El Mercurio | Académico de Derecho César Vargas comenta las consecuencias del comercio ilegal

El avance del comercio ilegal en distintas ciudades del país —reflejado en ferias informales, venta callejera y productos sin certificación— ha reactivado el debate sobre sus impactos económicos y sociales. En este contexto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), César Vargas, analizó en El Mercurio los principales riesgos que enfrentan los consumidores al adquirir productos en este tipo de mercados.

Según explicó el especialista, uno de los aspectos más relevantes dice relación con la ausencia de protección legal para quienes compran en el comercio informal. En términos de garantía, advirtió que “al comprar en este mercado irregular, no habrá respaldo del pago del impuestos al valor agregado, pero a su vez, el comprador no puede ejercer la garantía legal”, lo que implica que no podrá acceder a la devolución del dinero, cambio o reparación del producto en caso de fallas.

En esa misma línea, enfatizó que la inexistencia de un proveedor formal limita completamente la posibilidad de reclamo. Esto se debe a que no hay una empresa establecida frente a la cual hacer valer los derechos del consumidor, a diferencia de lo que ocurre en el comercio regulado.

Otro de los elementos abordados por el académico es la calidad y seguridad de los productos. Al respecto, señaló que aquellos bienes comercializados en circuitos informales “pueden ser falsificados, defectuosos, no contar con certificaciones de seguridad, y carecer de etiquetado de información básica”, lo que aumenta los riesgos para la salud y seguridad de las personas.

Además, Vargas advirtió sobre posibles consecuencias legales en escenarios más complejos. En casos donde se logre acreditar el origen ilícito de los productos, los compradores podrían eventualmente verse involucrados en investigaciones de carácter penal. Asimismo, indicó que si el consumidor adquiere conscientemente un producto falsificado, reduce considerablemente sus posibilidades de reclamo, al exponerse voluntariamente a un mercado sin regulación.

Respecto a los mecanismos de denuncia, el académico explicó que quienes detecten situaciones de comercio ilegal pueden acudir a distintas instituciones, entre ellas los municipios, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI). Estas entidades, señaló, desarrollan acciones de fiscalización, incautación de productos y monitoreo del mercado para enfrentar este fenómeno.

El análisis releva la importancia de comprender el comercio ilegal no solo como una problemática económica, sino también como un desafío en materia de protección al consumidor, seguridad y cumplimiento normativo. En este contexto, el aporte académico permite visibilizar los riesgos asociados y contribuir a una toma de decisiones informada por parte de la ciudadanía.