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Ex-Ante | Columna de opinión: Licencias médicas, bajar el abuso exige algo más que fiscalizar
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello y el académico Manuel Inostroza analizaron la problemática de las licencias falsas.
En una columna publicada el 10 de octubre por Ex-Ante, el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez y el académico Manuel Inostroza, analizaron la problemática de las licencias médicas falsas.
Los expertos señalaron que «las licencias médicas cumplen una función indispensable: proteger a quien enfrenta una enfermedad y permitirle recuperar su salud sin quedar desprotegido económicamente».
«Por eso, cuando se utilizan sin justificación sanitaria, el problema no es solo el gasto que generan. También se deteriora la confianza en una prestación necesaria para millones de personas», indicaron Sánchez e Inostroza.
Un 47% de las personas considera fácil o muy fácil comprar una licencia directamente con médicos que se dedican a ello.
Los académicos añadieron que «a misma proporción cree que es fácil o muy fácil obtenerla mediante una página de internet o conseguir una licencia injustificada con un médico amigo».
«Si una parte importante de la población cree que existen mecanismos accesibles para obtener una licencia injustificada, significa que persisten brechas de control y una idea de que estas conductas no siempre tienen consecuencias relevantes», señalaron Sánchez e Inostroza.
En 2024, un 47% decía conocer a alguien que, sin estar enfermo, se había conseguido o comprado una licencia para ausentarse del trabajo. En 2026 esa cifra baja a 37%.
Los expertos señalan que «sería prematuro interpretar estas cifras como la solución definitiva del problema. Esta caída puede reflejar el efecto de una mayor fiscalización, de las investigaciones conocidas y de una mayor conciencia sobre las consecuencias del mal uso».
«Pero existe el riesgo de que, pasado su impacto inicial, las malas prácticas tiendan nuevamente a normalizarse», advirtieron Sánchez e Inostroza.
Para los expertos «ese riesgo adquiere especial relevancia porque la valoración social sigue siendo ambivalente. Un 33% considera que comprar o conseguir una licencia médica es un delito que debe ser castigado, mientras 28% lo califica de inaceptable en cualquier situación, aunque no delito».
Finalmente, Sánchez e Inostroza concluyeron que «la evidencia disponible muestra que es posible avanzar. Ahora el desafío es evitar retrocesos y convertir esta disminución en un cambio permanente».
