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Tras los anuncios de transformaciones que realizará la administración Piñera en el Sename, la académica Pamela Soto, directora de Psicología UNAB vespertino y experta en infancia, analiza los aspectos de continuidad del gobierno anterior en esta propuesta y el impacto de dichos cambios. Revisa aquí su columna Nuevo gobierno ¿nuevas políticas de Infancia?, publicada hoy en Voces, el blog de opinión de Diario La Tercera.

Nuevo gobierno ¿nuevas políticas de Infancia?

Apenas asumido como Presidente de Chile, Sebastián Piñera ha decidido que uno de los temas claves de su gobierno será la transformación del sistema de atención a la infancia vulnerada en sus derechos y de los jóvenes infractores, denominando a este proyecto Gran Acuerdo Nacional por la Infancia. Esta podría ser una muy buena noticia, sino fuera porque es una promesa que han hecho todos los Presidentes desde la llegada de la democracia, a fines del siglo pasado, y que, a juzgar por las escandalosas cifras de muertes, revictimización y maltrato en los programas en el sistema administrativo de protección de derechos y responsabilidad penal adolescente, es claramente una promesa incumplida.

En estos casi 30 años, el Consejo Nacional de la Infancia del gobierno de Michelle Bachelet –en un proceso bastante criticado por su formulación poco participativa y que obvió la deliberación democrática necesaria en estos temas– fue quizás el que llegó más allá, presentando una serie de proyectos legislativos que venían a abordar algunas de las principales falencias en esta área. Sin embargo, como suele suceder en los temas de infancia, la voluntad política no alcanzó para darles la urgencia necesaria, ni aun ante la develación de la grave situación de niños y niñas ingresados al sistema del Sename.

De los siete proyectos presentados, sólo tres alcanzaron a ser promulgados como Ley de la República: el Proyecto de Ley que tipifica el delito de maltrato de menores y otras personas vulnerables, el Proyecto de Ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales y el muy esperado Proyecto de Ley que crea la Defensoría de la Niñez. Quedaron esperando en el Parlamento las que son las iniciativas más relevantes en términos del cambio estructural que requiere el sistema: el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, el Proyecto de Ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y el nuevo Servicio de Protección Especial.

En este sentido, uno podría interpretar varios de los puntos propuestos por Sebastián Piñera, como una mera continuidad de lo que se venía desarrollando y una rúbrica sobre proyectos que están ya con los trámites iniciados. En un planteamiento muy general agrega aspectos de infraestructura, control de gestión y evaluación que, sin duda, en cualquier política pública de esta envergadura deben ser precisos y eficientes; así como sistemas de alerta temprana, apoyo a rezago educacional y el foco en la primera infancia, que han sido también objeto de iniciativas previas.

La gran novedad que nos trae Sebastián Piñera en la Política de Infancia tendrá su manifestación principal, en dos aspectos controversiales y centrales para la forma en que se abordarán las transformaciones: el primero, relacionado con los temas ideológicos y de derechos –mal llamados temas “valóricos” – y el segundo, con el financiamiento de las propuestas.

En cuanto al primer aspecto, el cambio –en apariencia nominal– de la Subsecretaría de la Niñez en la Subsecretaría de la Familia e Infancia, necesariamente abrirá la pregunta por el estatuto de sujeto de derecho del niño y la niña, más allá de la familia y la cuestión del rol del Estado y la responsabilidad social frente a la protección de ellos y ellas. En el mismo sentido, se espera un debate respecto a la ideología de la familia que estará a la base del diseño de las políticas públicas –si dicha subsecretaría llega a concretarse– y, en definitiva, a qué tipo de familia se apelará. Seguramente, lo mismo sucederá con la incorporación de cambios a la Ley de Adopción, que tendrá su punto más crítico, en el debate acerca de si se incorpora o no, la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo.

En cuanto al segundo aspecto, la propuesta del actual Presidente, en consonancia con el modelo de desarrollo que defiende, olvida la necesidad de debatir sobre el financiamiento de estas iniciativas y en especial, omite que gran parte de los problemas relacionados con el diseño de intervención y las precarias condiciones de trabajo e infraestructura, están relacionados con los sistemas de subvención. No basta aumentar significativamente la subvención que reciben las instituciones colaboradoras. La subvención misma debería ponerse en tela de juicio, si se quiere abordar con un nuevo sentido de responsabilidad política la situación que viven los niños y niñas en nuestro país. Del mismo modo, si la política de infancia sigue operando de manera focalizada y dirigida sólo a un sector de la infancia (los “menores”) no podrá resolver temas asociados con la estigmatización y la reproducción de la violencia en los sectores excluidos.

En resumen, aún queda bastante camino por andar para llegar verdaderamente a un gran acuerdo nacional. Ese camino requerirá voluntad política, recursos y la participación de la sociedad para garantizar un verdadero consenso democrático que no eluda los debates de fondo para pensar en una mejor sociedad para todos los niños y niñas de nuestro país.

Pamela Soto
Directora de carrera Psicología vespertino
Universidad Andrés Bello

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