Expertos evaluaron el sistema electoral con miras al próximo proceso constituyente
El abogado Patricio Zapata y el investigador del Centro de Estudios Públicos, Lucas Sierra, debatieron respecto a este tema en un conversatorio organizado por Clapes UC y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Una interesante conversación se generó en la actividad online “A dos años del nuevo sistema electoral: una evaluación de cara al proceso constituyente”, organizada por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC) y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
El objetivo fue discutir y analizar el funcionamiento del sistema electoral – el cual se reformó en 2015 pasando del binominal a uno proporcional inclusivo D’Hondt que debutó en las elecciones de 2017 – debido a que nos encontramos próximos a enfrentar un proceso constituyente como país.
Según explicó el director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UNAB, Gonzalo Valdés, esta modificación “generó que tuviéramos un Congreso más diverso, pero también más fracturado. Además, trajo cambios importantes en la dinámica política, tales como mayor proporcionalidad, nuevos pactos y partidos entrantes, crecimiento del arrastre, aumento de candidatos por distrito, entre otros”.
De ahí que un momento de revisión del sistema se volviera relevante y así lo calificó también Patricio Zapata, abogado y profesor de Derecho UC, quien aseguró que “es un ejercicio importantísimo para la salud de nuestra democracia”.
Revisión a la reforma
Zapata – quien integró el equipo a cargo de trabajar en la reforma al sistema binominal – señaló que “hay esperanzas puestas que no se han dado, la idea era fortalecer la institución parlamentaria, dotar al Congreso de mayores cuotas de legitimidad, pero hoy su prestigio es bastante bajo y los ciudadanos tienen un juicio muy crítico”.
Además, el abogado puntualizó el cuestionamiento sobre el arrastre de algunos parlamentarios con votaciones del orden del 1, 2 o 3 por ciento. “Es un tema complejo, si no hubiera subpactos, segunda cifra repartidora, el problema desaparecería. Esto es algo que no estaba en el proyecto original, a mí no me gustaba esa idea, pero para los partidos era muy importante, yo creo que eso se puede corregir”, dijo.
Sin embargo, el abogado fue enfático en expresar su asombro ante “tanta lágrima vertida” por los parlamentarios arrastrados y ninguna cuando, durante 30 años, quedaron fuera del Parlamento personas con hasta el 30 por ciento de los votos. “Ahí hay que ver cuáles son las cosas que duelen más”, agregó.
Por otra parte, Zapata quiso recalcar también algunos aspectos positivos de la reforma. De esta manera, mencionó la ley de cuotas, que permitió la inclusión de un mayor número de candidaturas de mujeres, además de quitar un poco el poder de las directivas de los partidos políticos al momento de negociar la construcción de las listas.
Sistema electoral y sistema de gobierno
Así, en cuanto a los problemas, el abogado y académico expresó que “cuántos de ellos se explicarían por una disfuncionalidad de la reforma, ya sea en sí misma por estar mal construida, o porque no conversa bien con el sistema presidencial o con algún otro rasgo de nuestra política nacional”.
Específicamente en este aspecto se detuvo Lucas Sierra, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien afirmó que, al realizar esta reforma al sistema electoral, al parecer no se pensó en conjunto con el sistema de gobierno que tiene nuestro país.
“Faltó una mirada a la historia de Chile antes del golpe de Estado del ’73, creo que no se le prestó suficiente atención a la forma presidencial. Porque, a diferencia de la forma parlamentaria, ésta funciona mejor con sistemas mayoritarios y peor con proporcionales”, expresó.
Ambos sistemas – electoral y de gobierno – deben contribuir a una cierta gobernabilidad para que las crisis políticas no se transformen también en crisis institucionales. Pero, dijo Sierra, “el sistema estrenado aumentó la fragmentación del Congreso, lo que plantea la pregunta por la posibilidad del Gobierno de poder llevar adelante su agenda”.
Esto, aseguró el investigador del CEP, se ha visibilizado sobre todo con la gran cantidad de acusaciones constitucionales que se han generado en tan poco tiempo, especialmente luego de la crisis social: contra el ministro de Salud Emilio Santelices en mayo de 2018, contra la ministra de Educación Marcela Cubillos en septiembre de 2019, contra el ministro del Interior Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019, y contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en enero de 2020.
“No estoy diciendo con esto que el Gobierno haya actuado bien durante esa emergencia y el Congreso mal, hubo errores en ambos lados y más en el Gobierno, por cierto, por la mayor responsabilidad que tenía. Pero, ¿cuánto habrá ayudado a la reducida gobernabilidad de esos meses la relación antagónica?”, indicó.
Posteriormente, Sierra invitó a mirar hacia el futuro debate constituyente. “A mi juicio, la principal reforma es cambiar el sistema de gobierno, me inclino por un semipresidencialismo a la francesa. Si no se modifica esto, habría que repensar legislativamente el sistema electoral, no volver al binominal por ningún motivo, pero sí uno con un componente mayoritario”, manifestó.