Ex – Ante | Caso fundaciones: ejecutar es mucho más que transferir

Hace pocos días, el Contralor General dio cuenta de la existencia de 9 Gobiernos Regionales cuestionados en relación con transferencias de recursos, profundizando la crisis generada en el denominado “Caso Fundaciones”.

Frente a esta situación, la autoridad ha reaccionado anunciando modificaciones legales que fijen como exigencia la concursabilidad de los proyectos que buscan financiamiento público, y el otorgamiento de cauciones para garantizar las transferencias. Valga señalar que esas medidas de buena administración no constituirían ninguna novedad, pues llevan años ejecutándose en numerosos organismos públicos, y además la CGR lo ha indicado como buena práctica desde hace años.

Nuestro sistema de gestión regional descansa en un modelo de tercerización propio del llamado “Estado relacional”, lo que significa que la generación de bienestar es una tarea que se comparte con agentes privados, a los que el Estado financia total o parcialmente para alcanzar sus fines de bien común. En este modelo es necesario seleccionar a los privados que ejecutarán las políticas públicas, controlar el cumplimiento y después evaluar el impacto social. Estas dos últimas etapas brillan por su ausencia.

Nuestro sistema se caracteriza por incentivar la ejecución del presupuesto antes de fin de año, pero una vez transferido no existe preocupación por la rendición de cuentas ni tampoco del impacto social de lo obrado. Es sin duda necesaria la concursabilidad y las cauciones, y que los recursos públicos no se destinen a lencería o cuentas de restoranes, pero no podemos olvidar el cuantificar el impacto social de lo realizado. No se cumple el objetivo social si los gastos no tienen impacto, aunque estén bien licitados y ejecutados.

Se requiere de medidas que ataquen de verdad los focos de clientelismo y corrupción que han sido detectados los últimos años. Por ello, urge tomar decisiones orientadas a incorporar en la institucionalidad atribuciones efectivas de fiscalización que permitan controlar no solo la ejecución de los recursos y la selección de los recipiendarios, sino también evitar que los haberes se dirijan a financiar sueldos u otros gastos ordinarios de la entidad privada; alcanzar una total rendición de cuentas; la recuperación efectiva de los fondos no rendidos, objetados o no ejecutados; y también el impacto social efectivo de la actividad financiada.

Además de establecer las tareas, deben tomarse decisiones apropiadas en cuanto a los ejecutores de estas actividades, pues si no tienen facultades efectivas, o pueden temer las represalias de la autoridad, todo se quedará en letra muerta. Así, parece interesante reforzar el rol fiscalizador del Consejo Regional, incorporando alguna unidad de profesionales que pueda coadyuvar en el control, estableciendo los sistemas de responsabilidad de los funcionarios involucrados en conductas contrarias a la ley, además de las consecuencias presupuestarias derivadas de la evaluación que se haga desde la Dipres.

Mejorar la institucionalidad de seguimiento de los gastos es relevante para toda la administración pública, pero especialmente para los Gobierno Regionales. Así como en los últimos años se ha progresado en legitimidad democrática de sus autoridades es menester avanzar en el control efectivo de su gasto, y en el valor público de sus programas.

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