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Estudio identifica trabas regulatorias y culturales para el uso de medicamentos biosimilares contra el cáncer en Chile
Una investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y el capítulo chileno de ISPOR advierte que normas desactualizadas, resistencia médica y falta de información frenan la adopción de biosimilares, pese a su potencial para mejorar el acceso a terapias oncológicas.
El alto costo de los medicamentos biológicos originales continúa siendo uno de los principales desafíos para el acceso a terapias innovadoras en Chile, especialmente en el ámbito oncológico. Esta realidad ha empujado a numerosos pacientes a recurrir a la judicialización para obtener tratamientos, tensionando aún más al sistema de salud. En ese escenario, los medicamentos biosimilares aparecen como una alternativa capaz de reducir costos y ampliar el acceso. Sin embargo, su incorporación en la práctica clínica sigue siendo limitada.
Esa paradoja es el eje de una investigación desarrollada por Daniela Paredes, presidenta de ISPOR Chile y académica del Instituto de Salud Pública UNAB, junto a Rony Lenz, académico del mismo instituto. El estudio se basó en entrevistas a oncólogos, farmacéuticos, autoridades y pacientes, y concluye que los obstáculos para la adopción de biosimilares en Chile van mucho más allá de lo económico.
Instrumentos desactualizados
Uno de los principales hallazgos apunta al marco regulatorio vigente. La investigación identifica a la Norma Técnica N°170, que regula desde 2014 el registro de productos biotecnológicos, como un instrumento que quedó rezagado frente a la rápida evolución de la industria farmacéutica.
Aunque la norma reconoce la intercambiabilidad bajo supervisión médica, los entrevistados coinciden en que no entrega señales claras ni actualizadas para promover el uso de biosimilares. Para los autores, esta falta de actualización genera incertidumbre y refuerza la preferencia por los medicamentos originales.
El estudio también releva el rol central que tiene el médico tratante en la decisión terapéutica. “En el sistema chileno, la elección entre un biológico original y un biosimilar recae casi exclusivamente en el clínico, sin que exista la obligación de justificar dicha decisión ni incentivos concretos para optar por alternativas más costo-efectivas», explica Paredes.
Según recogen los investigadores, desde la perspectiva médica el riesgo percibido de cambiar un tratamiento que “ya funciona” supera cualquier consideración presupuestaria, la que no es vista como parte de su responsabilidad directa.
Persiste asociación precio-calidad en medicamentos
La investigación muestra que persiste la asociación entre precio y calidad, donde un medicamento más caro tiende a percibirse como superior. “Esta creencia dificulta la confianza en los biosimilares, pese a que estos cuentan con evaluaciones de calidad, seguridad y eficacia exigidas por la autoridad sanitaria” subrayan los autores.
En paralelo, los entrevistados reconocen una confusión persistente entre conceptos como medicamentos genéricos, biológicos y biosimilares, lo que debilita la toma de decisiones informadas.
Falta de información transparente
Otro elemento crítico identificado por el estudio es la falta de información transparente y sistematizada sobre el impacto presupuestario real de los biosimilares.
“Aunque la evidencia internacional y local muestra ahorros relevantes para los sistemas de salud, esa información no siempre es accesible ni clara para los actores involucrados”, aclaran. Además, mencionan que existe incertidumbre respecto de quién captura efectivamente esos ahorros dentro del sistema, lo que reduce los incentivos institucionales para promover su adopción, especialmente en programas de alto costo.
En este contexto, la investigación concluye que el bajo uso de biosimilares en Chile responde a un problema multidimensional, donde confluyen factores regulatorios, culturales, clínicos y políticos. Para revertir esta situación, los autores plantean la necesidad de avanzar de manera coordinada en varios frentes: actualizar la normativa vigente, fortalecer la educación médica continua, mejorar la comunicación pública sobre qué son los biosimilares y generar evidencia económica clara y transparente que permita visualizar sus beneficios para el sistema y los pacientes.
