Ex – Ante | Estado de Emergencia: efectividad y desafíos en el sur

A más de tres años de la declaración del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur de Chile, el reciente informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello da cuenta de un análisis empírico y doctrinario que permite evaluar de forma rigurosa los efectos de esta medida excepcional.

Basado en datos oficiales de Carabineros de Chile y en una revisión sistemática del marco normativo, el estudio concluye que la aplicación del régimen de excepción ha tenido efectos positivos en la contención de los hechos de violencia en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío. Sin embargo, advierte sobre las limitaciones estructurales de esta herramienta frente a un fenómeno de alta complejidad sociopolítica.

Desde el punto de vista empírico, los datos revelan una disminución significativa de los principales indicadores de violencia tras la implementación del Estado de Emergencia en mayo de 2022 en tres años. Las denuncias por hechos delictivos cayeron un 37,3%, los homicidios se redujeron en un 55%, y los lesionados disminuyeron en un 50%. Asimismo, delitos estratégicamente relevantes como incendios y usurpaciones mostraron reducciones del 39% y 63%, respectivamente.

Esta tendencia descendente se observa especialmente en las regiones y provincias donde la medida fue aplicada con mayor intensidad, lo cual refuerza la tesis de su efectividad en términos de disuasión y control territorial focalizado.

No obstante, el informe señala también fenómenos de desplazamiento de la violencia hacia zonas no cubiertas por el régimen de excepción, como las provincias de Ranco y Osorno. Este patrón de reconfiguración territorial evidencia que la problemática en la Macrozona Sur se adapta a nuevas condiciones operativas. Asimismo, del total de comunas afectadas (67), la mitad de la violencia se concentra en 5 comunas: Collipulli, Ercilla, Cañete, Victoria y Tirúa lo que da cuenta de la necesidad de focalización.

Por otro lado, la actividad de orgánicas radicalizadas y terroristas también refleja esta lógica: mientras que agrupaciones históricas como la Coordinadora Arauco Malleco, la Weichán Auka Mapu o la Resistencia Mapuche Lafkenche disminuyeron su frecuencia de acciones delictuales, la Resistencia Mapuche Malleco incrementó un 179% sus delitos.

En términos institucionales, uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el uso del Estado de Emergencia no implicó una suspensión generalizada de derechos fundamentales. Durante los 1.083 días considerados, solo se aplicó toque de queda en tres comunas y por un período acotado de 76 días, sin registrarse afectaciones a los derechos humanos.

Esto sugiere que, bajo condiciones de control civil, reglas de uso de la fuerza claras y supervisión institucional efectiva, los regímenes de excepción pueden implementarse en un marco democrático respetuoso del Estado de Derecho.

Sin embargo, el informe también pone en cuestión la creciente normalización del Estado de Emergencia como mecanismo de gobernanza. Desde su instauración en mayo de 2022, la medida ha sido prorrogada más de 58 veces, lo que, pone en riesgo su naturaleza excepcional y temporal. La reiteración sistemática del régimen podría evidenciar la ausencia de una estrategia de normalidad y la carencia de políticas públicas integrales que ataquen otras causas de la problemática.

En efecto, el informe concluye que la efectividad del Estado de Emergencia es de carácter contingente: permite reducir la violencia en el corto plazo, pero no transforma las condiciones que la producen. La persistencia de la violencia, su redistribución geográfica y el fortalecimiento de ciertas orgánicas, da cuenta que el régimen de excepción sirve pero es insuficiente. Por tanto, su aplicación debe estar subordinada a una estrategia multidimensional que articule seguridad, desarrollo territorial e inclusión social.

El desafío, entonces, no radica únicamente en mejorar la eficacia operativa del Estado bajo condiciones excepcionales, sino en diseñar una política pública estructural y de largo plazo. Ello implica fortalecer la inteligencia y fomentar la coordinación interagencial. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de eternizar una medida pensada para ser temporal.

En suma, el estudio nos recuerda que, si bien el Estado de Emergencia puede ser eficaz en escenarios de alta conflictividad, su uso prolongado sin una política de normalidad solo posterga -pero no resuelve- los problemas de fondo. El verdadero desafío del Estado chileno no es sostener la excepción únicamente, sino restablecer la seguridad en un territorio que la exige hace mucho tiempo, volviendo a la normalidad.