Emol | «Populismo punitivo» vs «medidas urgentes»: Los desafíos para enfrentar la escalada de nueva criminalidad en Chile

Secuestro, extorsión y sicariato son los nuevos delitos que trae consigo la instalación del crimen organizado en el país. Expertos plantean que aún hay tiempo de enfrentarlo, pero que se necesita más que endurecer las penas.

«Es un desafío que, probablemente a ese nivel de sofisticación y complejidad, no habíamos enfrentado», dijo ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, a ser consultado por las características del secuestro del empresario de O’Higgins, Rudy Basualto, quien fue liberado el viernes tras el pago de un monto, según confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Y es que este tipo de situaciones han encendido las alarmas en las autoridades, y de paso, reabren un debate más profundo respecto a la crisis de seguridad que vive el país: los delitos más violentos se multiplican, de la mano con un fenómeno de crimen organizado que se instala en el país. Los expertos advierten que el fenómeno aún no permea a las instituciones, lo que aún deja un margen de acción, aunque precisan que el problema «va en escalada».

Secuestro en Chile: Las sanciones vigentes y el debate por nuevas modificaciones legales para combatir este delito Y es que la lista suma y sigue: la llamada «pequeña Caracas», en Estación Central, es un ejemplo de la proliferación de casos de extorsión a locatarios. El modus operandi consiste en amedrentar a los dueños de los locales, solicitándoles altas sumas de dinero; y para ello, hay amenazas claras como disparos o incendios, como un mensaje a quienes no quieran pagar el dinero que se les solicita.

Los secuestros, por su parte, también van en aumento. En 2022, la PDI emitió un informe que da cuenta del aumento de estos delitos: se registraron 42 secuestros reales y 75 detenidos. Las estadísticas superan los registros de 2021 cuando hubo 26 casos y 22 detenidos. Estas últimas semanas, al caso del empresario de Rancagua, se suman dos de estos delitos en Tarapacá, ambos con menos de 24 horas de diferencia.

El primero ocurrió en Alto Hospicio, donde un sujeto de nacionalidad extranjera llamó a la familia de la víctima -de 18 años para pedirle 30 millones por liberarlo, finalmente, la familia logró negociar tras entregarles $10 millones. En el segundo, lo secuestradores dejaron a la víctima en Caleta Los Verdes -a 40 km de Iquique-, y cuatro personas resultaron detenidas.

El sábado, un hombre envió una carta a El Mercurio donde denunció que su hijo fue secuestrado por un chofer de la aplicación Uber, mientras que ayer lunes, se reportó un robo con homicidio en Pomaire, que también incluyó un secuestro, aunque desde la aplicación aseguran que el joven nunca abordó el auto. «¿Qué preguntas tiene que hacerse Chile frente este tipo de delitos?», dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuando presentaba, junto al fiscal valencia, el nuevo «Equipo contra el crimen organizado y homicidios».

La respuesta, en palabras del propio Monsalve, es «si tenemos legislación para enfrentarlo», junto con recordar que este año vio la luz el proyecto del Ejecutivo que aumenta las penas en materia de secuestros. Pero hay otras preguntas rondando en el aire. ¿Está Chile a tiempo de enfrentar delitos que vienen de la mano del crimen organizado? ¿es suficiente aumentar las penas de cárcel para desincentivar este tipo de ilícitos? En conversación con Emol, expertos intentan responder estas dudas.

Las acciones urgente vs el «populismo punitivo»

Greene plantea que hay tres grandes acciones en materia de política pública que se deben tomar. La primera, apunta a «avanzar con la creación del Ministerio de Seguridad en materia de coordinación de las instituciones; es muy relevante».

Si bien la experta destaca que las autoridades han señalado que están poniendo énfasis en el trabajo coordinado, la creación de esta nueva institucionalidad vendría a responder con roles clave, como «tener una autoridad con presupuesto, con el mandato de poner metas y objetivos comunes, y que pueda fiscalizar que las cosas realmente ocurran».

La segunda, comenta, es que debe existir inteligencia, «porque su accionar no es suficiente para el complejo momento que estamos viviendo hoy día» y en tercer lugar, «una política integral de cárceles; porque no sacamos nada con hacer populismo penal, cuando seguimos hablando de construir más cárceles o metiendo gente a la cárcel, y no solamente no caben más personas, sino que el contacto criminógeno en las cárceles es brutal».

En la misma línea, Pablo Galain, investigador y docente de la Universidad Andrés Bello, comenta que el «populismo punitivo», tampoco es una vía adecuada para enfrentar este fenómeno.

Agravar las penas de delitos ya existentes es una política criminal equivocada que pretende cumplir simplemente con objetivos políticos de tipo electoralista, esto es, brindar una señal al electorado de que la administración se va a ocupar del problema. El aumento de penas responde a lo que se puede denominar como ‘populismo punitivo’ o ‘tolerancia cero’ frente al delito, es una política criminal que solo se ejerce desde lo semántico y simbólico

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