El Llanquihue | Droga en cárceles de Los Lagos se dispara 3.586%

Mientras a nivel nacional las incautaciones de droga en las cárceles crecieron un 1.205 % en 10 años, en la Región de Los Lagos la cifra se disparó un 3.586 % en el mismo período. Este dato, revelado por un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit), confirmaría que los penales de la zona son un foco para el crimen organizado y el narcotráfico, muy superior al del resto del país.

Pablo Urquízar, coordinador del Ocrit, enfatizo la gravedad de la situación, expuesta por la «Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015 2024»: «Si uno analiza las incautaciones de drogas propiamente tal, la media nacional se incrementa exponencialmente un 1.205 % entre 2015 y 2024, lo cual evidentemente es muy alto. Sin embargo, cuando uno analiza específicamente la Región de Los Lagos, el incremento es de un 3.586%. Es decir, muy por sobre la media nacional, que ya es muy alta». Este salto, que va de apenas 14 incautaciones en 2015 a 516 en 2024, posiciona al Complejo Penitenciario de Puerto Montt como el séptimo centro penitenciario con más incautaciones de droga a nivel nacional, concentrando el 4,13% del total de decomisos del país.

Urquízar advierte que este fenómeno está intrínsecamente ligado a una peligrosa «tríada» de control territorial criminal. «Esa combinación que hoy existe entre sobrepoblación, corrupción, falta de segregación, abandono y una serie de ilícitos delictivos que forman una tríada entre violencia, corrupción y también mercados ilícitos, es la mezcla perfecta que dio origen al Tren de Aragua y para la cual hoy existe terreno fértil que permite su propagación por el país entero y, por supuesto, en las regiones«.

CORRUPCIÓN SISTEMATICA

El coordinador del Ocrit fue categórico al señalar que un aumento de tal magnitud en las incautaciones de droga no es posible sin complicidad: «Para que exista un 3.586 % de aumento en las incautaciones de droga, tiene que haber corrupción en la región. No es posible tener ese nivel de incautaciones sin corrupción«. Agregó que esto «da cuenta de una necesaria falta de control del Estado respecto a lo que está ocurriendo en las cárceles y, por lo tanto, de un control territorial interno que no es legal, sino criminal». Además, Urquízar recordó la importancia de la «cifra negra»: «Lo que uno tiene que preguntarse no es sólo lo oficial, sino aquella cifra negra no denunciada que ocurre todos los días, las 24 horas, en las cárceles de Chile, especialmente en la Región de Los Lagos«.

La región alberga hoy a 2.534 personas privadas de libertad y enfrenta un nivel de sobreocupación del 109 %. Este hacinamiento, sumado a la corrupción y la falta de segregación, crea un «terreno fértil» para la propagación del crimen organizado.

Pablo Urquízar alertó sobre la presencia oficial del Tren de Aragua en la región, una organización criminal que nació y se expandió desde cárceles venezolanas.

«Su modo de operar es controlar la cárcel para luego extender su poder en el resto del territorio», explicó. Los incrementos en incautaciones de droga, agresiones, amenazas, extorsiones y sobornos en Los Lagos constituyen, según Urquízar, «una mezcla perfecta para que el Tren de Aragua materialice todos sus ilícitos y su modus operandi dentro de las cárceles, no sólo a nivel nacional, sino que especialmente en la Región de Los Lagos«.

El panorama en Los Lagos va más allá del narcotráfico. El informe detalla un aumento del 160% en las agresiones a internos, pasando de 196 casos en 2015 a 509 en 2024, una cifra cuatro veces superior al promedio nacional. La cárcel de Puerto Montt figura como la sexta a nivel nacional en esta categoría.

Las amenazas también se han disparado un 500% en la década, aunque partiendo de una base de cero, alcanzando 12 casos en 2024. Además, Puerto Montt es el tercer centro con mas casos de sobornos en Chile, representando el 6,9 % del total nacional, y ha visto un aumento del 100% en el último año. Incluso los homicidios en la región, que sumaron 21 en la década, mostraron un preocupante aumento del 200% entre 2023 y 2024, pasando de 1 a 3 casos.

PROBLEMA TRANSNACIONAL

Urquízar subrayó que este no es sólo un problema local: «Cuando hablamos de las cárceles de la Región de Los Lagos con estas cifras, no sólo estamos hablando de un problema regional o nacional, sino de un problema transnacional, porque se conjuntan los elementos propios del control territorial que ejercen las organizaciones criminales transnacionales en las cárceles».

Para revertir esta alarmante tendencia, el informe propone una serie de desafíos urgentes para la institucionalidad penitenciaria.

Urquízar señaló que los elementos clave para el control territorial criminal son «la corrupción, la violencia, los mercados ilícitos, la indebida segregación y también el hacinamiento. Por lo tanto, ahí están los cinco factores que producen el control territorial por parte de la organización criminal extranjera».

Entre las medidas más urgentes, Urquízar destacó la siguiente: «La más urgente, a mi juicio, es la inteligencia penitenciaria. Se tiene que fortalecer, dotar de más personal, de más tecnología y también de más facultades que permitan la contrainteligencia, de manera tal que se pueda tener definitivamente el control completo de las cárceles por parte del Estado». Añadió que también es crucial proteger a los gendarmes y sus familias de las amenazas criminales, mejorar la segregación de los reos para evitar el «contagio criminógeno» e implementar procedimientos permanentes de inspección y tecnología avanzada para cortar el flujo de drogas y bienes prohibidos.

Si el Estado chileno no interviene de manera decisiva y urgente, las consecuencias podrían ser catastróficas. «Cuando el Estado no ocupa los territorios, los ocupa la organización criminal respectiva. Y cuando eso ocurre, quien impone la ley es la organización criminal», advirtió Urquízar. «Por lo tanto, si el Estado no está, el crimen organizado va a avanzar sustantivamente, controlando ya no sólo el exterior, sino también el interior, lo cual es evidentemente una complejidad muy grande desde la perspectiva del estado de derecho, la democracia y nuestros derechos y libertades fundamentales».

El Llanquihue contactó a la dirección regional de Gendarmería, sin embargo, al cierre de esta edición no respondieron nuestras consultas.

Asimismo, se le entregó un cuestionario al seremi de Justicia, Cristóbal Fuenzalida, quien se excuso de responder las consultas de este Diario, puesto que el informe de la Ocrit «no ha sido analizado por las instancias formales del Ministerio de Justicia y DD.HH».