23 Abril 2025

El Mercurio | Aumento de extorsión reflejaría “vocación de control” del crimen organizado y alertan sobre importante alza en porte de armas

El nuevo Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello presentó el informe “Radiografía de la Seguridad Pública 2014-2024: desafíos a la luz del nuevo Ministerio de Seguridad Pública”.

La evolución de 10 delitos «vinculados al crimen organizado» en la última década analizó un estudio de la Universidad Andrés Bello (Unab), el que refleja el empeoramiento de la situación de seguridad en el país, marcado por la proliferación de bandas tanto locales como transnacionales, lo que se ha traducido en mayores índices de ocurrencia de estos ilícitos.

Se consideró, por el nuevo Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la casa de estudios, los delitos de homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias, robos con violencia o intimidación, porte de arma de fuego o explosivos, usurpaciones, porte de arma cortante y robo por sorpresa. Salvo en el caso de los dos últimos, en todos los delitos se registran alzas entre 2014 y 2024.

Pero uno de los casos que más llamó la atención, por el aumento en la frecuencia, se relaciona con las extorsiones. Al respecto, el estudio apunta a «un incremento sostenido», y detalla que «este delito, de muy baja prevalencia histórica, presenta un crecimiento que va de 4 casos en 2014 a 303 en 2024», y agrega que «la naturaleza de este delito, que implica coerción directa a través de amenazas, señala la emergencia de nuevas lógicas delictuales en las que la violencia adquiere una dimensión instrumental sostenida y planificada, típicamente observada en con-textos donde operan redes de crimen organizado con vocación de control social y económico».

Mas de 25 mil casos con armamento relacionado

En paralelo, el documento advierte que «se identifica un alza significativa en los delitos de porte de armas de fuego o explosivos, con un incremento del 62% en los casos reportados, que totalizan más de 25.600 en la década. Las regiones del sur y norte del país muestran crecimientos desproporcionados en esta materia, como Antofagasta y La Araucanía, donde se cuadruplican o duplican las cifras iniciales».

En cuanto a los secuestros, el estudio reporta que estos aumentaron en un 74% en la década, acumulando 3.649 casos entre 2014 y 2024. Con todo, se constata la reducción que se ha registrado en los últimos dos años.

También arroja un aumento de un 86% en los homicidios -excluyendo femicidios , pasando de 526 casos en 2014, a 980 el año pasado. No obstante, precisa que se consideran todos los casos policiales en tomo a este delito que reporta el Centro de Estudios y Análisis del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas, y no del Informe de Homicidios Consumados publicado este año, ya que es el primero que se elabora.

Sobre los resultados, el coordinador del observatorio, Pablo Urquízar, señala que «el análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile y, por tanto, un cambio en la amenaza delictual, que tiene como consecuencia la crisis de inseguridad que vive el país».

Observan escenario futuro «poco alentador»

Por su parte, el investigador de Libertad y Desarrollo Francisco Alcorta plantea que «los resultados del informe permiten proyectar un escenario poco alentador. Si no hay un cambio de rumbo en la política de seguridad, los incentivos para el crimen organizado seguirán intactos. Aunque no se pueda estimar con precisión la evolución de cada delito, sí se puede afirmar que la tendencia actual favorece la expansión del crimen organizado en Chile».

En cuanto al crecimiento de la extorsión, el experto sostiene que esta «se ha convertido en un mercado criminal altamente rentable, especialmente para organizaciones transnacionales que han traído nuevas formas de delinquir al país. Este fenómeno evidencia un cambio en el panorama delictual chileno, con delitos que no solo buscan el control territorial, sino también nuevas formas de captura económica».

En tanto, la ex directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional Francisca Werth advierte que se trata de una cifra que «parece explosiva en su aumento», pero que aún se mantiene en «rangos menores». Con todo, dice que el estudio «confirma la presencia de nuevas formas de cometer delitos, como la extorsiones, y a mí particularmente me preocupa el tema de las armas».

Seremi y delegado, un «diseño complejo»

A su vez, el análisis apunta a siete desafíos para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, entre los que destacan la inteligencia; un foco en crimen organizado y terrorismo, y la coordinación entre el delegado presidencial y los seremis de cada región.

Sobre lo anterior, el director del Instituto de Políticas Pública Unab -del cual depende el observatorio-, Raúl Figueroa, afirma que «la mirada sistémica es fundamental para facilitar la instalación eficaz de la nueva institucionalidad, lo que tiene directa relación con la conducción política de la materia que le corresponde al ministerio y la coordinación y ejecución del sistema de seguridad pública. Entender esto como un asunto de Estado es lo que hace gran parte de la diferencia, lo que implica un esfuerzo por evitar a toda costa la politización de la seguridad publica».

Al respecto, Werth comenta que en lo que resta de esta administración los resultados del ministerio a cargo de Luis Cordero estarán «acotados a la implementación», y que los frutos de su trabajo se verían «en un próximo gobierno, si no es en un subsiguiente».

Aunque, añade, es central la coordinación que se logre entre autoridades regionales: «Creo que es un diseño complejo el dejar al seremi y al delegado, pues las dos figuras generan una dificultad adicional de coordinación territorial y local que es finalmente donde se juega el partido».