Ex-Ante | ¿Es Chile un país inseguro?

Quienes nos dedicamos al Derecho Penal y Criminología, intuitiva e inmediatamente, responderíamos, con cifras que nos avalan, que Chile es el país más seguro de la región. Sin embargo, la respuesta a la interrogante planteada, en caso alguno, carece de complejidad.

Efectivamente, Chile posee cifras de delitos violentos extraordinariamente bajas: los homicidios, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se sitúan en 4 por cada 100.000 habitantes, lo que nos posiciona muy lejos de los 31 de Belice, 29 de Bahamas, 27 de Colombia y 22 de Brasil.

Lo anterior no resulta suficiente para explicar a qué se debe que estos índices, que deberían dejarnos satisfechos como número de macro criminalidad más que aceptables, no se condicen con la sensación de inseguridad de la población. Muestra de ello es la reciente publicación de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en la que se da cuenta que la percepción de la ciudadanía no es tan auspiciosa como las cifras anteriores. En 2023, un 87,6% de los encuestados consideró que la delincuencia aumentó en el país en los últimos 12 meses. Además, se han incluido, dentro de este indicador, delitos que nos parecían lejanos, como el secuestro extorsivo.

Estos hechos nos llevan, muchas veces, a ver cómo se provoca una verdadera oleada de reformas, que tienen poco sustento en la evidencia científica y que, poco o nada, ayudan al verdadero control de la criminalidad lo que, por supuesto, trae aparejada una nueva sensación (incorrecta) de inseguridad.

Esta nueva realidad acarrea múltiples oportunidades en distintas materias. Debería transformarse en una prioridad la posibilidad de abordar, a través de estudios serios, las reformas plausibles. No se trata solo de leyes que prometan más cárcel -que, como señala el criminólogo escocés David Garland, han llevado a una verdadera cultura del control- pero que no ofrecen mejores condiciones generales para una real reinserción, dejando en la nebulosa y despreocupación las causas que provocan la ocurrencia de delitos, que en la mayoría no son posibles de solucionar por medio de la privación de libertad.

Lee la columna completa acá.