Ex-Ante | Opinión de Jorge Sabat: ¿Quién paga realmente la nueva cotización?

En agosto comenzará una nueva etapa de la reforma previsional. La cotización aumentará hasta 13,5% de la remuneración imponible y el incremento será financiado por el empleador. El debate público se ha concentrado en cuánto aumenta el costo laboral y quién termina pagando esa diferencia. Es una discusión importante, pero incompleta. Existe una segunda pregunta que probablemente sea aún más relevante para el éxito de la reforma: ¿cuánto valoran los trabajadores aquello que están financiando con esa cotización?

Los economistas distinguen hace décadas entre la incidencia legal y la incidencia económica de un impuesto o una cotización. Que la ley obligue al empleador a realizar el pago no implica que sea él quien soporte finalmente el costo. Las empresas toman decisiones considerando el costo total de contratar, no sólo el sueldo líquido. Si ese costo aumenta, el ajuste puede producirse mediante menores utilidades, mayores precios, salarios que crecen más lentamente o menores contrataciones. Jonathan Gruber (MIT) mostró que la reducción de las cotizaciones patronales durante la reforma previsional chilena de comienzos de los años ochenta terminó trasladándose casi completamente a mayores salarios. En cambio, evidencia para países europeos encuentra que, cuando existen salarios rígidos o negociación colectiva, una parte importante del ajuste permanece inicialmente en las empresas. La incidencia depende del funcionamiento del mercado laboral y del horizonte de tiempo que se observe.

Sin embargo, esa no es toda la historia. Larry Summers (Harvard) planteó hace décadas que una cotización previsional no debe analizarse como un impuesto cualquiera si genera un beneficio que el trabajador valora. En otras palabras, la incidencia también depende de la percepción. Un peso que entra a una cuenta individual no es equivalente, desde el punto de vista económico, a un peso que desaparece en impuestos generales. Ese ahorro pertenece al trabajador, acumula rentabilidad y financia parte de su pensión futura.

El problema aparece cuando el beneficio es menos visible. Una parte importante de la nueva cotización financiará seguros y mecanismos solidarios. Esos instrumentos cumplen un rol fundamental porque protegen riesgos que difícilmente podrían asegurarse de manera individual. Pero el beneficio es más difícil de percibir. Depende de contingencias futuras, reglas de elegibilidad y transferencias cuyo valor individual no siempre resulta evidente. La economía conductual ha mostrado repetidamente que las personas tienden a valorar menos aquellos beneficios que son inciertos, complejos o muy lejanos en el tiempo. Si el vínculo entre cotización y beneficio se vuelve difuso, es más probable que la cotización sea percibida como un impuesto que como una forma de protección.

La experiencia internacional muestra que el diseño institucional puede cambiar esa percepción. En Colombia, la reforma a las indemnizaciones en 1990 reemplazó la promesa contingente del empleador por cuentas individuales administradas por fondos especializados. Adriana Kugler (Georgetown) encontró que este cambio permitió reducir los costos laborales. El mecanismo que la autora resalta es el caso de personas que trabajan en empresas con riesgo de quiebra que reduce la deuda por indemnización en casos de quiebra, lo que hizo a los trabajadores valorar el nuevo beneficio. La protección no aumentó necesariamente en magnitud, pero sí se hizo a todo evento. Austria siguió una lógica parecida al reemplazar su sistema tradicional de indemnizaciones por cuentas individuales portables para los nuevos contratos. El objetivo no fue reducir la protección, sino hacerla compatible con un mercado laboral más dinámico.

Esta discusión también deja una enseñanza para Chile. Las políticas sociales no sólo deben preguntarse cuánto recaudar, sino también cómo diseñar beneficios que las personas comprendan y valoren. Un sistema previsional en el que los trabajadores identifican claramente qué parte corresponde a ahorro propio, qué parte financia seguros y qué parte constituye solidaridad probablemente genere una percepción muy distinta de otro donde todos esos componentes aparecen mezclados.

Además de la discusión interminable sobre cuánto del mal estado del mercado laboral es sólo una anticipación de costos de las empresas (40 horas o cotizaciones), necesitamos discutir cómo diseñamos instituciones que entreguen seguridad sin debilitar el empleo, el ahorro y la productividad. La experiencia internacional sugiere, al igual que en el sistema financiero, que la clave no está únicamente en los montos, sino en la confianza que generan y en la transparencia con que los trabajadores perciben sus costos y beneficios. Paradójicamente, una protección social que las personas entienden y valoran es totalmente consistente con un mercado financiero eficiente.

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