El Sur | Estado de excepción en Biobío: redistribución y baja de delitos
Un análisis del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la UNAB determinó el impacto de los tres años del estado de excepción en la macrozona sur.
Con más de 3 años de vigencia, el estado de excepción en 4 provincias de la Macrozona Sur ha impactado efectivamente en la disminución de delitos, pero también ha tenido otros efectos en el fenómeno de violencia rural, principalmente asociados a la movilización de los eventos, expresión puntuales y otras más violentas, así como la redistribución y conformación de las organizaciones responsables de estos hechos.
Así al menos lo indica el estudio «Tres años de estado de emergencia en la Macrozona Sur» elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello, análisis en el que se analizaron los últimos 3 años en que la medida presidencial ha estado vigente en la zona y los 3 años anteriores, a través de cifras de Carabineros.
Pablo Urquízar, excoordinador de la Macrozona Sur en el gobierno de Sebastián Piñera y actual coordinador del observatorio de la Unab, aseguró que el estado de emergencia ha servido, pero que pese a las cifras positivas en general, hay situaciones extremadamente complejas como lo fue el triple asesinato de carabineros en Cañete el año pasado o el atentado que dejo 50 maquinarias quemadas en la construcción de la central Rucalhue.
«Si bien hay una regla general en la reducción de hechos de violencia, también hay que entender que el terrorismo propiamente tal sigue presente en la región, pese a las distintas medidas que han permitido desarticular diferentes orgánicas radicalizadas y terroristas», dijo Urquízar.
VIOLENCIA LOCAL
De 67 comunas analizadas, el 66% de los hechos de violencia se concentran en 10 comunas y 5 de estas son de la Provincia de Arauco: Cañete, Tirúa, Curanilahue, Arauco y Contulmo, las que además registraron el 85% del total de casos ocurridos en la Región del Biobío, dando cuenta de una problemática concentrada territorialmente.
Sobre esto, Urquízar destaco el caso de Curanilahue donde los hechos violentos aumentaron un 111%, detallando que «la única explicación de esto es que la concentración del Estado en las 3 comunas del cono sur de la Provincia de Arauco (Contulmo, Cañete y Tirúa) que conforman el triángulo de la violencia en la región, necesariamente desplazó la criminalidad hacia comunas que no habían sido tan afectadas anteriormente«.
Por otra parte, en cuanto a los hechos de violencia, un análisis por regiones da cuenta de que el mayor impacto ha sido en el delito de homicidios, que disminuyeron un 74% en Biobío, seguido de los delitos asociados a lesiones con una merma del 64%, junto a los incendios y destrucción de infraestructura, ambos con una baja del 61%. En la misma línea destacan las usurpaciones (-53%) y la destrucción de infraestructuras (-55%) y maquinarias (-56%).
Respecto a la adjudicación de atentados, el informe apunta que el estado de emergencia genero efectos disuasivos sobre varias organizaciones consolidadas, sobre todo en las mas antiguas como la CAM, LNM, WAM y RML, estas últimas dos las que durante los últimos años han tenido permanente presencia en Biobío, apareciendo las nuevas principalmente en La Araucanía.
En este sentido, se apunta a que se ha reconfigurado el ecosistema radicalizado con la reactivación de estructuras locales y la aparición de otros grupos con menor visibilidad, pero con potencial de acción. «Las cifras no indican la desaparición del fenómeno, sino una transformación: menos concentración en grupos históricos y mas dispersión en nuevos actores emergentes», indica el informe.
MEDIDA EXCEPCIONAL
A raíz del análisis, el observatorio planteó varios desafíos y aspectos que requieren atención, por ejemplo, Urquízar destacó que el estado de emergencia puede tener el riesgo de esconder la necesidad de soluciones mas estructurales en diversas materias en los lugares afectados por la violencia; además de la fatiga institucional que puede implicar el despliegue de las FF.AA. en una medida que es de carácter excepcional y que se ha extendido en el tiempo, impactando además en la normalidad del territorio, para lo cual indica no hay una ruta para transitar a una eventual retirada del estado de excepción.
«Mas allá de la escalada o desescalada, el Estado necesita ver cómo volver a controlar los distintos territorios de la Macrozona Sur. Se necesita una estrategia a largo plazo para volver a la normalidad. Y una estrategia enfocada en esto es lo que esta completamente ausente hoy. En ese contexto es un llamado a pensar la Macrozona Sur y especialmente la violencia y terrorismo que estamos viviendo en la región del Biobío, no solo en medidas de corto plazo, sino que también a mediano y largo plazo. Ahí está el gran desafío que tiene el Estado», dijo Urquízar.