El Mercurio Regiones | Raúl Figueroa: “Se han dado un cúmulo de señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases”
El director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, conversó con la red regional de El Mercurio sobre diversas contingencias en materia de educación.
Cierres preventivos por funerales narco o por eventos climáticos, e incluso la «resistencia política» a reabrir colegios durante la pandemia, son motivos que a su juicio afectan la percepción de los establecimientos de educación como un espacio crucial de aprendizaje y formación.
En su rol de ministro de Educación, Figueroa sorteaba una acusación constitucional por querer reabrir los colegios en plena pandemia de COVID-19. Figueroa, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, considera que la «resistencia política» que enfrentó su propuesta de reapertura se basa en una percepción que desvaloriza la importancia de la asistencia a clases. Esta percepción se observa, a su juicio, cuando se decretan cierres de escuelas por narcofunerales o como medida preventiva ante eventos climáticos, «sin considerar lo especial y extraordinario de la medida».
Además de la inasistencia escolar, el exministro aborda en esta entrevista su visión sobre las diferencias en la educación entre Santiago y el resto del país, la violencia escolar y los desafíos de la recuperación educativa postpandemia. Celebra que el gobierno haya «abandonado la agenda refundacional» en el plano educativo, pero critica la indefinición de prioridades y la falta de flexibilidad para que las escuelas puedan enfrentar con éxito sus proyectos educativos.
¿Cuánta diferencia ve en la educación escolar y universitaria en regiones versus Santiago?
El sistema de educación superior chileno ha alcanzado un nivel de madurez muy interesante, que se traduce en una alta cobertura que va de la mano con el desarrollo tanto de la investigación como de la formación en pre y postgrado. El premio salarial de los estudios universitarios en Chile es el más alto de todos los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Si observamos la acreditación, vemos cómo en 13 de las 16 regiones del país existen universidades que, directamente o a través de sus sedes, alcanzan el máximo nivel. Esto indica que, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, las oportunidades que la educación superior ofrece no se concentran exclusivamente en Santiago.
«Debiésemos avanzar en forma decidida a generar incentivos a la asistencia, tanto para los establecimientos como para las familias. El pago de la subvención por asistencia va en esa dirección, pero debiese potenciarse»
En el ámbito escolar, si bien la cobertura es plena y contamos con un andamiaje institucional bastante sólido, el desafío a nivel nacional es recuperar el sistema de los efectos de la pandemia y del estancamiento que ha sufrido en sus resultados luego de la implementación de una serie de reformas aprobadas entre 2015 y 2017 que no han demostrado mayor efectividad. Con todo, cabe destacar el esfuerzo que se hizo con la ampliación de la red de Liceos Bicentenario, que apuntó precisamente a contar con establecimientos de excelencia en todo Chile y, por esa vía, ampliar las oportunidades que antes de ese programa se concentraban con mayor fuerza en la Región Metropolitana. De hecho, 248 de los 320 Liceos Bicentenario que se crearon durante los gobiernos de Sebastián Piñera están fuera de la Región Metropolitana.
¿Cómo percibe el avance en la recuperación educativa tras la pandemia?
La recuperación educativa ha carecido del sentido de urgencia y de la capacidad de gestión que una crisis como la que dejó la pandemia requiere, en parte porque la educación no ha sido prioritaria durante este período. No dudo de las intenciones de las autoridades, pero lamentablemente no es posible apreciar un plan efectivo que cumpla con lo mínimo para ser exitoso. Se necesita un programa a gran escala, con plazos y metas claras, recursos adicionales y evaluación constante que se focalice en lo más urgente y que las medidas que se han implementado no van de la mano con las capacidades de las escuelas. Observamos lo contrario: una escala reducida, medidas burocráticas y falta de atención a lo más urgente, mientras la comunicación política se centra en temas como la condonación del CAE o el pago de la deuda histórica, respondiendo a presiones de grupos específicos.
¿Se debe dar una solución a los deudores del CAE?
El Crédito con Aval del Estado ha facilitado el acceso a la educación superior para miles de personas, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades de desarrollo. En 2012, se hicieron cambios importantes, como la reducción de la tasa de interés del 6% al 2% anual, suspensión de pagos si no hay ingresos y una cuota máxima del 10% de los ingresos. Hoy en día, la cuota promedio es inferior a una UF.
La promesa del presidente Boric de condonar universalmente los créditos estudiantiles fue irresponsable y ha incrementado la morosidad. Las propias autoridades han reconocido que no es posible cumplirla, dado el altísimo costo de cerca de 12 mil millones de dólares, además de ser una política injusta y regresiva. Aunque siempre se puede mejorar el sistema de crédito, las prioridades en educación están en otros ámbitos.
¿A qué atribuye la cifra de 676 mil estudiantes con inasistencia grave a clases este año, según la fundación Acción Educar?
Chile aún no recupera los niveles de asistencia previos a la pandemia. El número de alumnos con inasistencia grave (más del 15% de las clases) es preocupante. Las causas son múltiples, pero la escuela como espacio de aprendizaje ha perdido valor para padres y alumnos. La evidencia muestra que a mayor escolaridad, mayores son las oportunidades futuras, pero algunos grupos no ven el esfuerzo presente como rentable. El narcotráfico, por ejemplo, ofrece rentabilidad presente y fracaso futuro.
