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El Sur | Estudio: traspaso de honorarios a contrata en municipios costaría sobre $14 mil millones
“La Contraloría emitió un dictamen que obliga a traspasar a funcionarios bajo la modalidad de honorarios a contrata. Si bien se entiende que eso busca hacerse cargo de una cierta precariedad de esos primeros trabajadores, trae más problemas que soluciones”, afirmó el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa.
Por Nicolás Álvarez Arrau
La Contraloría General de la República emitió en enero asado un dictamen en el que se exige a la administración estatal abstenerse de seguir contratando a funcionarios bajo el régimen de honorarios. Eso, a partir del año que viene.
La idea es que se concrete un traspaso hacia el nivel de contrata, pero sin que existan los ingresos líquidos de los trabajadores. La situación, sin embargo, es vista con preocupación por algunos actores, pues creen que esta modalidad particular podría generar externalidades negativas asociadas al presupuesto de los entes fiscales.
En esta línea, el Instituto Universidad Andrés Bello (UNAB) de Políticas Públicas emitió recientemente un informe en el que se detalló que la implementación de dicho dictamen tendría un costo de hasta $338.113 millones a nivel nacional. En materia regional, y enfocado en el sector municipal, el ente estima que el costo podría variar entre los $14.049 millones y los $14.637 millones, dependiendo de un escenario conservador y otro menos conservador, respectivamente.
De acuerdo al último informe publicado por el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim), a nivel nacional el 57% de los servidores municipales se encuentran contratados a honorarios, alcanzando un total de 68.590 personas, en comparación con el personal a contrata correspondiente a 18.383 personas. Particularmente para Biobío, un total de 5.655 personas contratos a honorarios en el área municipal, representando el 55,5 % de los funcionarios municipales del territorio.
Raúl Figueroa, director ejecutivo del organismo a cargo del estudio, plantea que en Chile existe un problema asociado al régimen laboral delos funcionarios públicos que debe ser abordado. A juicio del exministro de Educación, este punto tiene que ser empujado de una manera sistémica y considerando a todos los actores involucrados, de tal forma de apuntar a un Estado moderno. “En ese contexto, la Contraloría emitió un dictamen que obliga a traspasar funcionarios bajo la modalidad de la contrata. Si bien se entiende que eso busca hacerse cargo de una cierta precariedad de esos primeros trabajadores, trae más problemas que soluciones2.
