16 Febrero 2026

El Mercurio | Regulación antigua y resistencia médica, entre trabas para terapias alternativas contra cáncer

Rony Lenz, académico del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, participó en un estudio sobre tratamientos alternativos contra el cáncer.

En una nota publicada el 14 de febrero por El Mercurio, se destacó un estudio sobre tratamientos alternativos contra el cáncer en el cual participó el académico del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Rony Lenz.

Rony Lenz UNABEl acceso a terapias contra el cáncer innovadoras en Chile enfrenta un obstáculo estructural: el alto costo de los medicamentos biológicos originales, causa que, incluso, ha llevado a la judicialización por parte de los pacientes para acceder a los fármacos.

Sin embargo, las alternativas que podrían aliviar la presión presupuestaria, los biosimilares, tampoco han logrado una adopción amplia. Un reciente estudio que entrevistó de manera anónima a oncólogos, farmacéuticos, autoridades y pacientes revela que el problema no es solo financiero, sino regulatorio, cultural y político.

El artículo, elaborado por Daniela Paredes y por Rony Lenz, señala que uno de los principales cuestionamientos apunta a la norma N° 170, vigente desde 2014, que regula el registro de productos biotecnológicos. Si bien reconoce la intercambiabilidad bajo supervisión médica, los entrevistados coinciden en que el marco quedó desactualizado.

Los principales obstáculos

“Hoy, la única posición real es esta norma de hace más de 10 años, pero la industria ha cambiado mucho”, señaló un formulador de políticas públicas consultado.

El estudio también identifica un obstáculo central: la decisión final recae completamente en el médico tratante. No existen obligaciones de justificar la elección del fármaco original ni incentivos para optar por la alternativa más costo-efectiva.

«¿Por qué un médico arriesgaría cambiar un tratamiento si el original ya funciona bien? Los temas financieros no son su responsabilidad», explicó otro formulador.

Finalmente, el estudio concluye que el problema es multidimensional y requiere acciones coordinadas: educación médica continua, actualización normativa, evidencia económica transparente y mejor comunicación pública.

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