El Mostrador | Firma mensual e impunidad: casi 15 mil condenados no cumplieron con esta pena en 2021 y 2022

El 3 de agosto de 2021, Norman Díaz fue condenado a un año de firma mensual por conducir en estado de ebriedad y sin licencia. Luego de no concurrir a firmar en 10 meses, Díaz se presentó en Gendarmería para recién iniciar su condena. Esa fue la primera y última vez que asistió a firmar. Norman Díaz es una más de las 14.755 personas que, a nivel nacional, no se presentaron a firmar en 2021 y 2022. Esta cifra surge del análisis de las estadísticas de Gendarmería realizado para este reportaje.

En casos como el de Díaz, los jueces tardan en decretar orden de detención inmediata, pese a que Gendarmería los alerta de las personas que incumplen. Lo más común es que, de manera reiterada, los jueces llamen a audiencias para que el infractor explique por qué no ha ido a firmar, en las cuales no se anula el beneficio. Esto significa una tardanza de meses para que estas personas sean declaradas prófugas y se ordene su detención. Meses en los cuales estos infractores permanecen en la impunidad.

Vía Ley de Transparencia se accedió a la nómina de informes de incumplimiento de firma mensual emitidos por Gendarmería: a nivel nacional se han enviado 29.961 informes, mientras que, solo en la Región Metropolitana, han sido 7.126, entre 2021 y 2022 (puede haber más de uno de estos documentos por persona). Las estadísticas publicadas en la web del Poder Judicial indican que, en estos mismos años, se realizaron casi 100 mil audiencias de penas sustitutivas a la cárcel, en las que los jueces, según la gravedad del delito, otorgaron penas que reemplazaron el cumplimiento de la condena en prisión o se discutió la continuidad de ellas.

Como el número de personas que ha incumplido la firma mensual es tan amplio y ante la imposibilidad de abarcar todos los casos, se analizaron diez causas que son representativas del actuar de los jueces ante el quebrantamiento reiterado de la condena. Los casos escogidos son del 4^to y 8^vo Juzgado de Garantía de Santiago, ya que entre 2021 y 2022 fueron los tribunales que realizaron más audiencias de penas que no implican la privación de libertad, con un total de 3.336 y 3.367, respectivamente.

En esta decena de causas se comprobó que el quebrantamiento fue alertado por Gendarmería en más de una oportunidad a los tribunales. Sin embargo, los jueces no emitieron orden de detención ni modificaron la condena para que fuese cumplida en la cárcel, sino que programaron audiencias en las que el infractor debía explicar por qué no concurrió a firmar. Eso podía extenderse hasta que la causa de la condena prescribiera o la persona cometiera un nuevo delito.

El principal problema son los criterios de interpretación de la ley por parte de los jueces de Garantía, que ante varias faltas evitan dictar orden de detención, anular la pena o sustituirla por una más grave. Paola Montecino, funcionaria de Gendarmería y encargada del Área de Cumplimiento de la Pena en el CRS (Centro de Reinserción Social) Santiago, afirma que “hay causas que tienen seis, siete reingresos y los tribunales siguen dando extensión. Entonces ellos son los garantistas”.

Cifras de la impunidad: más de un informe de incumplimiento

La firma mensual corresponde a la pena sustitutiva de remisión condicional. En ella, la persona queda exenta de ir a la cárcel con la condición de presentarse ante Gendarmería y firmar durante el tiempo estimado en la sentencia. La Ley N° 18.216 indica que esta medida puede ser otorgada por el juez cuando la persona no tiene condenas anteriores y si es que la duración de la sanción va entre uno y tres años. Además, debe tener un domicilio fijo y estar trabajando.

En relación con las penas sustitutivas, Consuelo Murillo, abogada con máster en Criminología y Ejecución Penal, explica que estas funcionan como una forma de garantizar que la persona será castigada por el delito, aunque no sea en la cárcel. Añade que es importante que este tipo de sentencias sean aplicadas con rapidez: “Si comete un delito y la pena se le aplica recién diez años después, no tiene ningún efecto disuasivo. El mensaje no es lo suficientemente fuerte para poder afectar o disuadir a la población. Es casi impunidad”.

Para este reportaje se realizó un análisis de los datos entregados por Gendarmería vía Transparencia y se determinó que el número de personas que incumplieron su firma mensual entre 2021 y 2022, a nivel nacional, fueron 14.755. De este total, 4.122 corresponden a la Región Metropolitana.

Antonio Cova, de nacionalidad venezolana, fue condenado por hurto simple en 2022. El juez le ordenó cumplir la pena mediante firma mensual durante un año en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Santiago Oriente, lugar donde debía dejar constancia de su realización. Pero nunca se presentó.

