Estancamiento económico y crecimiento del gasto público

La necesidad de una fuerte reestructuración y reducción del gasto público es inevitable. No obstante, llevar a cabo estas reformas será un proceso complejo. Los intereses de diferentes grupos colisionan y la inercia burocrática en el aparato estatal son fuerzas poderosas que no llegarán a acuerdos fácilmente.

Nuestro país enfrenta un crecimiento económico que continúa decepcionando. Tras la pandemia, el estallido social y un proceso inflacionario que dejó huellas profundas, la recuperación ha sido lenta y con desigualdades evidentes. El crecimiento se mantiene muy por debajo del 5% a 6% que necesitamos para mejorar la calidad de vida. Más aún, ha sido imposible reducir el empleo informal, que no paga leyes sociales (cotizaciones, salud y seguro de cesantía) ni recauda impuestos.

Estas cifras lamentablemente no son sorpresivas, sino que más bien el resultado esperable de políticas públicas ineficientes y una sequía legislativa en temas claves como pensiones, mercado laboral e impuestos. Algunas variables clave como los salarios reales y el empleo nunca volvieron a sus niveles anteriores a 2019, señalando que los fundamentales de nuestra economía no se han restablecido.

En la Universidad Andrés Bello hemos desarrollado el Barómetro UNAB de la economía chilena que considera 20 indicadores esenciales. El panorama que ofrecen estos datos es sombrío: en el último mes, el 75% de las variables empeoraron. Los índices más golpeados fueron el ahorro en cuentas corrientes y depósitos a plazo, la inversión extranjera directa, la inflación y el Imacec.

Estos resultados no son un accidente aislado, sino la confirmación de una realidad que muchos ya sospechaban: nuestra economía está estancada, y lo ha estado durante cerca una década. Una de los factores que explica el inicio de este estancamiento en el crecimiento corresponde a la Reforma Tributaria de 2014 que cambio una serie de incentivos en el aparato productivo del país, seguido el estancamiento en productividad, así como el aumento de incertidumbres asociadas a los procesos constitucionales y el surgimiento de liderazgos populistas en la política chilena en los últimos años.

Pero lo más preocupante es que este modesto crecimiento ha sido generado a base de un creciente endeudamiento público. Esta estrategia evidentemente no es sostenible. No podemos seguir financiando el crecimiento económico con deuda que por seguro sabemos se traducirá en mayores impuestos para las futuras generaciones. Toda deuda debe pagarse y la forma típica que usan los gobiernos para ello es subir los impuestos con la expectativa de aumentar su recaudación.

Sin embargo, en esta alza de impuestos, se alteran los incentivos y como se ha visto en Chile y en el mundo, las reformas tributarias tienden a recaudar menos de lo que eran sus metas originales. Imponer estos tributos sobre las futuras generaciones crea desigualdades tanto intergeneracionales como intrageneracionales. Sin mencionar, que a mayor deuda, mayor será la tasa de interés que el país tendrá que enfrentar.

Entonces, ¿cómo salimos de este atolladero? La respuesta está en una reestructuración profunda de nuestro gasto público. Primero, es necesario revisar y eliminar aquellos programas públicos que han sido mal evaluados por su alta ineficiencia o derechamente por su falta de utilidad.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha hecho su trabajo de identificar estos programas, pero su labor debe ser apoyada con acciones concretas por parte de la élite política, en particular, la Presidencia y el Congreso Nacional. Además, debemos cuestionar la existencia y la creación de nuevos ministerios, que parecieran existir solo para mejorar las cifras de empleo público, ya que sus resultados son prácticamente inapreciables.

La necesidad de una fuerte reestructuración y reducción del gasto público es inevitable. No obstante, llevar a cabo estas reformas será un proceso complejo. Los intereses de diferentes grupos colisionan y la inercia burocrática en el aparato estatal son fuerzas poderosas que no llegarán a acuerdos fácilmente.

Pero si no tomamos medidas pronto, corremos el riesgo de perpetuar un modelo económico que sólo garantiza más estancamiento y una crisis fiscal en el futuro. Crisis fiscal que se convertirá en una crisis económica prolongada donde no tendremos la herramienta del gasto público para estimular la recuperación, y el único camino será asumir las consecuencias de nuestros actos colectivamente hasta que el ajuste sea completo. Ajuste cuyo principal costo a pagar será más desempleo y más desigualdad.

El camino es claro, pero no será sencillo. Sin embargo, la alternativa —seguir como estamos— no es opción. Es momento de tomar decisiones duras y, quizás poco populares, para asegurar que el futuro económico de nuestro país sea sostenible, próspero y equitativo.