El Mercurio | Atentado en Victoria reabre debate por Ley Antiterrorista

«Es un acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda«, aseguro anoche el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre la emboscada con armamento de grueso calibre que el fin de semana dejó a un trabajador muerto y a otro herido de gravedad en un predio de la empresa CMPC en Victoria, Región de La Araucanía, el hecho de violencia más grave en la macrozona sur en el ultimo año y medio.

El propio Cordero confirmó que el Gobierno presentó una querella para perseguir a los responsables, pero no por Ley Antiterrorista -como reclaman expertos en el tema-, sino contra una «asociación criminal que cometió un homicidio calificado«.

Según el secretario de Estado, «antecedentes para (calificar lo sucedido como) terrorismo forman parte de la investigación y lo vamos a ver (a futuro)«.

Cordero planteo que en La Araucanía «se cometen actos terroristas», y que en eso el Ejecutivo «ha sido bastante claro», pues «cada vez que tenemos antecedentes para activarla (la ley), por cierto lo hemos hecho». No obstante, insistió, «para no confundir a la población», en que el Ejecutivo «se ha querellado por asociación criminal con homicidio calificado».

«El sentido común no influye en la calificación jurídica»

Más temprano, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, había planteado que una eventual calificación de delito terrorista se discutirá cuando «hayamos reunido elementos de prueba y que tengamos identificadas a las personas para hacer la imputación». Y ante la insistencia de la prensa, respondió: «Lo que uno puede calificar desde el sentido común no influye en la calificación jurídica que debemos efectuar, porque la ley define ciertos requisitos«.

En sus redes sociales, en tanto, la directora regional del Trabajo de La Araucanía, Carolina Ojeda, anunció que fiscalizaran las causas del «accidente fatal» en Victoria. Y el presidente de la DC y excopresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, senador Francisco Huenchumilla, manifestó en TVN que «hay un prejuicio, que todo lo que pasa acá (en La Araucanía) es terrorismo«.

En este contexto, expertos en seguridad debaten si el Gobierno debió invocar de inmediato la Ley Antiterrorista.

Para el exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, Felipe Harboe, «es evidente el móvil terrorista del ataque: no robaron nada, no buscaron afectar propiedades en general, sino que causar temor y terror y terminaron matando a un trabajador». Argumento que «si el móvil terrorista es evidente, el Gobierno debe interponer la acción por la ley de conductas terroristas, la que hoy tiene herramientas adicionales y ya no es un problema para los fiscales«. Agregó que «por el contrario, puede facilitar la investigación».

Resaltó que «en este caso, no cabe ningún tipo de prejuicio ideológico y es evidente que aquí hay una acción terrorista y tiene que ser perseguida como tal, cualquiera sea la autoridad que esté a cargo«.

Harboe descartó que se necesite una eventual reivindicación de grupos radicalizados para calificar lo ocurrido como un acto terrorista. «Si siguiéramos esa tesis, muchos atentados no habrían sido ataques terroristas, porque no los reivindicó nadie».

A juicio del exfiscal regional de La Araucanía y vicedecano de Derecho de la U. Autónoma, Francisco Ljubetic, «los elementos que concurren en este delito, van en esa dirección (la acción terrorista)». Detalló que «en primer lugar, esta la función que cumplían las víctimas, que guardan relación con una de las actividades mas atacadas, que es la forestal; como segundo aspecto, el sector, un zona que ha sido marcada por hechos de violencia; y como tercer punto esta presente lo que la nueva Ley Antiterrorista establece como los fines tanto de una asociación terrorista como de personas naturales que buscan imponer ciertas decisiones a la autoridad».

El académico Alejandro Leiva, autor del libro «Terrorismo en Chile», opino que «no es posible abstraerse, en casos como este, de la finalidad terrorista, por el lugar en que se ejecuta el hecho». Enfatizó que «hay una verdad jurídica que se ha impuesto en esa zona, en cuanto a que existen grupos armados y organizados que atacan ciertos focos que tienen un  denominador común, con el objetivo de socavar las bases de la institucionalidad y asegurar control territorial«.

Contratistas vuelven a recurrir ante la OIT

La Asociación de Contratistas Forestales, en tanto, presentó un nuevo requerimiento ante la Organización Internacional del Trabajo «para que inste al Estado de Chile a adoptar medidas concretas y urgentes» para garantizar «un entorno laboral seguro» y crear «un sistema nacional de seguridad en el trabajo».

Urquízar plantea razones que vincularían a Resistencia Mapuche Malleco con ataque

Cinco razones permitirían vincular el homicidio del guardia forestal Manuel León, emboscado y atacado a disparos junto a un compañero de labores la noche del sábado al norte de La Araucanía, con las acciones del grupo delictual Resistencia Mapuche Malleco (RMM), señalado como el brazo armado de la comunidad de Temucuicui. Así lo sostiene el excoordinador de seguridad de la macrozona sur Pablo Urquízar, actual coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la U. Andrés Bello.

El abogado plantea, en primer lugar, que la zona de Victoria «es el núcleo de acción» de RMM. «De los 53 atentados que se ha adjudicado en tres años de estado de excepción, 24 han sido en esa comuna», recalca.

Como segundo aspecto, señala que RMM es el único grupo que aumento sus acciones durante la medida excepcional: «A diferencia de otras orgánicas de la macrozona sur, intensifico su poder destructivo en 179%«.

Un tercer elemento que plantea es que «el ataque armado fue dirigido en contra de guardias forestales de la empresa CMPC, que es un objetivo históricamente hostigado por la RMM».

El cuarto punto es el modo de operar. «La emboscada se realizó con armamento de grueso calibre y despliegue paramilitar, lo que es un nivel de violencia y preparación que solo la RMM ha demostrado tener«, enfatiza el experto.

El quinto factor es «territorial e histórico», a juicio de Urquízar, ya que «la RMM carga con un historial de ataques de alta letalidad, que incluye homicidios, quema de escuelas, de iglesias, de centros de salud y graves afectaciones a la propiedad«, en un espacio natural de operaciones que también abarca Ercilla y Collipulli.