Los CRS son dependencias de Gendarmería que se encargan de informar a los tribunales el cumplimiento de la firma mensual. Desde la institución, explicaron que el condenado puede faltar uno o dos meses, pero volver a firmar posteriormente. Gendarmería, pese a las faltas, no tiene la facultad de negar la continuidad de la pena, ya que la orden de detención, la suspensión de la firma mensual por una condena mayor o el ingreso a la cárcel deben ser determinados por los jueces.

Paola Montecino lleva diez años trabajando en el CRS de Santiago y ocho en el área de remisión condicional. Afirma que “Gendarmería no tiene mucho que hacer porque es un ente ajeno. Dependemos del Ministerio de Justicia, pero no somos la ley (…), nuestro deber es informar que no te presentaste al cumplimiento y el tribunal determinará la sanción. Si no determina nada y pasa un mes, dos meses, tres meses o un año, Gendarmería no puede hacer nada”, señala.

A través de Ley de Transparencia se accedió a los informes de incumplimiento que emiten estos centros. Entre 2021 y 2022, Gendarmería alertó 7.126 veces a los tribunales de la existencia de personas que no estaban concurriendo a firmar mensualmente en la Región Metropolitana. Puede haber más de uno de estos documentos por persona. Al procesar la información se contabilizó que, entre estos mismos años, hubo 704 condenados con más de tres alertas emitidas por Gendarmería.

El problema está en el tiempo que transcurre durante este proceso. Según la Norma Técnica de los CRS, los incumplimientos deben informarse en los cinco primeros días del mes siguiente a la falta. Una vez que el tribunal recibe la alerta, las audiencias se fijan para el mes próximo. Por tanto, entre la ausencia y la eventual presentación del imputado ante un juez, transcurren dos meses aproximadamente. Esto puede aumentar si se considera que una persona falta a su firma más de una vez.

Este tiempo brinda el espacio para que el condenado continúe desobedeciendo su pena o quede impune y aumente el riesgo de reincidencia. Pasaron tres meses desde que el CRS informó la ausencia de Antonio Cova. En ese tiempo, el juez le otorgó una nueva oportunidad de presentarse y, ante un nuevo incumplimiento, en vez de emitir una orden de detención, fijó otra audiencia. Cova volvió a faltar y recién ahí se ordenó su detención, pero él había regresado a Venezuela una semana después de su sentencia, quedando impune.

El Sistema Penitenciario está conformado por tres subsistemas: el cerrado, el abierto y el pospenitenciario. El cerrado corresponde a toda la población que está privada de libertad, mientras que el Subsistema Abierto es la población que disfruta de más libertades, en donde se encuentran las medidas alternativas a la cárcel, como la libertad vigilada, reclusión nocturna y la remisión condicional, es decir, la pena de firma mensual.

Hasta el 31 de mayo de 2023, según datos de Gendarmería, el total de población del Subsistema Abierto era de 67.132 condenados. El 50,4% de estos últimos corresponde a sentenciados con firma mensual. Se solicitó vía Transparencia al Poder Judicial la nómina de personas a las que se les concedió la pena de remisión condicional en 2021 y 2022. Al procesar las causas con un imputado, se detectó que, en la Región Metropolitana, fueron 7.722 personas a las que se les otorgó la firma mensual.

La jefa subrogante del Subsistema Abierto, Dangely Torrejón, para este reportaje afirmó: “La idea de las penas sustitutivas es que las personas mantengan la inclusión social. Es preocupante el incumplimiento, porque te hace preguntar si son los sujetos los que están fracasando en cómo llevar la pena o es el diseño de ella la que no está permitiendo el cumplimiento, porque casi el 50% (de la población con firma mensual) está incumpliendo”.

Ángel Montaner fue sentenciado por el delito de robo por sorpresa en 2021. Solo cumplió seis meses de su pena. Gendarmería alertó a los tribunales en tres oportunidades sobre el incumplimiento: a la primera, el juez ordenó que el mes faltante se añadiera al final de la condena, mientras que en la segunda oportunidad se le citó a audiencia. Montaner no llegó y se ordenó su detención, lo que no tuvo resultado. Actualmente, su causa está suspendida con una orden de detención vigente: Montaner es prófugo de la justicia.

Francis Fell, jueza del 4^to Juzgado de Garantía de Santiago, explica que no basta con que se dicte una orden de detención para que el condenado se considere prófugo, sino que las policías deben informar a los tribunales que no fue encontrado: “Uno les decreta orden de detención y después llega la orden sin resultado, pero hay un registro de prófugos (…) donde tienes que decretar la rebeldía, el sobreseimiento temporal y se va (el condenado) a un registro de prófugos”.

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