El Mercurio | Encuesta UNAB: el 69% respalda el actuar de policías en orden público y casi la totalidad

Manteniendo los niveles exhibidos en la entrega anterior, las policías registraron un alto respaldo por parte de la ciudadanía respecto de sus labores en el control del orden público, según el estudio «Percepciones ciudadanas frente al uso de la fuerza policial», elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

El sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 16 de abril —antes del homicidio de tres carabineros en Cañete, Región del Biobío—, arrojó que un 69% de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo en la forma en que las instituciones policiales desarrollan su trabajo respecto del orden público, mientras que un 29% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. La encuesta de 2023, en tanto, reflejaba un apoyo de un 70% respecto de esta pregunta.

Además, el 63% de las personas encuestadas afirmó su coincidencia con la afirmación: «Al momento de intervenir en el control de orden público, la policía tiene el mismo sentido de lo bueno y lo malo que tengo yo».

«Presiones políticas»

Pese a lo anterior, un 77% de ellos señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las decisiones y acciones de las instituciones policiales «están influenciadas por presiones políticas».

A nivel de confianza institucional, la PDI fue la organización que alcanzó los mayores niveles, con un 67%; seguida por Carabineros de Chile, con un 66,6%, y las Fuerzas Armadas, con un 64%. Por el contrario, la Fiscalía Nacional y los tribunales de justicia son las que cuentan con los menores niveles, con un 9,7% y 6%, respectivamente.

Junto con esto, la encuesta evidenció una alta disposición a acatar las instrucciones de los policías cuando buscan restablecer el orden.

Así, el 90% de los encuestados se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con que los ciudadanos tienen la «responsabilidad moral de obedecer» cuando las policías dan órdenes ajustadas a los protocolos para controlar el orden público.

También se les solicitó a los ciudadanos que evalúen el nivel de amenaza que consideran para la seguridad nacional diferentes circunstancias. Así, el 95,9% señaló como una amenaza «alta» al narcotráfico y crimen organizado; un 79%, a la inmigración; un 80%, a los ciberataques; un 58%, a los incendios y desastres naturales, y un 53%, a las pandemias u otras emergencias sanitarias.

Rol de las FF.AA.

Además, pudieron elegir qué funciones consideran que son complementarias por parte de las Fuerzas Armadas y cuáles creen que están fuera de su ámbito. En este sentido, el 91% menciona como tarea complementaria la ayuda en desastres naturales; un 90%, la vigilancia y protección de las fronteras; un 86%, el combate al crimen organizado en las fronteras; un 75%, el apoyo a las policías en caso de grave alteración al orden público; un 71%, la protección de la infraestructura crítica, y un 62,5%, el combate al crimen organizado dentro de las comunas.

Armas y detenciones ciudadanas

Además, se midió el nivel de respaldo de la opinión pública frente a las detenciones ciudadanas y a la adquisición de armas por particulares. De esta manera, el 51,2% está de acuerdo o muy de acuerdo con que una persona sea detenida por los ciudadanos si es descubierta cometiendo un delito, y un 49%, con que «todas las personas tienen derecho a comprar armas de fuego», siempre y cuando pasen un examen psicológico, sean mayores de edad y cumplan con la ley, mientras un 48% no respalda esta opción.

En cuanto al uso de la fuerza por parte de personal policial, un 48% considera que estos deberían utilizar su arma de fuego ante una amenaza con arma blanca por parte de un ciudadano, mientras un 24% señala que se debe usar un arma no letal (luma, descarga eléctrica, balines, etc.) en esta situación. En cambio, si el policía es amenazado con un arma de fuego, el 84% es de la idea de que este debe responder con el mismo tipo de armamento.

Frente a estos resultados, el subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, resalta que se evidencia «un altísimo nivel de apoyo a las fuerzas del orden, destacando una creciente valoración del rol complementario que pueden cumplir las fuerzas armadas en su apoyo. Es importante también valorar que la ciudadanía tiene un sentido de proporcionalidad del uso de la fuerza muy claro, lo que habla de que la demanda por seguridad no significa entregar ‘carta blanca’ a autoridades con tal de lograr resultados. Es importante para la ciudadanía mantener la proporcionalidad».

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