Egresados UNAB expusieron en Webinar Cambios de Paradigma en Intervenciones SocioJurídicas
Los relatores expusieron sobre la obligación que tienen los profesionales de formarse en su campo y en de otras áreas, para manejar los mismos conceptos e intervenir de forma adecuada tanto en el sector público como privado.
Javier Barria, doctor en Psicoterapia y Etiología Clínica, psicólogo clínico y trabajador social, fue el moderador del Webinar Cambios de Paradigma en Intervenciones SocioJurídicas, y quien además expuso sobre los Cambios de Paradigma en Intervención Social.
Según explicó Barria, los cambios de paradigma que se están produciendo en las intervenciones psicosociales o psico-socio-jurídicas son una realidad invisibilizada a pesar de la gran cantidad de profesionales que trabajan en instituciones como el Servicio Nacional de Menores (Sename)
El académico explicó que para hablar de este cambio de paradigma lo primero es considerar que los profesionales trabajan en duplas compuestas, por ejemplo, por psicólogos y trabajadores sociales, eso implica que el trabajo es particular y que en algunos casos se hace difícil distinguir cuál es la barrera de ambos profesionales y su área de desempeño.
Algo similar ocurre en el proceso judicial, en Chile para que una familia o niño puedan ser atendido tiene que ser judicializado, implica que tiene que haber una causa legal o jurídica que active el dispositivo o servicios que entrega el Estado. Desde ahí la intervención que se realiza es básicamente psicológica, por ejemplo, facilitar que el niño se incorpore a la escuela, entregar apoyo a los padres, además del sistema de seguimiento de los casos, ese conocido peritaje psicológico y social es parte de un servicio altamente especializado, aplicado en programas de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, o programa para infractores de ley.
Barria indicó que hace años se detectó la necesidad que los profesionales cuenten con conocimientos en distintas áreas; asistentes sociales formados en terapias comunitarias como la Terapia Familiar Sistémica o la Terapia Narrativa y contar con conocimiento avanzado de las pericias y otras herramientas. En el caso del psicólogo que tenga noción del sistema judicial y de peritaje para poder intervenir con las familias, los niños y niñas.
Lo anterior obliga a que los profesionales tengan una formación adecuada para intervenir, un ejemplo de esto son las áreas en las que se desempeñan los egresados de UNAB, quienes explicaron las implicancias y ventajas de una especialización detallada del campo.
Rodrigo Morales Jimenez. Trabajador Social y magíster en Intervención Socio-Jurídica en Familia, con un postítulo en Mediación Mención Familia, Escolar y Comunitaria expuso el tema: Trabajo Social y su ejercicio clínico en contexto socio-jurídico.
Actualmente Morales trabaja en un programa de libertad vigilada de la Corporación Opción, donde es coordinador técnico y desde donde expuso sobre la importancia del cambio de paradigma que se están generando en la actualidad.
Para el trabajador social una de las mayores complejidades es la necesidad de la terapia, divididas entre las son de orden privada (asistencia por elección o porque requieren), y por otro lado la terapia en el espacio público, conocido como el contexto socio jurídico. Es el último el que trae consigo los mayores desafíos al tratarse de un contexto obligado para el usuario, donde existe una ley que demanda la intervención de un equipo profesional que obliga a las personas a participar de un proceso terapéutico.
Morales detalló que en esa relación “terapéutica vincular” que se da por ejemplo en el Sename, aparecen tensiones éticas que enmarcan esta relación terapéutica, principalmente los valores institucionales, la política pública en general, los valores disciplinares y personales, mediados por la historia de cada profesional. Todo lo anterior se entrelaza dentro de una complejidad que además incorpora el factor tiempo, el establecimiento de metas de orden institucional.
La mayor dificultad que se presenta en ese espacio tiene relación la voluntariedad de participar de los procesos terapéuticos. El trabajo social clínico ha cobrado potencia en el último, acá se habla de un ejercicio pleno del trabajo social que involucra especialización, la que debe ir en la línea de un proceso psicoterapéutico de orden relacional.
Indicó que los terapeutas que están en el mundo socio-jurídico han aplicado nuevas formas como realzar el uso del lenguaje y el desarrollo de equipos de reflexión, creando instancias como el invitar a otros a participar de las reflexiones; llamar a las familias a ser parte de los encuentros donde se discuten los casos, por lo que han dejado de guardar el conocimiento y lo han puesto a disposición para hacerlo público, entendiéndose en una relación con otro.
