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El Rancagüino | Columna de opinión: Una deuda pendiente
Jorge Astudillo, académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, abordó el asesinato de un Carabinero mientras realizaba labores de servicio.
En una columna publicada el 30 de septiembre por El Rancagüino, el académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Jorge Astudillo, abordó la muerte de un Carabinero mientras se encontraba en servicio.
El académico señaló que «la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, baleado mientras realizaba una fiscalización en Lo Espejo, vuelve a enfrentar al país con una realidad que corremos el riesgo de normalizar».
Tenía 30 años y era padre de un niño pequeño. Murió mientras cumplía una función que representa una de las obligaciones más básicas del Estado: proteger a la población.
«El ataque no puede observarse únicamente como otro hecho policial. Cuando los territorios quedan expuestos a delincuentes capaces de enfrentar de esta manera a Carabineros, el problema alcanza también a quienes viven allí y conviven cotidianamente con esa violencia», indicó Astudillo.
En ese sentido, el experto añadió que «Nuestra Constitución establece que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia. No se trata de una declaración simbólica».
«La seguridad permite ejercer otros derechos: desplazarse, trabajar, estudiar, ocupar los espacios públicos y vivir sin miedo. Cuando esa protección falla, son precisamente las comunidades más vulnerables las que terminan pagando el costo más alto», continuó Astudillo.
Por reste motivo, el académico enfatizó que «cumplir ese deber exige investigar, controlar las armas, perseguir el financiamiento del crimen organizado y entregar a Carabineros formación, recursos, una carrera funcionaria adecuada y reglas claras sobre el uso de la fuerza».
«Pero también exige entender que proteger no significa suspender garantías. La eficacia frente al delito y el respeto de los derechos fundamentales no deberían presentarse como objetivos incompatibles», explicó el experto.
Durante años, nuestro sistema político ha tendido a legislar en materia de seguridad después de hechos que conmocionan al país.
Astudillo lamentó que «una tragedia genera urgencia, declaraciones, proyectos y acuerdos que luego pierden velocidad cuando la atención pública se desplaza hacia otro tema».
«Esa lógica reactiva resulta insuficiente frente al crimen organizado. Chile necesita una política de Estado sostenida, evaluada y capaz de sobrevivir a los ciclos electorales», enfatizó el académico.
Finalmente, Astudillo sentenció que «debemos preguntarnos por qué iniciativas relevantes tardan años en avanzar y cuánto de aquello que ya hemos legislado está funcionando realmente».
