Emol | «Establecer indicadores» y ver más allá del «equipamiento»: El debate por la ejecución de los USD$1.500 millones en seguridad

Luego que el Presidente anunciara una nueva inyección de recursos, tras la muerte del cabo Daniel Palma, voces expertas apuntan a la creación de un grupo transversal que proponga áreas de gasto y le dé seguimiento.

«En todo lo que se refiere a protección policial hay que hacer un mejoramiento, y eso parte por los equipamientos, donde se ha ido avanzando con los chalecos; el armamento disuasivo y letal se tienen que ir mejorando; y los protocolos operativos, cómo se actúa».

Las palabras son de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien enumeró ayer en conversación con Radio Universo algunas de las necesidades que hoy enfrenta Carabineros en materia de resguardos para ejercer su labor policial. Esto, en medio de un mes marcado por la muerte de tres funcionarios y por el aumento del poder de fuego y violencia de las bandas delictuales y el crimen organizado en el país.

Esto, sumado a las recientes declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien el domingo dijo en Tolerancia Cero que al momento de asumir el Ejecutivo, se encontraron con que «las condiciones que tenía Carabineros para enfrentar el alza de la delincuencia eran precarias (…) por eso ha habido un fuerte incremento de presupuesto, no sólo para Carabineros, sino para muchas otras instituciones«.

El presupuesto al que hizo referencia la ministra corresponde al 4,4% para las Fuerzas de Orden y Seguridad, además de la entrega de 647 vehículos nuevos, la renovación de equipos radiales; más de $12 mil millones para comprar nuevos identificadores balísticos, drones y otros equipamientos para el trabajo policial. Los datos, dados a conocer tras el homicidio de la sargento mayor, Rita Olivares, fueron además acompañados por la arista legislativa, con las 16 urgencias a proyectos en materia de seguridad.

Sin embargo, la muerte del cabo Daniel Palma, llevó al Ejecutivo a tomar nuevas acciones en la materia y aumentar la inyección de recursos. El pasado jueves 6 de abril, el Presidente Gabriel Boric, precisó que se agregarán USD$1.500 millones para mejorar la acción del Estado contra el crimen organizado.

«Estos son recursos extra que se ejecutaran anuales en régimen», expresó el Mandatario, además de detallar que con ese monto se comprará nuevo equipamiento y material para las policías y se invertirá en la focalización de la persecución del Ministerio Público para esclarecer homicidios y toda la acción investigativa.

Dudas por ejecución de los recursos

En efecto, aunque las autoridades han dado algunas luces sobre en qué se invertirán los recursos anunciados por el Presidente, algunos conocedores de la materia mantienen opiniones disímiles sobre la real aplicación que puedan tener estos recursos, y sobre dónde aplicarlos.

En conversación con EmolTV, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, planteó que «no basta con anunciar los USD$1.500 millones, es mucho dinero. Esto es como el presupuesto de total de Carabineros», y en base a ciertos antecedentes, a su juicio puede que estos dineros «no se ejecuten».

«Pero quiero dar dos malas noticias. El año pasado se le restó al presupuesto de Carabineros y PDI, en inversión e infraestructura, casi $40 mil millones. El 28 de diciembre se les retiró a Carabineros $22 mil millones porque no fue capaz de hacer la inversión. Entonces, una cosa es anunciar USD $1.500 millones y otra cosa es que realmente se pueda y se ejecute ese presupuesto», precisó Ubilla.

En segundo lugar, recordó que en enero de este año se anunciaron $65.000 millones en el Presupuesto 2023 contra el crimen organizado, «en enero y febrero, se había ejecutado cero pesos».

Por su parte, el ex ministro de Estado y abogado Jorge Burgos, coincidió en el diagnóstico de que «la cantidad que dispuso el Gobierno, a través de su Ministerio de Hacienda, para poner como presupuesto extraordinario, diverso al anual, para la seguridad, es una cantidad de la que no tengo recuerdos de tal magnitud».

En esa línea, precisó que «no es fácil gastar mil quinientos millones de dólares, gastarlos bien, con rigor, donde se necesitan», apuntó Burgos. Por eso, propone la idea de que la ministra Tohá convoque a un grupo transversal «que pudiera tomar decisiones, con la gente del Gobierno» para saber dónde exactamente se requiere gastar la inyección presupuestaria, y que además, tenga un seguimiento.

El paso previo: metas racionales e indicadores

Una opinión similar a las ex autoridades tiene Pablo Galain, investigador y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, quien plantea que «seguramente quienes diseñan las políticas públicas ya hayan pensado en determinadas formas de inversión de dinero y materiales en Carabineros, PDI y Gendarmería. Lo que no queda muy claro es la coherencia de todo el sistema de seguridad en Chile, incluyendo los servicios de inteligencia».

«Esta ausencia de comunicación de indicadores sobre ‘logro de metas’ se puede hacer extensible a las cuestiones relacionadas con ‘modernización de la policía’, y ello atenta contra una buena utilización de cualquier aporte de dinero del Tesoro Público para la loable tarea de la lucha contra el crimen organizado».

Pablo Galain, docente facultad Derecho UNAB:

El tema no sería inyectar grandes cantidades de dinero público a tareas de ‘seguridad’ si antes no existen reglas y estrategias claras sobre lo que se entiende por ‘seguridad y prevención del delito’ y sobre las metas racionales (no simbólicas) a ser alcanzadas, pues en este ámbito de la ‘seguridad’ los éxitos nunca son totales (no existe un sistema que pueda prevenir todos los delitos)», remarca.

El académico agrega que «quizás se pueda discutir sobre la necesidad de un Ministerio Publico y de Seguridad que se encargue de los objetivos, fines y formas de obtener los mayores réditos en materia de seguridad y prevención del delito. Es verdad que existe una Subsecretaria de Prevención del Delito, pero no se conoce públicamente un plan objetivo con indicadores reales (constatables, medibles) que pueda ser sometido a discusión de la institucionalidad, la ciudadanía y la academia».

A su parecer, precisamente esta ausencia de comunicación de indicadores sobre ‘logro de metas’, «se puede hacer extensible a las cuestiones relacionadas con ‘modernización de la policía’, y ello atenta contra una buena utilización de cualquier aporte de dinero del Tesoro Público para la loable tarea de la lucha contra el crimen organizado».

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