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12 Octubre 2023
Emol| Ley de usurpaciones: De las usurpaciones pacíficas al veto y las posturas encontradas
Parlamentarios, expertos y analistas políticos revisan la polarización en la discusión de la agenda legislativa. Desde Unab, Felipe Vergara, académico de la FEN entrega su visión a Emol.
El debate sobre el veto a la ley de usurpaciones está al alza, mientras en la sesión del miércoles del Senado (comisión de Seguridad) quedaron en evidencia cuáles son los argumentos de las partes. Una de las tensiones de la instancia se vio marcada por la discusión a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien acusó que «la derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel» lo que provocó profunda «molestia e indignación» por parte de la oposición.
Los asistentes a la sesión consideraron esta situación como un nuevo traspié de la ministra, quien se debió desdecir de sus palabras sobre “usurpaciones pacíficas” ante las críticas de los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), para luego usar el término “usurpación no violenta”.
Tras un clima de tensión, la reunión culminó con posturas divididas y emplazamientos por parte de los miembros de la comisión en contra de Tohá, quien reivindicó el veto del Ejecutivo a la sanción con pena de cárcel para las personas que están en campamentos, que cambia la falta por usurpación a delito con multa, dejando con antecedentes penales a sus autores.
La ley actual y lo que está en juego
Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de Derecho Penal y Litigación Estratégica de la UC, y presidente del Comité Jurídico de la Corte Penal Internacional, explica que lo que se discute principalmente es la modificación del estatuto actual del Código Penal, que distingue tres tipos de usurpaciones:la usurpación violenta, la no violenta y una figura asimilada que consiste en la destrucción o corrimiento de límites, cercos o candados.
El especialista detalla que lo que se pretende es terminar con las usurpaciones denominadas “no violentas”, que son asentamientos ilegales, normalmente también organizados por mafias destinadas a usurpar terrenos privados y lotearlos, entrando en concurso con otro delito, que es el de loteo irregular o loteo ilegal, para entregarle a las personas que allí están la apariencia de un título legítimo.
Foto Emol
De acuerdo con Manríquez, esto dificulta los juicios penales o que los ocupantes puedan ser expulsados, argumentando que el asunto se deriva normalmente a juicios de precario –que tienen por objeto que una sentencia judicial reconozca el derecho del dueño de la cosa sobre la cual se litiga, y ordene su restitución al actual tenedor de ella- o a asuntos civiles, los cuales toman años y cuya ejecución de sentencias favorables a los dueños ha resultado ser ilusoria. También destaca la vía de los recursos de protección, y señala que las policías, las gobernaciones o las alcaldías dicen no contar con los medios para poder cumplir esos fallos.
“En el caso del proyecto de ley del Gobierno, en su veto, lo que busca es evitar la legítima defensa privilegiada de los dueños, en el entendido que la ocupación permanente, violenta, en este caso, esto es repeliendo al dueño cuando éste vuelve a reivindicar, o entrar de noche con armas en tumulto o amenazando, entonces no pueda ser repelida directamente por el dueño. Lo cierto es que es una discusión un tanto, digámoslo, más bien semántica, porque en el Código Penal chileno existe la eximente de responsabilidad que consiste en poder defender cosa propia con tal de solo poder dañar cosas ajenas, no la vida o la integridad o la salud de las otras personas, lo que se llama estado de necesidad justificante”, asegura el abogado.
El experto indica que el debate actual está puesto en lo que se han denominado usurpaciones no violentas de consumación permanente, y si acaso el dueño está o no en capacidad de poder expulsar a los ocupantes por su propia mano o va a tener que recurrir a los asuntos y a la jurisdicción civil.
“Nunca un dueño de un terreno va a poder tomar la justicia por mano propia y estar legitimado a causar todo tipo de daño a los ocupantes. Eso no está permitido ni en la legislación actual, ni tampoco en la que se propone. Las personas víctimas de usurpaciones hoy no tienen realmente un amparo eficiente ni efectivo. Por tanto, esta nueva ley solo será tal en la medida en que entregue mecanismos o herramientas para una recuperación pronta del terreno con control judicial”, agrega Manríquez.
Las cifras actuales de ocupaciones y el clima de tensión en la discusión
De acuerdo con los datos de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), se registran 25.123 ocupaciones de inmuebles fiscales sin autorización, considerando ocupaciones ilegales y ocupaciones irregulares, al 30 de junio de 2023.
Desde el ministerio destacan que es importante distinguir ambos tipos de ocupación:
• Ocupación ilegal: Consiste en la tenencia total o parcial de un inmueble de propiedad fiscal por parte de una persona natural o jurídica, sin que medie autorización, concesión o contrato. En sentido coloquial, es lo que la ciudadanía denomina “tomas”.
• Ocupación irregular: Tenencia por parte de persona natural o jurídica de un inmueble fiscal, cuyo origen fue legítimo, sin embargo, el acto administrativo que permitió su ocupación venció o caducó, no siendo restituido dicho bien raíz al fisco.
Desde el MBN aseveran que han avanzado en la recuperación de terrenos fiscales mediante el desalojo de 63 ocupaciones individuales y loteos ilegales, a agosto de 2023. Según detallan, estas restituciones administrativas son solicitadas a la Delegación Presidencial Regional o la Delegación Presidencial Provincial, según corresponda, y son llevadas a cabo por Carabineros.
“Estos desalojos representan 436 hectáreas de terrenos fiscales recuperadas, aproximadamente. Luego, el MBN está actuando bajo la lógica de dar buen uso a los inmuebles fiscales recuperados. Por ejemplo, entregó un permiso de ocupación al Servicio de Salud de Arica de un terreno recuperado en el sector de Quebrada Encantada para la construcción de un Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) y trasladar el CESFAM Amador Neghme. También ofreció un terreno recuperado para la futura construcción de un Centro Radiológico para el tratamiento del cáncer en la misma ciudad”, agregan desde la cartera ministerial.
El diputado RN, José Miguel Castro sostiene que este va a ser uno de los puntos más conflictivos de la agenda, y aludiendo a la reciente aprobación de la tipificación del delito de porte injustificado de combustible en manifestaciones, el parlamentario prevé que el Gobierno no sólo se expone a una derrota política y legislativa, sino que además “expone al Presidente en cumplir su palabra en un momento que está muy complicado con las cifras y con la criminalidad”.
El analista político y académico de la UNAB, Felipe Vergara, prevé que un eventual veto no bien llevado, o no bien consensuado, puede hacer que toda la agenda legislativa futura genere trabas. Además, señala que las discusiones y posturas tanto del oficialismo como la oposición tienden a ser “extremas”, argumentando que estas tienen cierto asidero, pero también un significativo nivel de sensacionalismo, lo que no permite concluir realmente en el punto específico -evitar la justicia de los dueños a mano propia-.
“La oposición hoy día vela por aquellos intereses, y este es un tema de seguridad que es súper sensible en la ciudadanía, y por ende electoralmente también es muy atractivo, y eso hace que el conflicto sea mucho más complejo de llegar a acuerdos que lo que uno supone, porque estoy seguro de que ambos sectores no quieren que esto se transforme en una justicia a mano propia, pero que sí quede bastante claro que esto sí merece sanciones”, añade Vergara.
