English version 
El Mercurio | Mayoría pide proteger patrimonio sin frenar progreso
Un nuevo sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas midió la opinión de los chilenos sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y el patrimonio.
Aunque el oficialismo se está enfrentando al Gobierno para frenar el proyecto que busca agilizar la «permisología», la opinión ciudadana muestra un interés por que la protección patrimonial y ambiental no termine retrasando proyectos prioritarios como hospitales, parques o líneas de metro.
Una encuesta del Instituto de Políticas Publicas (IPP) de la UNAB midió la valoración ciudadana en esta materia. Reveló, por ejemplo, que un 78% esperaría encontrar una solución intermedia para no retrasar proyectos en caso de hallazgo arqueológico. Eso sí, también manifiesta una posición más severa en materia de protección ambiental, donde un 61% cree que la detención de una obra está «muy justificada» si es para proteger a todo tipo de especies de flora y fauna nativa, mientras un 29% cree que se justifica solo en especies de alto valor ecológico o en extinción (ver infografía).
El sondeo consiste en un estudio cuantitativo no probabilístico, a través de un cuestionario autoadministrado dirigido a un panel online, a cargo de la empresa SCAN. Se aplico entre el 4 y el 23 de junio a mayores de 18 años de las 16 regiones del país, ponderados por sexo, edad, nivel educativo y posición política, obteniendo 1.576 respuestas con un error corregido por sesgo de autoselección al 7,74%.
Equilibrios y costos
La investigadora del IPP Trinidad Valdes resume que la posición ciudadana no ve el desarrollo económico y los estándares de protección como conceptos opuestos: «Las personas no tienen una percepción negativa de los permisos ni de los proyectos de inversión, aunque sí exigen una evaluación técnica rigurosa de los mismos y una mayor agilidad de las instituciones involucradas para otorgar las autorizaciones. Cualquier propuesta que no considere estos elementos será técnicamente inviable y tampoco tendrá apoyo ciudadano», dice.
El sondeo también profundiza en las consecuencias de la «permisología». Un 13% considera que, cuando un proyecto se detiene por razones ambientales o patrimoniales, el titular de la obra debe asumir los cos-
tos de dicho retraso. Un 16% cree que quien debe hacerse cargo es el Estado, con recursos públicos, y una mayoría del 37% cree que ambas partes deben cargar con dicho costo, según el tipo de causa o responsabilidad.
