Ex-Ante | Desafíos y oportunidades: La inclusión de personas con discapacidad en Chile

Es cierto que en Chile se han implementado políticas orientadas a la inclusión educativa, logrando así disminuir la brecha de ingreso a los espacios regulares de aprendizaje, pero no es menos cierto que aún existen barreras que limitan el acceso a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, abordó cómo es posible pensar en un país más inclusivo, donde cada persona, independiente de sus capacidades, tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de Chile.

Esta es la columna de la experta en el medio ExAnte, este 17 de marzo de 2024:

Para toda sociedad que aspira a una mayor justicia social, la inclusión se torna un elemento clave, exigiendo especial esfuerzo frente a grupos en riesgo de exclusión como las personas con discapacidad (PcD). Avanzar en esta materia se presenta como un imperativo, pero también como una oportunidad para un progreso colectivo. Chile no es la excepción a este desafío y, si bien durante los últimos años se ha avanzado significativamente en ámbitos como educación e inclusión laboral, aún persisten importantes brechas para este sector de la población.

Entendiendo que la educación es un factor fundamental de movilidad social y un pilar base para el desarrollo humano, los esfuerzos y voluntades debieran concentrarse con determinación para generar espacios educativos realmente inclusivos.

Cierto es que en Chile se han implementado políticas orientadas a la inclusión educativa, logrando así disminuir la brecha de ingreso a los espacios regulares de aprendizaje, pero no es menos cierto que aún existen barreras que limitan el acceso a una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y no se trata solo de una falta de infraestructura adecuada que, por cierto, es la más visible y a la vez, probablemente la de más fácil solución. La educación inclusiva en nuestro país enfrenta una dramática escasez de recursos especializados. Para dar respuesta a aquello, se requeriría convocar a todos los agentes involucrados en la materia, para así planificar una ruta de trabajo intersectorial sostenible en el tiempo, abordando la problemática de manera integral y no parcelada.

Un primer elemento es, sin duda, la formación docente, ya que el avance en normativas de acceso a la educación no ha ido acompañado de una actualización de las herramientas pedagógicas necesarias para que los profesores logren un aprendizaje efectivo de TODOS sus estudiantes. Ello, solo por mencionar uno de los obstáculos que enfrentan diariamente los alumnos con discapacidad y para avanzar, es fundamental que el Estado y la sociedad en su conjunto redoblen los esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, que reconozca y valore la diversidad de capacidades, promoviendo el pleno desarrollo de TODOS los estudiantes.

Pero la etapa escolar no es el fin de la trayectoria vital de una persona; es antesala de la formación para el mundo del trabajo, espacio con una cabida extremadamente baja para PcD hasta hace poco tiempo. Hoy existen más alternativas de formación en educación superior, pero aun sin el impacto esperado en inclusión laboral, la que sigue siendo un gran desafío a pesar de los avances normativos y las iniciativas de sensibilización. Si bien el panorama ha mejorado desde la entrada en vigencia de la ley 21.015 -pronta a cumplir 6 años- las PcD continúan enfrentando altas tasas de desempleo (al 2020, recién se logró una tasa cercana al 34% de contratación de PcD en relación con el universo total, según Fundación ConTrabajo 2021).

Las barreras físicas, sociales y especialmente culturales dificultan su acceso al mercado laboral y limitan sus oportunidades de desarrollo profesional. Es imprescindible seguir avanzando en materia de política pública, a fin de promover la capacitación continua, la adaptación de puestos de trabajo y la contratación equitativa, así como sensibilizar a empleadores y trabajadores sobre los beneficios de convivir en ámbitos laborales diversos e inclusivos.

Ahora bien, detrás de estos desafíos se vislumbran también grandes oportunidades. La inclusión de PcD en educación y empleo no solo contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, sino que también enriquece la diversidad, la creatividad y la productividad de nuestras comunidades. Las personas con discapacidad no son solo beneficiarias de políticas de inclusión, sino agentes activos de cambio y progreso.

Así pudimos observar este 8M, día en que mundialmente se conmemora a la Mujer. Este año, una iniciativa conjunta del Centro UC Down y Fundación Mujeres Bacanas se propuso relevar el aporte de un grupo de mujeres con discapacidad cognitiva, premiándolas con el reconocimiento “BacanaMente”. Con orgullo, vimos recibir este reconocimiento a Valentina Biskupovic, alumna del Programa Diploma en Habilidades Laborales de UNAB, por destacarse como deportista de excelencia que ha derribado estereotipos representando a Chile en rugby y otras disciplinas. Pía Urrutia, egresada del mismo Programa, recibió la mención honrosa por su carrera como actriz en diversos formatos, destacándose especialmente por su papel en la aclamada serie de Netflix: “Cromosoma 21”.

Con ejemplos como éstos, queda demostrado que superando los prejuicios y derribando barreras, es posible pensar en un país más inclusivo, donde cada persona, independiente de sus capacidades, tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de Chile.