Ex-Ante | Columna de opinión: A siete años de la Ley de Inclusión Laboral, ¿cuánto hemos avanzado realmente?

En una columna de opinión publicada en el portal Ex-Ante, la Directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, Alejandra Ríos, evaluó el impacto de la Ley 21.015 a siete años de su entrada en vigor. Una normativa que busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad (PcD), pero que los resultados hasta ahora, según señala, reflejan una brecha aún significativa.

Ríos destacó que, según la última Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENDISC III, 2023), la ocupación laboral de las personas con discapacidad alcanza un 40%, mientras que las personas sin discapacidad superan el 62%. Esta diferencia pone en entredicho la efectividad de una ley cuyo objetivo central es eliminar barreras en la participación laboral.

A ello se suman datos entregados por la Fundación ConTrabajo, que indican que entre abril de 2018 y julio de 2024 se firmaron alrededor de 124.300 contratos con PcD y/o asignatarias de pensión de invalidez (API), pero el 56% de esos vínculos laborales ya ha finalizado. Esto equivale a 1,2 contratos terminados por cada uno vigente, una señal preocupante sobre la sostenibilidad del empleo en este grupo.

La experta también subrayó un aspecto crítico sobre el modo en que muchas empresas han cumplido con la cuota del 1% que exige la ley, afirmando que muchas organizaciones incorporaron trabajadores con discapacidad que ya se encontraban en su nómina antes del 2018, sin crear nuevos empleos. Esto se refleja en que el 82% de los contratos registrados desde la entrada en vigencia de la ley corresponde a contrataciones previas, y solo el 18% son nuevos contratos celebrados a partir de esa fecha.

Para Ríos, estos datos demuestran que el impacto de la Ley 21.015 ha sido menor al esperado. A su juicio, el problema no está únicamente en el acceso, sino también en la permanencia y desarrollo dentro del mundo laboral.

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