Expertos se reunieron en una exposición sobre la libertad condicional como herramienta de reintegración social
Durante la conferencia “Libertad condicional en Chile: reinserción social en un contexto de temor” un grupo de especialistas en ejecución penal abordaron la complejización en el otorgamiento de la libertad condicional en Chile, sus avances y desafíos en la regulación y aplicación.
En el actual escenario de sensación de inseguridad y con una agenda legislativa abundante en leyes que prometen endurecer las penas y restringir los beneficios de quienes cumplen penas privativas de libertad, la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello organizó la conferencia “Libertad condicional en Chile: reinserción social en un contexto de temor”.
En Chile la percepción del temor comenzó a medirse a inicios de la década del 2000; desde entonces la victimización, es decir, el número de personas que ha sido víctima de un hecho delictual varía históricamente en torno al 20%, en tanto, la percepción de inseguridad actualmente se mantiene sobre el 80%.
Las cifras de los últimos cinco años muestran que la delincuencia no ha tenido una variación significativa, salvo en tres ejes: un aumento de la tasa de homicidios, especialmente de aquellos sin imputado conocido; además de un mayor uso de armas de fuego en la delincuencia violenta; y la reaparición de delitos poco conocidos en nuestro entorno como el secuestro y el sicariato.
. Al respecto la académica de la U. Andrés Bello y organizadora del evento, Consuelo Murillo explica que “Chile es un país que encarcela mucho… tendemos a encarcelar más, pese a poseer una realidad delictiva de menor complejidad”.
Fueron ese conjunto de factores los que impulsaron la presentación de este conversatorio que buscó abordar, desde una mirada experta, la realidad de Chile frente al cumplimiento de penas privativas de libertad, pero especialmente en el otorgamiento de la libertad condicional.
La libertad condicional como herramienta de reinserción
En Chile la reincidencia de quienes son libertos condicionalmente asciende en torno al 20 y 30%, mientras la de aquellos que son liberados después de cumplir sus penas privados de libertad completamente, está en torno al 50 y 60%, es decir, quienes no acceden a este beneficio tienden a reincidir el doble de veces.
En esa línea los expositores Álvaro Castro, de la Universidad de Chile; Paula Vial, de la Universidad Católica; y Alejandro Arévalo, funcionario de Gendarmería de Chile, se refirieron a los beneficios sociales de la libertad condicional y su uso como herramienta de reinserción social.
En su exposición “Permisos de salida y libertad condicional como mecanismos de puesta en libertad anticipada en Chile: ¿necesidad de una revisión?”, el profesor Castro, habló de las condiciones que propician la reinserción social de quienes están privados de libertad y cómo acompañar la libertad condicional con tareas de aprendizaje social y acompañamiento.
Para ello estableció paralelismos entre la realidad europea y la nacional, considerando los Derechos Humanos que son aplicables a estos casos, especialmente en cuanto a quienes están en situaciones vulnerables, tales como embarazadas, ancianos y personas con algún tipo de discapacidad.
Explicó que, en Chile, no existen reglas especiales por razones humanitarias, y dio como ejemplo el que para el momento del parto, las mujeres con embarazos de alto riesgo, no tienen el derecho explícito de cumplir su pena con una reclusión total domiciliaria, algo contemplado en Europa, y que en Chile se aplica a discreción por un déficit normativo.
Asimismo, se refirió a las irregularidades en torno a el otorgamiento de este beneficio que está en manos de comisiones regionales que dos veces al año determinan, sin una norma clara, quienes pueden o no hacer uso de este beneficio.
Al respecto señaló que estos temas “deberían ser resueltos por jueces de garantía con intervención en lógica acusatoria, con criterios que sean cuestionables jurídicamente” y no de forma discrecional y por parte de comisiones como pasa hoy en día.
En tanto Paula Vial realizó la ponencia “Libertad condicional en Chile: análisis de una reforma en curso”, en la que se refirió a la incorporación de un nuevo proyecto de ley que aumenta los requisitos para acceder a la libertad condicional, cuyo último cambio ocurrió en 2019 y se implementó recién en 2020 por lo que no hay cifras que avalen la necesidad de aumentar los requisitos para postular a este beneficio.
“Este tipo de medidas afectan gravemente la posibilidad de reinserción” señaló Vial, quien además explicó que las cifras en torno al otorgamiento de libertad condicional han sufrido una drástica caída: en el 2017 a nivel de comisión y de medidas de amparo, se otorgó este beneficio a un 63% de los postulantes; en tanto en 2018 el total fue de un 74% de otorgamiento; en 2020 fue de 66% en el primer semestre y 52% en el segundo; y en 2021 comenzó fuerte descenso, con un otorgamiento de un 14%y 16% respectivamente; en 2022 la cifra fue de un 23% en primer semestre y 16% en el segundo semestre; finalmente en 2023 llegó al 9% de quienes postularon durante la primera mitad del año.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del funcionario de Gendarmería, Alejandro Arévalo, con su exposición «Vivencias de los internos en torno al temor: implicancias para la reinserción social«, basado en un estudio que desarrolló con los reclusos de Colina 2.
Arévalo comenzó su ponencia contextualizando el escenario político de Latinoamérica, con Nayib Bukele como el principal impulsor de medidas cada vez más restrictivas y duras contra quienes están privados de libertad, y cómo su influencia ha permeado las agendas legislativas y las propuestas de políticas de quienes aspiran a La Moneda.
Para poner la realidad nacional en contexto Arévalo mostró las cifras de muertes por homicidios en cárceles de Chile (2020), que con 62 muertos al año es la más alta de Latam, superando a Colombia (51) y Ecuador (43). A ello se suma el crecimiento exponencial de quienes están privados de libertad que en la actualidad llega a las 52 mil personas, y está cada vez más cerca de su máximo histórico de 2010 con 54 mil presos, mismo año del incendio en la cárcel de San Miguel.
Respecto a Colina 2 explicó que tiene la mayor concentración de población penal, y el mayor número de homicidios. En ese marco Arévalo desarrolló un estudio que reveló el temor que existe entre la población penal de sufrir violencia y cómo eso afecta a una posible reinserción.
El 73% de los reclusos de Colina 2 siente temor ante la idea de ser víctima de violencia, mientras un 57% señala haber sufrido agresiones físicas por parte de otro interno. Al respecto el investigador explicó que detrás de los indicadores que miden la violencia interpersonal, “hay historias de desesperanzas aprendidas, porque las formas de enfrentar los niveles de agresividad no cambian, siguiendo un mismo patrón normalizado”
Arévalo puntualiza que “en un contexto de violencia y temor es difícil que alguien pueda pensar en rehabilitarse, cuando pasar por el pasillo que te lleva a un taller te da miedo porque pueden agredirte es complejo, porque estás pensando en sobrevivir, no en integrarte a la sociedad”.
El evento se enmarca en la ejecución del proyecto de subvención a la instalación en la academia (Anid) SA77210063.