El Mercurio | Carta de Pablo Urquízar: teléfonos en las cárceles

En relación con el editorial de ayer titulado «Teléfonos en las cárceles«, quisiera complementar con cifras de Gendarmería de Chile que confirman lo señalado.

Entre 2014 y el primer semestre de 2025 se registraron 125.331 acciones asociadas a celulares en los recintos penitenciarios, comprendiendo hallazgos, ingresos e incautaciones.

Según la referida institución: de 3.626 casos en 2014 se pasó a 12.975 en 2024, un aumento superior al 257%. Esta tendencia confirma que las medidas de control implementadas no han logrado frenar el uso sostenido y estratégico de estos dispositivos por parte de la delincuencia y el crimen organizado intramuros.

En términos territoriales, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de acciones (28.955 ), seguida por El Maule (10.804 ), Los Lagos (10.154 ) y O’Higgins (9.512).

Tales cifras sugieren que la utilización de celulares no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino una práctica estructural distribuida en prácticamente todo el sistema penitenciario.

El teléfono celular opera como un medio de gestión criminal: permite mantener jerarquías, coordinar operaciones externas, ejercer coerción sobre víctimas y administrar economías ilícitas desde el encierro, convirtiendo las cárceles en nodos funcionales del crimen organizado.

Así, hay dos aspectos claros: primero, no hay duda que los teléfonos celulares se han consolidado como la principal herramienta de infraestructura operativa del delito en el contexto penitenciario de Chile. Segundo, el Estado no controla esa herramienta.

Pablo Urquízar M, académico de Facultad de Derecho y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB.