Estado podría ahorrar US$500 millones con mejor gasto público

Según proyecciones del Ministerio de Hacienda, la deuda bruta del gobierno central llegaría a cerca del 42% del PIB hacia fin de año, acercándose al umbral prudente del 45%. En un escenario de estancamiento económico por más de una década, la necesidad de ordenar las cuentas fiscales ha cobrado relevancia en diversas candidaturas presidenciales, quienes han propuesto recortes que van entre los 2 mil y 6 mil millones de dólares para normalizar el gasto estatal.

En esa línea, un nuevo informe del Instituto UNAB de Políticas Públicas revisó el gasto estatal en los conceptos de asignaciones de la Ley de Presupuesto, delineando potenciales recortes sin afectar programas sociales o reducir personal, es decir, sin perjudicar la calidad de vida de la población y, por ende, que sean menos conflictivos políticamente para las autoridades.

En su análisis, el Instituto UNAB de Políticas Públicas revisó datos de Mercado Público y las transferencias que realiza el Estado a través del Presupuesto Abierto con el fin de obtener una visión integral del flujo de recursos en el sector público.

El informe estudió la ejecución presupuestaria de 2023 y 2024, y reveló tendencias estacionales y concentración del gasto en el último trimestre del año, estrategia comúnmente usada para concretar la ejecución del presupuesto asignado al servicio y evitar recortes de presupuesto al año siguiente.

El reporte de la Universidad Andrés Bello detectó, de esta manera, posibles áreas de mejora en la planificación financiera de los servicios públicos con el objetivo de aumentar la eficiencia y efectividad del presupuesto estatal, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima durante todo el año.

Un ejemplo de lo anterior es lo que se desprende al analizar el gasto mensual del gobierno central en papel, artículos de impresión e impresiones de 2024. En este ítem, se detectó que el 11% del presupuesto total anual corresponden a un gasto excesivo concentrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que se encuentra por sobre el máximo realizado en los meses previos. Esto significa que, si el gasto en papel se mantuviera dentro de los rangos del período enero-septiembre gracias a una mejor planificación y control, se podría rebajar el gasto en 30 millones de dólares al año en este ítem.

Así, al analizar todas las transferencias a terceros durante los años 2023 y 2024 -exceptuando transferencias internas entre unidades estatales- se encontró un 2,1% y un 1,9% de gasto innecesario en diciembre, respectivamente, por sobre lo normal en comparación al máximo utilizado en los meses anteriores. De esta manera, el informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello identificó un potencial de ahorro significativo en el gasto público de 515 y 550 millones de dólares al año.

El estudio concluye que ciertos ajustes en la asignación y ejecución presupuestaria permitirían liberar fondos sin comprometer programas sociales ni servicios básicos y, a su vez, sugiere la incorporación de herramientas tecnológicas de seguimiento del gasto, como sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), los cuales permiten monitorear en tiempo real la ejecución presupuestaria, detectar acumulaciones de gasto innecesarias y facilitar la planificación de compras y contrataciones.

Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, analiza estos hallazgos y afirma que “dada la compleja situación económica y fiscal de Chile, es imperioso mejorar la eficiencia del gasto público e identificar todos aquellos espacios que permitan generar ahorro fiscal sin afectar la calidad de vida de los chilenos. Al revisar las transferencias a terceros hemos encontrado un recorte potencial de más de 500 millones de dólares al año, montos que no responden necesariamente a necesidades específicas, sino que más bien a incentivos perversos asociados al cumplimiento del presupuesto anual para evitar eventuales recortes al año siguiente”.