Facultad de Derecho UNAB analizó los delitos de posición y sus efectos en la interpretación de la Ley de Delitos Económicos

Con el objetivo de profundizar la discusión sobre una de las categorías emergentes del Derecho Penal contemporáneo, la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello realizó el seminario internacional «Delitos económicos como delitos de posición», instancia que convocó a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos que plantea esta propuesta dogmática y su aplicación en el ordenamiento jurídico chileno. 

La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho y el Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAB, y se desarrolló en el marco del proyecto Fondecyt de Iniciación N.° 11250456, «Los delitos de posición como nueva categoría delictiva», investigación encabezada por el profesor investigador de la Facultad de Derecho, Dr. Alejandro Leiva López. 

El encuentro contó además con los comentarios de la Dra. Ximena Marcazzolo Awad, profesora investigadora y subdirectora del Doctorado en Derecho de la Universidad del Desarrollo, y del Dr. Víctor Gómez Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y director de su Departamento de Derecho Penal y Criminología y Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

Una nueva categoría para comprender los delitos económicos 

Durante su exposición, el profesor Alejandro Leiva presentó los principales avances de su investigación, que surge a partir del estudio de los delitos especiales y de la necesidad de explicar determinadas figuras incorporadas por la Ley de Delitos Económicos. 

El académico sostuvo que no toda exigencia legal relativa al cargo, función o posición de una persona dentro de una organización configura necesariamente un delito especial. A partir de esa premisa, propuso comprender estas conductas como delitos de posición, categoría que permite explicar aquellos casos en que la responsabilidad penal se vincula con la posición organizacional del autor y con el contexto en que se desarrolla la conducta, sin restringir la autoría exclusivamente a quienes poseen una determinada cualidad personal. 

Desde esta perspectiva, explicó que esta construcción dogmática ofrece herramientas para interpretar de mejor manera la Ley de Delitos Económicos y la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, especialmente en materias relacionadas con la autoría, la coautoría y la participación de personas que intervienen en la comisión de delitos económicos desde distintos roles dentro o fuera de una organización. 

Asimismo, abordó los desafíos que plantea la incorporación de delitos funcionarios al catálogo de delitos económicos, distinguiendo aquellos casos que conservan la naturaleza de delitos especiales de aquellos que pueden comprenderse adecuadamente mediante la categoría de los delitos de posición. 

Precisar el alcance de la legislación 

En sus comentarios, la profesora Ximena Marcazzolo destacó la relevancia de la investigación y valoró que el trabajo profundice en el significado jurídico de expresiones como «cargo, función o posición», conceptos que, a su juicio, resultan fundamentales para comprender la regulación vigente. 

La académica sostuvo que es importante diferenciar el papel que estas nociones cumplen en la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas respecto del que desempeñan en la Ley de Delitos Económicos, ya que ambas responden a finalidades distintas. En ese sentido, planteó que distinguir entre los conceptos de empresa y persona jurídica permite fortalecer el análisis dogmático y precisar los presupuestos de responsabilidad en cada régimen jurídico. 

Asimismo, indicó que la investigación abre una discusión necesaria sobre los criterios utilizados por el legislador para transformar determinados delitos comunes en delitos económicos, aportando nuevas herramientas para comprender el alcance de esta legislación. 

Un debate dogmático con proyección internacional 

El profesor Víctor Gómez Martín valoró la investigación desarrollada en la Universidad Andrés Bello y destacó que el estudio de los delitos de posición constituye una discusión de gran actualidad dentro de la dogmática penal comparada. 

Durante su intervención, manifestó su coincidencia con la utilidad de esta categoría para analizar determinados delitos económicos y reconoció el interés de vincularla con la legislación chilena sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y delitos económicos. 

Al mismo tiempo, expuso una diferencia conceptual respecto de la tesis presentada por el profesor Leiva. Mientras la investigación sostiene que los delitos de posición conforman una categoría distinta de los delitos especiales, Gómez Martín defendió la idea de que estos pueden entenderse como una modalidad de delitos especiales en sentido amplio, dado que el propio tipo penal delimita el círculo de posibles autores a quienes ocupan una determinada posición jurídica u organizacional. 

El académico español explicó que esta diferencia no es meramente terminológica, sino que puede tener efectos prácticos en la determinación de la autoría, la coautoría y la participación penal, especialmente cuando intervienen personas que no ocupan formalmente la posición descrita por la ley. 

Las distintas perspectivas expuestas durante el seminario permitieron enriquecer el análisis sobre la evolución del Derecho Penal económico y evidenciaron la importancia de generar espacios de discusión académica en torno a los desafíos interpretativos que plantea la legislación vigente. En esa línea, la actividad reafirmó el compromiso de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello con el desarrollo de investigación jurídica de excelencia y con la generación de instancias de diálogo entre especialistas nacionales e internacionales.