“Cuando generas conversación generas posibilidades, y al generar posibilidades, como hacerlo público, el estar con, más que un elemento relacional es una posición filosófica”, señaló Morales, quien detalló que lo anterior es hacer una creación colectiva conversando con redes para desarrollar un proceso dialógico, que no sea un análisis etiquetador, ya que hay personas que renuncian a los procesos terapéuticos porque se sienten ajenos.
Por lo anterior Morales invitó a reflexionar sobre cuáles son los marcos teóricos con los que los terapeutas ven a las personas con las que trabajan, y cómo esos marcos teóricos ayudan a las personas a que se definan así mismas. “El mundo socio-jurídico y el camino de lo judicial es muy distinto al camino de lo psico-social, y hacer converger esas dos esferas es muy complejo para el profesional y también se traduce en una tensión ética importante”, agregó que por esto es importante relevar el conocimiento común de las personas, el conocimiento local arraigado en las familias, y a generar una disolución de las tensiones éticas de manera colaborativa.
El siguiente expositor y también egresado de UNAB fue Josue Ormazabal Morales, licenciado en Derecho. Magíster en Intervención Socio-Jurídica en Familia, quien se ha desempeñado en el sector privado y en la asistencia judicial especializada en temas de familia, como abogado asesor en temas vinculados al maltrato infantil.
Ormazabal expuso sobre los “Desafíos de la intervención socio jurídica en sistemas familiares”, presentación en la que coincidió en las tensiones que existen en el ámbito de la intervención familiar socio-jurídica en la actualidad. Una de esas tensiones dice relación a cómo dialogar entre las distintas disciplinas que están llamadas a formar equipo para la intervención en caso de conflictos familiares, que muchas veces revisten hechos de alta complejidad.
El abogado destacó el trabajo de quienes se especializan en casos de vulneración de derechos de niños y niñas, de maltrato infantil y de violencia intrafamiliar, puntos para hablar de los derechos de la infancia. Para esto lo principal es vencer las barreras formativas, inundadas de concepto y terminologías, ese es uno de los desafíos principales para formar equipos de trabajo que dialoguen en un lenguaje común y que, sumando las competencias de las distintas especialidades, puedan dar un abordaje que conlleve a una solución integral al caso que se está tratando resolver.
Ormazabal explicó que la Convención de los Derechos del Niño está regulada en un estatuto internacional de contenido humanitario, por tanto, esta rama especial del derecho implica que su abordaje requiere de competencias que son distintas a las que se requiere a una litigación de otras materias.
Indicó que en esta convención de los derechos del niño parecieran un espejo de lo conocido en el derecho como cartas constitucionales o derechos inalienables para todo ser humano, es decir que estos tratados internacionales que han generado es una especie de catálogo de derechos para un determinado público que, en este caso, sería el sector de la niñez e infancia, y que entrega garantías como la alimentación o la educación. Lo anterior con el objetivo de influir en los derechos internos de los distintos estados, para proponer la reformulación de los derechos internos de manera tal que puedan elevar el nivel de garantías que le están dando actualmente a ese sector de la población.
La aplicación de esos derechos ratificados por el país trae consigo desafíos profesionales importantes para poder recurrir a ellos y hacer uso de esas herramientas en medio de los procesos judiciales. “Los tribunales tienen un rol de mantener la paz social a través de la contribución y la búsqueda de soluciones a los conflictos que se produzcan entre las personas. Desde esa perspectiva, si en el derecho y en la intervención familiar del área psicosocial no se produjera, este diálogo interdisciplinario las probabilidades de que nuestra labor resulte eficiente en la búsqueda de las soluciones sería bastante bajas”, señaló el abogado.
Para Ormazabal hay ciertos términos hegemónicos que obstaculizan los procesos y la mirada más actualizada, sin embargo se ha presentado una continua evolución en los procesos, cómo son tratados: “es el esfuerzo que se han hecho en el último tiempo en los tratados y normas jurídicas en general de erradicar la expresión menor como significativo de niños, niñas o adolescentes, pues ahí hay una serie de representaciones valóricas que justificaban una forma de relacionarse con los problemas de la infancia, que dio pie a situaciones de lamentable abuso durante muchas décadas”, agregó
También resaltó la importancia práctica narrativa; el diálogo y el valor del relato “entender la vida como un relato que es posible reescribirlo y que quienes intervenimos en el área de conflicto familiar debemos facilitar a los protagonistas de esta historia reescribir y reasignar nuevos significados a los episodios vivenciados”.
Nuevas tendencias que todo profesional, tanto del área socio-jurídica como los interventores en procedimientos judiciales, deben tener conocimiento y usar como herramienta para poder ampliar las posibilidades de generar nuevas y más creativas funciones que eleven los niveles de humanidad, de colaboración a la hora de sugerir una determinada medida para implementar.