Se han dado señales equivocadas que desvalorizan la asistencia a clases, desde la resistencia política a la apertura de escuelas durante la pandemia hasta el cierre por situaciones ajenas a los establecimientos, como funerales narco o medidas preventivas por eventos climáticos sin considerar la excepcionalidad de la medida. Debemos avanzar en generar incentivos a la asistencia para establecimientos y familias. El pago de la subvención por asistencia es un paso, pero debe potenciarse.
¿Cómo ve el anuncio del ingreso del proyecto para saldar la deuda histórica de los profesores?
Los profesores son fundamentales para una educación de calidad. Se debe trabajar siempre para reconocer su labor y mejorar sus condiciones, atrayendo y reteniendo talentos en la profesión docente. Los recursos adicionales deben destinarse a mejorar las remuneraciones y condiciones laborales de los profesores. El compromiso de pagar la deuda histórica es, a mi juicio, una dirección equivocada, considerando que las estimaciones apuntan a un monto cercano a los 15 mil millones de dólares, el equivalente al presupuesto total del Ministerio de Educación en un año. Este compromiso responde más a presiones de grupos de interés que a una política que aborde las urgencias del sistema educativo en su conjunto.
Hace unas semanas, el director del Liceo Lastarria fue rociado con bencina por un estudiante. ¿En qué punto se encuentra la violencia hacia los profesores en los colegios, en regiones y en Santiago?
Lamentablemente, hemos visto focos de violencia extrema en algunos liceos emblemáticos, no solo en Santiago, sino también en diversas regiones del país. Esta violencia es un atentado flagrante al derecho a la educación de cientos de jóvenes que buscan aprender y convivir en paz dentro de sus comunidades educativas, y debe ser condenada y combatida con fuerza. Ciertos grupos políticos normalizaron esa violencia en el pasado, negándose a condenarla como corresponde y oponiéndose a tomar medidas necesarias para recuperar el sentido de autoridad, lo que hoy está pasando la cuenta. El hecho de que esos mismos grupos políticos estén en el gobierno y llamados a controlar la violencia genera un espacio interesante para aplacar el fenómeno, fortaleciendo el consenso en torno a la disciplina y el orden necesarios en el espacio escolar.
«El principal acierto de las autoridades educativas está en haber abandonado la agenda refundacional que inspiró el programa de gobierno y que estaba muy alejada de las necesidades reales del sistema educativo. Ya no se habla con la misma fuerza del confuso ‘cambio de paradigma’, ni de eliminar las mediciones como el Simce»
¿En qué ha acertado y en qué se ha equivocado la actual administración y el Ministerio de Educación?
El principal acierto de las autoridades educativas está en haber abandonado la agenda refundacional del programa de gobierno, que estaba alejada de las necesidades reales del sistema educativo. Ya no se habla con la misma fuerza del confuso «cambio de paradigma» ni de eliminar las mediciones como el Simce. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de fijar prioridades en la política educativa ni de hacerse cargo de lo más urgente. La reactivación ha sido lenta, el debate legislativo ha estado capturado por grupos de presión que buscan su propio interés, y las escuelas carecen de la flexibilidad necesaria para centrarse en los aprendizajes y en el desarrollo de sus proyectos educativos.
¿Qué va a ocurrir con los SLEP?
Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son fruto de una reforma del 2017 que no consideró toda la evidencia disponible ni los efectos complejos anticipados durante el debate legislativo. Si bien la educación municipal necesitaba mejoras, tenía ventajas interesantes como una evidente descentralización en la gestión y la facilidad de identificar al alcalde como responsable. Los nuevos servicios locales implicaron un modelo más centralizado y menos flexible, creciendo el aparato estatal sin un proceso de modernización, lo que resultó en una gestión más pesada y burocrática. Se requieren modificaciones profundas al diseño de los SLEP, dando más autonomía a las escuelas y menos poder a los órganos centrales, con incentivos claros para que se enfoquen en los alumnos y sus aprendizajes.
¿Cuál es su opinión sobre la protesta «pro Palestina» en la Universidad de Chile y el manejo por parte de la rectoría?
La universidad debe ser un espacio pluralista donde prime la razón y no haya margen para la cancelación o la imposición de visiones únicas. Esto aplica a toda la comunidad académica, incluyendo a los alumnos, quienes deben actuar acorde a ese criterio básico. Es legítimo tener una posición sobre un conflicto que ha significado una gran pérdida de vidas humanas, pero las manifestaciones deben estar siempre en el marco del debate universitario. Cualquier captura que inhiba el debate racional es contraria a la esencia de la universidad.
¿Es la ocupación una forma válida de protesta?
Las instituciones de educación deben velar por proporcionar el mayor espacio a la libre expresión de todos los puntos de vista dentro de un marco de respeto irrestricto y reconocimiento de la dignidad de las personas. Cualquier acción que inhiba el pensamiento y el diálogo, que busque imponerse por la fuerza o arrogarse el derecho de determinar quién tiene la razón, es ilegítima.
¿Deberían las universidades tener protocolos para manifestaciones?
Todas las universidades tienen reglas internas de convivencia que resguardan la libertad académica, la libertad de opinión, el derecho a educarse y otros. Esas normas deben garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera que respeten estos principios fundamentales.