejo desafío para los gobiernos, no solo aquí, sino que en diversas latitudes”.
Precisamente a esto último el académico de la Facultad de Derecho de la UNAB dedicó uno de los ejes centrales de su presentación «A 20 años de las reformas constitucionales de 2005: perspectivas sobre el estado de los derechos fundamentales«.
Tras reseñar el contexto político de esta promulgación y algunos de los principales cambios introducidos a la Constitución chilena, sostuvo que existen diversas señales que permiten concluir que existen riesgos significativos en materia de derechos fundamentales en el país.
“Esto, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Entendiendo que tienen un componente prestacional relevante del Estado, o de entidades particulares que, en sistemas de provisión mixta, como educación y salud, también contribuyen hacia el bien común”, explicó.
«Una ponencia amigable con operadores jurídicos»
Por su parte, Razazi profundizó en que en la jornada «realicé una ponencia sobre el debido proceso, pero de una manera didáctica considerando 3 niveles o tiempos. Primero hablé sobre el debido proceso en el derecho objetivo, luego de como lo ha entendido hermenéutica institucional y finalmente aplicado a casos concretos».
Agregó que «como la invitación fue al primer congreso estudiantil de Derecho Público, la materia del debido proceso fue transversal a las diferentes ramas del mismo. Además de tratarse de la ‘forma’ en que precisamente los operadores jurídicos defienden los derechos e intereses de sus representados, tiene habitualmente el carácter de garantía internacional, constitucional y administrativa».
Al ser consultado sobre a quién fue dirigido su tema, el académico contestó que «principalmente a los estudiantes de derecho y a los que presentan un interés particular por el derecho público. También fue una ponencia amigable con operadores jurídicos».