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El Mercurio | Sin Respuesta
El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, insta a resolver una serie de preguntas que emergen luego de que la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente aprobara en general tres artículos para asegurar el derecho a la salud.
El miércoles de la semana anterior, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente continuó con las votaciones en general de las iniciativas sobre derechos sociales que buscan ser incluidos en la eventual nueva Carta Magna.
Asimismo, en dicha instancia se aprobó que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a un «Sistema único y universal de Salud» de carácter público y que deberá ser financiado por impuestos progresivos, de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización y que los actores que las presten sean sin fines de lucro.
De ser así, este Sistema Único de Salud será financiado a través de un “fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales” destinado solo a ese sistema para así avanzar en un modelo de financiamiento basado “en impuestos generales de carácter progresivo” bajo los principios de seguridad social.
Ante estos principios, que según Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública UNAB, generan un consenso, puede ser un riesgo que el Sistema Único de Salud, su organización y funcionamiento queden plasmados en la nueva Constitución.
En su nueva carta al director, Sánchez sostiene que este hecho puede estar «imponiendo la visión de determinados colectivos, sin pensar en las consecuencias, los costos y la aceptación de la gente«. A raíz de esto, el Director del ISP UNAB, señala en el textolas principales interrogantes que surgen de la aprobación de esta iniciativa.
Lee la carta completa a continuación:
