Ex-Ante | Legalidad, orden e institucionalidad, bases del Estado de Derecho

Las circunstancias por las que atraviesa el país desde hace ya un tiempo imponen a los actores sociales y políticos una reflexión sincera en torno a la legalidad y el orden como valores imprescindibles para el Estado de Derecho moderno.

La reciente tragedia en Cañete, donde tres carabineros fueron asesinados en un violento atentado, ha sacudido a la sociedad entera. Este acto brutal no solo ha generado consternación y luto en nuestro país, sino que también ha planteado interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el respeto de la ley en un contexto de creciente violencia.

Parece esencial una adhesión honesta y consecuente a la legalidad y el orden porque en rigor, aunque no siempre se tenga plena consciencia, son condiciones imprescindibles para que haya verdadero progreso social. Una idea tan básica como esencial no debiera ser —por cierto— elemento distintivo y exclusivo del discurso de un sector político, sino al contrario un espacio de consenso mínimo.

Justamente, a propósito del Estado de Derecho también corresponde plantearse la necesidad de un entramado institucional adecuado, más complejo y eficiente. Es decir, un Estado al servicio de la persona humana, sin duda, pero también fuerte y del tamaño adecuado. Un Estado de Derecho sano no es solamente un Estado libre de corrupción, sino también con la capacidad real para asumir las funciones que como sociedad le encargamos.

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