El Mercurio | La huella del estallido: el largo impacto en empleo y ventas de las comunas más afectadas por violencia

¿Cómo impactaron los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social en el bienestar económico de las comunas de la Región Metropolitana?

Esta pregunta es la que buscó responder un nuevo estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello que se dio a conocer a poco más de cinco años del inicio de las movilizaciones de octubre de 2019.  

El informe analizó las denuncias realizadas en la plataforma SOSAFE, indicadores económicos obtenidos del Servicio de Impuestos Internos (SII) -como el número de empresas con actividad económica y las ventas afectas a IVA de las mismas- y datos de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), concluyendo que las consecuencias de la violencia en la actividad económica de las comunas afectadas en la capital no solo fueron inmediatas, sino que han perdurado hasta la actualidad.  

Para llegar a este diagnóstico, en primer lugar, el estudio separó las comunas de la Región Metropolitana en función del número total de reportes de violencia realizados en la plataforma SOSAFE durante el 11 y 24 de octubre de 2019, diferenciando entre aquellas que sufrieron mayor y menor número de agresiones. Posteriormente, se segmentaron las denuncias de SOSAFE por comuna, siendo Santiago (941), Maipú (598) y Ñuñoa (382) las con mayor número de episodios en la RM, mientras que las comunas rurales como El Monte, Talagante e Isla de Maipo fueron las menos violentadas, con 5 denuncias o menos cada una. 

Luego, los investigadores del Instituto UNAB de Políticas Públicas analizaron la evolución de las ventas afectas a IVA de las empresas de dichas zonas, la creación de nuevas empresas y nivel de empleo en ambos grupos de comunas, detectándose una persistencia a lo largo del tiempo de los impactos negativos en estos tres indicadores dentro de aquellas zonas más afectadas por los hechos delictivos. 

Así, el informe concluyó que -en primer lugar-, tras el estallido social, las empresas ubicadas en las comunas con mayores reportes de hitos violentos sufrieron una disminución de un 33% en su actividad económica en comparación a septiembre 2019, cifra más alta que el 26% experimentado en aquellas menos afectadas durante el mismo período. 

Asimismo, el análisis indagó en el nivel de ventas afectas a IVA de las empresas en ambos grupos comunales. El reporte del IPP UNAB consignó que, previo al 18 de octubre, estas ventas mostraban una tendencia similar en ambas categorías de comunas, sin embargo, después de las movilizaciones las que sufrieron más violencia experimentan una mayor caída en sus ventas y que -a diciembre 2023- las ventas de las empresas ubicadas en comunas de baja violencia subieron un 30%, pero en las comunas de alta violencia bajaron en un 5,5%. 

Por último, al comparar los niveles de empleo antes y después del estallido en las áreas de estudio, se observó una diferencia entre ambos grupos, aunque levemente menor al impacto en los índices de actividad económica y en las ventas afectas a IVA.

Así, las cifras arrojan que -a junio de 2024- los municipios que sufrieron bajos niveles de violencia han aumentado su nivel de empleo en un 7,5% respecto a septiembre 2019. En tanto, aquellas con alta violencia el incremento de puestos de trabajo ha sido de sólo un 3,6%. Es decir, las comunas que más sufrieron con la violencia mejoraron la mitad sus niveles de empleo en contraste con las que experimentaron menor incidentes y aún no han logrado igualar estos indicadores en comparación a los municipios con menor violencia. 

A modo de conclusión, el informe de la Universidad Andrés Bello consigna que las comunas que sufrieron alto niveles de violencia en el contexto del estallido social han visto una disminución persistente en su actividad económica y empleo, efectos que perduran hasta la actualidad. 

Para el subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, los resultados de esta investigación muestran “los efectos devastadores de la violencia en la calidad de vida de las personas. Más aún, los datos muestran que el impacto de la violencia es duradero y multidimensional: observamos caídas en el empleo, crecimiento y recaudación de impuestos varios años después del 18 de octubre de 2019. Se necesitarán muchos años para que los lugares más afectados por la violencia alcancen a las comunidades en que se mantuvo la ley y el orden durante el período de mayor conflicto social”. 

Por su parte, la economista e investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Sandra Bravo, ahonda en la importancia de impulsar políticas y planes intersectoriales para recuperar las zonas más afectadas. «Es fundamental que las políticas públicas adopten enfoques integrales que no solo aborden la seguridad desde el punto de vista policial, sino que también promuevan el desarrollo económico en las comunas con altos índices de violencia. Esto implica, por ejemplo, complementar medidas como la instalación de cámaras de seguridad y la adquisición de vehículos con la creación de incentivos para el emprendimiento local, el apoyo a programas de capacitación laboral y el fomento de inversiones en las zonas más afectadas. Estas acciones combinadas contribuyen a mejorar la cohesión social, creando un ciclo virtuoso de seguridad y bienestar económico», agrega. 

Revisa el informe IPP UNAB sobre la evaluación de las consecuencias económicas del estallido social