Expertos analizan Ley de Reparación Integral en la Macrozona Sur

El encuentro, titulado “Reparación como derecho humano: víctimas de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur y la experiencia española frente a la ETA”, se desarrolló en el Senado, en Santiago, con el objetivo de relevar la necesidad de una reparación integral en la Macrozona Sur, reconociéndola como un derecho humano fundamental y contrastando las experiencias chilena y europea.

Entre los asistentes estuvieron la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; la senadora Carmen Gloria Aravena, integrante de la Comisión de Paz y Entendimiento; así como destacados expertos de Chile y España, y el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, Pablo Urquízar.

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, expuso los principales ejes de la Comisión de Paz y Entendimiento, con énfasis en la situación de las víctimas. Subrayó que no es posible abordar solo las causas del conflicto sin considerar sus consecuencias humanas. “No es posible que nos hagamos cargo solo de una parte del problema y no de las consecuencias, que no solo han sido productivas y de desarrollo, sino principalmente humanas, en relación con la necesidad de reparación”, sostuvo.

Aravena advirtió sobre la existencia de “zonas rojas” en la Macrozona Sur, donde se ha visto restringida la inversión, el turismo y el desarrollo. También destacó el impacto intergeneracional del conflicto y la urgencia de una política que priorice la dignidad de las víctimas, aunque se mostró optimista respecto al camino abierto por la Comisión.

Por su parte, la ministra Macarena Lobos subrayó la importancia del proceso iniciado en 2023 con la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, señalando que las conclusiones permiten avanzar hacia una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. “La paz que aspiramos a construir debe basarse en la escucha y el reconocimiento de las víctimas. Por ello, una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo será la Ley de Reparación Integral, para hacernos cargo de quienes han sufrido la violencia”, sostuvo, agregando que el proyecto será ingresado al Congreso antes de fin de año.

Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión, destacó la necesidad de una Ley de Reparación Integral y la creación de un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su implementación.

El coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar, recalcó que el terrorismo constituye una vulneración de los derechos humanos y que el Estado debe reparar a las víctimas según los estándares internacionales de Naciones Unidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, subrayó que países como Francia, Italia y España son ejemplos concretos de cómo enfrentar el terrorismo y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la reparación de las víctimas, avanzando en políticas públicas sólidas y permanentes.

Desde España, Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, advirtió que pasaron 30 años desde los primeros atentados de ETA hasta la aprobación de una ley de reparación. Señaló que solo en los años 90 las pérdidas asociadas a los atentados se estimaron en 25 mil millones de euros. Agregó que, gracias a programas permanentes de educación y prevención en colegios, universidades y comunidades, los atentados han disminuido de forma sostenida en el país.

En tanto, Carmen Ladrón de Guevara, directora jurídica de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo, valoró el avance legislativo en su país que permite incluso calcular y destinar el patrimonio de quienes han cometido atentados como una forma de compensación a las víctimas.

Finalmente, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia en la Macrozona Sur, hizo un llamado a respaldar el proyecto de Ley de Reparación Integral, poniendo énfasis en la necesidad de dar cobertura legal y apoyo efectivo a las personas afectadas.